Foto: ANTONIO LACERDA (EFE)MURCIA. Es ya antigua la táctica de utilizar a los empleados públicos como rehenes cuando la dirigencia política se encuentra envuelta en una situación embarazosa, sobre todo a partir de la Gran Recesión de 2008. Con anterioridad, cada crisis económica se acompañaba con la preceptiva congelación salarial, pero es a partir de esa fecha cuando los empleados públicos son motejados como privilegiados en un mercado laboral que se torna indeseable, y que aumenta significativamente la desigualdad social en un entorno ya de por sí desigual. En un mundo inseguro y con riesgos sistémicos cada vez más cotidianos, tener empleo fijo es utilizado como estigma, no como realidad deseable en una democracia de calidad. En realidad, todos los funcionarios sabemos lo inestable que es nuestra posición, constantemente sometidos al escrutinio de los medios de comunicación, de la opinión pública y de los humores cambiantes de una clase política que cuando no sabe qué hacer, busca responsables en su entorno más próximo. Lo sabemos, lo vivimos y lo sufrimos –añadiría-.
"los trabajadores de atención directa de los servicios sociales han desarrollado una labor encomiable; Que sean cuestionados ahora por motivos de oportunidad política es deleznable"
Escribe Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja que "la burocracia es la forma de legitimar el tránsito de una administración personal a una administración pública. Donde había decisiones personales, tenemos ahora rutinas, protocolos, procedimientos, es decir, formas de decidir que tienen un carácter previsible, no arbitrario ni improvisado". Es gracias a esas rutinas, protocolos y procedimientos que sabemos la filiación de los altos cargos de la Consejería que se saltaron los protocolos de vacunación. Y que esa percepción militar y elitista que se nos ha querido transmitir sobre la lucha contra la covid-19 es reprobable socialmente, siendo la respuesta adecuada el cese o la renuncia. Tampoco en la guerra los generales pueden eludir protocolos y responsabilidades sin ser destituidos, encarcelados o incluso fusilados. Los políticos establecen las normas y protocolizan su aplicación, los funcionarios las aplican. Y suelen aplicarlas con un celo que eluda cualquier sospecha de prevaricación o cualquier forma de dolo.
En la caza del vacunado irregular, del listo que se ha saltado las prioridades o del político de turno que ha hecho malabares para atrapar una vacuna al paso, sorprende que se señale a las personas que les dijeron que les tocaba inmunizarse y así lo hicieron, como los de la Consejería de Salud o del SMS. Extraña también que se señale a categorías profesionales que trabajan con grupos de riesgo, como las valoradoras de la Dependencia, los de la Discapacidad o del Servicio del Menor. Un ejemplo: el pasado 25 de enero, una valoradora de la Dependencia se trasladó a casa de mi madre, una anciana de 85 años y con patologías de riesgo. Nunca podré agradecer lo suficiente que la profesional haya sido vacunada, sobre todo sabiendo que todavía no se ha iniciado la inmunización de las personas mayores de 80 años. Me quejaré, protestaré y denunciaré que habiendo solicitado el reconocimiento de Dependencia en julio de 2020, posiblemente hasta después del verano de este año mi madre no la tendrá reconocida. Y haré responsable a la Consejería competente, al Gobierno regional y al Central del abandono que sufre esa generación que nació en los años más aciagos de nuestra historia patria, y que viven en desamparo el crepúsculo de una vida de lucha, padecimiento y alegrías en general tardías.
Atacar a la gente que ha estado y está en la primera línea de la lucha contra la pandemia puede tener su explicación pero no su justificación. En general, los trabajadores de atención directa de los servicios sociales han desarrollado una labor encomiable durante, y entre las tres olas, de la pandemia. Que sean cuestionados ahora por motivos de oportunidad política es deleznable. No todo vale en la contienda política, sea entre los partidos gobernantes o entre los de la oposición.
