CARTAGENA. En la UPCT se han llevado las manos a la cabeza al enterarse que el precio por el alquiler de la residencia universitaria Alberto Colao, propiedad de la Asamblea Regional, se multiplicará casi por dos a partir del año que viene y alcanzará los 180.000 euros a partir de 2022.
Las alarmas han saltado y desde el Consejo Social de la UPCT han llegado a calificar esta decisión como "una agresión moral y económica a la UPCT y a la comunidad universitaria de Cartagena".
Explica la universidad que las condiciones consisten en "más que duplicar el actual pago anual de 75.000€ pactado en el acuerdo de 2014, subiéndolo a 154.047 € en promedio anual a partir del próximo 1 de enero y hasta el 31 de julio del 2023".
Añaden que en la web de la Asamblea Regional se insiste que se mantendrán las condiciones según el acuerdo de 2014 a lo que responden que sienten "vergüenza y tristeza" al constatar "este vulgar intento de confundir a la opinión pública por parte de una institución que representa la voluntad popular".
Califican, por otro lado de deplorable "la inexistente sensibilidad de los componentes de la Mesa con las necesidades de la Politécnica de Cartagena, y de sus integrantes más necesitados de protección económica: los estudiantes"
Consideran legítimo que la Asamblea pretenda recuperar el uso del edificio para reformarlo y albergar nuevas dependencias y despachos para sus parlamentarios y personal administrativo pero "que pretenda hacerlo financiándose a costa de la maltrecha economía de la UPCT y de su deficitaria Residencia de Estudiantes Alberto Colao, y cargando un coste por estudiante de 900€ anuales, nos parece un despropósito".
Por tal motivo, han decidido poner en práctica "todos los medios legales al alcance del Consejo Social" para impedir la aplicación de las decisiones que la Mesa hizo públicas ayer.
Por su parte, desde la Asamblea Regional también han manifestado su postura y alegan que la Asamblea compró la Residencia Universitaria Alberto Colao en el año 2008 para ampliar sus instalaciones porque las actuales eran insuficientes y pagó en efectivo a la Universidad Politécnica de Cartagena la cantidad de 6.016.140,00€, sin que hasta ahora haya podido disponer del edificio.
La Asamblea Regional y la UPCT firmaron un convenio mediante el cual, la universidad se comprometía a entregar el edificio a su legítimo propietario en un plazo determinado.
A petición de la UPCT, el plazo para entregar la residencia a la Asamblea Regional se ha ampliado en tres ocasiones: La primera vez, por un año; la segunda vez, por dos años y en la tercera ocasión, por cinco años.
En la última prórroga se estableció una compensación por la demora en la entrega a pagar por la UPCT de 75.000 € anuales y en garantía del cumplimiento de su obligación, la UPCT hizo un depósito a favor de la Asamblea de 752.017,50 €.
Como la Universidad no ha pagado los 75.000,00 € ningún año, la Asamblea ha compensado esta cantidad descontándola del depósito en garantía.
Además, desde su adquisición, la Asamblea Regional ha pagado el IBI delinmueble por importe de 21.000,00 € anuales (en total, hasta ahora, 218.810,55€).
El plazo actual para la entrega del edificio a la Asamblea concluye el 31 de diciembre de 2019. El pasado 4 de diciembre el Rector solicitó una nueva prórroga hasta 31 de julio de 2022. Se ofrece así mismo ampliar el plazo hasta julio de 2023 incrementando un poco la compensación.
La Mesa de la Asamblea ha acordado acceder a la prórroga del plazo solicitada hasta julio de 2022,estableciendo una compensación mensual a la Cámara de 12.000,00 € que se descontaría del depósito en garantía que tiene la Cámara,.
La Asamblea solicita, como en la ocasión anterior, bien la constitución de un depósito en garantía, bien la presentación de un aval bancario, por importe de 249.982,50 €, que garantice el pago de la compensación que demanda.
Por su parte, el equipo de Gobierno del ayuntamiento de Cartagena ha enviado una carta al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, en la que solicita que se reduzca el precio del alquiler de la residencia de estudiantes.
El Ayuntamiento considera que la cantidad propuesta por la Mesa de la Asamblea es desproporcionada, teniendo en cuenta que la Universidad Politécnica de Cartagena es una institución pública cuyo presupuesto es aprobado por el propio parlamento autonómico.
El equipo de Gobierno ha recordado a Alberto Castillo la importancia que la UPCT tiene para Cartagena y para la Región, ya que en ella se basa la proyección de futuro del municipio. Asimismo, le han explicado que la Politécnica ha mantenido un crecimiento continuo desde su creación, a pesar de que su presupuesto siempre ha sido muy ajustado, y ha contribuido de forma determinante al desarrollo tecnológico de las empresas de Cartagena y de la Región.
En la misiva, firmada por la alcaldesa, Ana Belén Castejón; la vicealcaldesa, Noelia Arroyo; y el teniente alcalde, Manuel Padín, solicitan a la Mesa de la Asamblea que se replantee su decisión y escuche de nuevo a los dirigentes de la Politécnica.
