MURCIA. Acudieron a Cartagena, dispuestos a declarar, pero se vuelven sin hacerlo. Y no por su culpa precisamente. La comparecencia de cinco testigos de Ciudadanos por el caso de presunto fraude en las primarias que en 2019 ganó Isabel Franco se tuvo que suspender debido a problemas técnicos en la comunicación con los abogados del partido naranja, según indican fuentes cercanas al caso.
Los cinco políticos (uno de ellos está retirado) llamados a declarar son el senador Miguel Sánchez, los concejales de Murcia Mario Gómez (vicealcalde de la capital del Segura) y Juan Fernando Hernández, el hoy director general de Competitividad y Calidad Turística y ex edil murciano entre 2015 y 2019, Carlos Peñafiel, así como el otrora diputado de Ciudadanos entre 2015 y 2019 Miguel Garaulet.
Todos ellos tenían (y tendrán) previsto dar su testimonio en el caso que asume el Juzgado de Instrucción número Cinco de Cartagena, que investiga presuntas irregularidades en el proceso electoral para la candidatura a la Comunidad que ganó la actual vicepresidenta, Isabel Franco, hoy expulsada de su formación por desmarcarse de la moción de censura contra el presidente regional.
Desde Ciudadanos reseñaron que el partido "está mostrando y siempre mostrará colaboración absoluta" con la Justicia. "Somos los primeros interesados en que se aclare todo. Ciudadanos no ha sido acusado de nada y es parte perjudicada en este proceso", indican fuentes de la formación naranja.
"Hemos facilitado toda la información solicitada y lo seguiremos haciendo tantas veces como se nos solicite porque, insistimos, somos parte perjudicada, y como tal queremos que se depuren todas las responsabilidades por unos hechos que tanto perjuicio político nos están causando".
También apuntan que "dos" de sus "cargos institucionales han sido citados como testigos y responderán a todas las preguntas que se les hagan para que se pueda esclarecer el asunto lo antes posible". No nombran explícitamente a Isabel Franco, pero sí reprochan que "aquellos que dirigían el partido y fueron los máximos responsables de dicho proceso hoy ya no están en el partido y han demostrado su falta de integridad y escasa honestidad con el proyecto vendiéndose al mejor postor".
Y agregan: "Si el juzgado determina que estos tránsfugas tienen responsabilidades penales, que se castigue a quien corresponda. El proyecto liberal que representa Ciudadanos está transformando la política allí donde gobierna, y se está demostrando más necesario que nunca para frenar a populistas y nacionalistas", concluyen.
Este caso judicial, en el que no hay ningún imputado, se desencadenó en abril de 2019, cuando un informe pericial encargado por el aspirante Leonardo Pérez puso en duda la procedencia de 233 votos en las primarias de Ciudadanos. El candidato perdedor denunció el caso. Franco se había impuesto en las primarias autonómicas con 599 votos (el 63% de los votantes), más del doble que Pérez, que recogió 237 sufragios. Meses después, la Policía Nacional confirmó que existen indicios de delito.
La vicepresidenta pidió personarse en la causa aduciendo que "quería esclarecer todo lo sucedido" y que se consideraba "una parte perjudicada". Franco se unía así a la decisión que tomó su partido, que también solicitó presentarse en el caso. Sin embargo, tanto la fiscal como el juez rechazaron que la vicepresidenta regional y su partido se personen como acusación particular.
El partido insiste en defender que es el "primer interesado en solventar este asunto" y pide "respeto" a la presunción de inocencia