Ciertos dirigentes políticos abandonan sus retiros agosteños puntualmente para unirse a causas que sólo les importan en momentos de suma crisis, tan sólo, pienso, por el beneficio que supone la audiencia gratuita. En ello, aprovechan siempre para culpar y pedir dimisiones a unos y a otros, como de costumbre, a ver si cae la breva. Bajo la solución perfecta que supone depurar responsabilidades, me pregunto si alguno de estos magnos líderes se ha preguntado si cabe depurar las aguas que se vierten comúnmente a nuestro Mar Menor.
Con más detalle, me refiero a las aguas que vienen desde municipios como los de Torre Pacheco, de donde soy oriundo, y Los Alcázares. Antaño, en aquella época a la que llamo “la de los gominas” (no creo necesario detallar el porqué), a los primeros ediles de estos lugares (Daniel García Madrid, del PP, y Juan Escudero, del PSOE, respectivamente), junto a sus consiguientes concejales de urbanismo y similar, se les ocurrió la idea de unificar las redes de saneamiento y las redes de alcantarillado bajo una sola. De este modo, no se distinguiría entre agua de lluvia y agua de consumo humano.
Así, cuando se produjeran excesos de agua en la depuradora, el agua se vertería a las ramblas de manera indiscriminada y, por supuesto, mezclada. Si bien es cierto que la gestión de estas depuradoras es autonómica, quienes dan las órdenes de acción y dictan sentencia son los consistorios. También en la Comarca del Mar Menor vemos ejemplos contrarios que funcionan de manera más eficiente: San Javier y San Pedro del Pinatar sí cuentan con una doble red de saneamiento. Quizás, y sólo quizás, los nuevos fondos de Europa pudieran ayudar a reemplazar las redes unificadas, pero tal vez nuestros dirigentes prefieran gritar y alegar cuestiones electoralistas y partidistas antes que ofrecer una solución.
Ahora bien, que estos vertidos lleguen o no al Mar Menor dependen exclusivamente de la CHS, la Comunidad Hidrográfica del Segura, cuyo método de funcionamiento es un vox populi y donde no vendría mal una auditoría. En este contexto, los vertidos de las ramblas deben ir a los emisarios de agua de la CHS, que son escasos e ineficaces, yendo al mar, porque el agua no tiene otra vía. Me pregunto otra cuestión: si la CHS detecta regadíos ilegales, ¿por qué no actúa instantáneamente y elimina el suministro de agua a tales tierras?
Habiendo consultado a conocedores de esta materia previamente, me permito poder narrar cuestiones como la de los acuíferos, que desde la DANA de 2019 han aumentado su nivel freático casi sin precedentes. Conjugando agua de lluvia y otras sustancia a su paso por el subsuelo de los territorios costeros, acumulan metales pesados que provienen, esencialmente, de dos fuentes: la agricultura de hace tres décadas (no la actual, pese al intento de muchos de pensar que sí es así) y la minería.
Cuando estas aguas llegan al mar, llegan en un estado de agua dulce, pues los filtros subterráneos acaban por eliminar la salinidad de la misma. Es por ello que germinan obas y vemos el color verde característico en algunas zonas, y el agua se vuelve turbia por este exceso de fitoplancton.
Junto a los metales pesados, los nitratos también son protagonistas en esta función. Procedentes de la minería, pero también de los productos de higiene y limpieza que se emplean en el hogar, acaban en el mar cuando las depuradoras están al 100% de su capacidad.
Para finalizar, y demostrando que los consistorios son más responsables de lo que creemos, hablemos de las golas. En 1987, el nivel de las golas era tal que difícilmente se hacía pie, mientras que ahora apenas llega el agua al tobillo. Cabe comentar, pues quizás sea un dato significativo, que a partir de 1988 el Ayuntamiento de Los Alcázares comenzó a crear las playas artificiales que hoy bañan la costa del municipio. Esa “arena” no era traída del Caribe, pese a su tonalidad, sino de las canteras de La Unión o del Cabezo Gordo. Tras el curso de los años, se ha acumulado y ha dado lugar a esta situación.
Desatascar las golas es una necesidad en este momento para volver a recuperar el estado medioambiental y paisajístico que el Mar Menor tenía hasta la década de 1980. Asimismo, los fangos deben ser retirados (algunos consistorios lo han hecho recientemente ante la inacción de otras administraciones) y extraer de la laguna todo aquello que trajo consigo la DANA en 2019. Esto último es competencia única de la Dirección General de Costas, pues la competencia autonómica apenas cubre los primeros metros de la orilla. La oxigenación por medios naturales (nacras, medusas) es importante también.
Tras contemplar este punto de vista, no puedo más que remitirme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental, que no deja de ser más que un reflejo del Derecho Ambiental: quien contamina paga. Este principio es esencial para orientar respuestas y soluciones, pero sabiendo quiénes contaminan realmente y quiénes son los que pagan sus consecuencias.
Deil Wright nos ilustró numerosas categorías de relaciones intergubernamentales, de relaciones entre los distintos niveles de gobierno, mediante su metáfora de los estratos geológicos. La situación actual me recuerda al federalismo conflictivo, que férreamente define sus límites y esferas, creando dicotomías basadas en la exclusividad y en el enfrentamiento. Son similares el federalismo competitivo, que genera tensión y desacuerdo, y el contractivo, que es agresivo, pero todas ellas son fórmulas que se remontan al siglo pasado.
Pese a que los ciudadanos demandamos soluciones, nuestras administraciones, nuestros gobernantes, incapaces de lograr acuerdos de cooperación (apoyo mutuo en contextos de crisis) o creatividad (florecen los objetivos nacionales), engendran y transmiten a la sociedad un enfrentamiento innecesario que sirve de coartada para que el Mar Menor continúe muriendo. Tras la reunión mantenida entre la vicepresidenta Ribera y el presidente autonómico Miras, se vislumbra levemente un nimio halo de esperanza para la colaboración entre administraciones, que no debe llevarnos más que al éxito de la ciencia y la buena política mediante la mejor de las conjugaciones.
Al cabo, estimado lector, mis palabras no son más que un deseo que se ha perdido junto a otros tantos en los últimos años. No puedo evitar contemplar el tóxico estado de las relaciones intergubernamentales entre los tres niveles de administración (ayuntamientos, CARM y gobierno central) y el uso partidista constante de nuestro tesoro natural. Qué triste es ver morir un trozo de todos nosotros, que crecimos mirando al mar.
Gracias por su atención.
