Un abecedario sin letras

MURCIA. Ya ha entrado en el Congreso de los Diputados la LOMLOE, la octava ley educativa de nuestra democracia. Todo gobierno que se precie ha aprobado su propia ley orgánica en materia educativa, y así nos va, mientras se dedican a derogar la anterior y aprobar la propia, lo único que ganamos son posiciones en el ranking de fracaso escolar.

Ahora toca la del PSOE-Podemos. La tramitación final para su aprobación se inicia no exenta de polémica. Una vez más, se aprobará sin amplio consenso, y con el aviso de los partidos de la oposición de derogarla en futuros mandatos.

Esta ley recoge la impronta política de los partidos gobernantes, como eliminar la asignatura de religión del currículum, pero también la han utilizado como moneda de cambio. El Gobierno ha realizado concesiones educativas para conseguir apoyos parlamentarios. Para contentar a los independentistas catalanes, retiran de la nueva normativa la referencia al castellano como lengua vehicular. Un mercadeo en toda regla. Despojar al castellano del título de lengua oficial por 13 votos de ERC.

Además de usar la educación como instrumento político, esta iniciativa también ha generado polémica por su cerco a la educación concertada. Una medida que ha desatado una marea naranja de los colegios concertados, que ven limitada su autonomía, pero sobre todo, de los padres que ven con preocupación cómo les quieren coartar el derecho constitucional a elegir la educación de sus hijos.

El Gobierno argumenta que es para reforzar y mejorar la educación pública. Así justifican la eliminación de la demanda social y de limitar el derecho de libre elección de los padres, una polémica acentuada por el eco de las palabras que pronunció la ministra Celaá: "No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres". 

En la Comunidad Valenciana ya hemos visto cómo el Gobierno del Botànic ha intentado aplicar medidas similares. El conseller Marzá ya recortó conciertos en centros de Bachillerato y FP con la creación de un decreto autonómico para tal fin. Pero los tribunales, tras distintos varapalos judiciales, han frenado en seco esta política educativa contra los centros concertados.

¿Por qué para mejorar y potenciar la educación pública hay que arrinconar a la concertada? ¿Por qué no pueden convivir las dos opciones cuando existe una importante demanda social y aumenta la pluralidad en la oferta educativa? ¿Por qué imponer hoy un modelo único que será mañana el modelo único de otro partido? Básicamente por ideología.

Plantear la cuestión educativa como un enfrentamiento entre un modelo público y concertado, además de ser engañoso, está trasnochado. Se trata de un debate decimonónico que tendríamos que tener superado.  En el siglo XXI, ya no se cuestiona la eficacia de la gestión pública-privada, de hecho, esta colaboración irá a más para instalarse en casi todos los ámbitos de la administración.

En definitiva, la ideología no debe marcar la gestión educativa. Es temerario usarla como instrumento político, y realmente preocupante que se hagan leyes anteponiendo criterios ideológicos en vez de pedagógicos.  Porque en vez de atascarse en el pasado hay que  mirar al futuro para consensuar qué tipo de educación necesitarán las siguientes generaciones. Especialmente ante los importantes desafíos que nos plantean estos tiempos convulsos.

La educación será imprescindible para hacer frente a la era de la inteligencia artificial, que cambiará la forma de trabajar, la economía y la sociedad. Porque en un momento en que las máquinas están aprendiendo a hacer nuestro trabajo, y a convivir con nosotros, tenemos que ser capaces, más que nunca, de fomentar nuevas habilidades.

En este sentido, profundizar en la conciencia humana será clave, porque, como explica Harari, "el peligro es si invertimos demasiado en desarrollar la Inteligencia Artificial y demasiado poco en desarrollar la conciencia humana, porque la Inteligencia Artificial solo servirá para fortalecer la estupidez natural de los humanos".

Por tanto, en una época donde lo único seguro es el cambio, convendría poner el foco educativo en potenciar ciertas aptitudes como la resiliencia y el pensamiento crítico para encarar los retos de una sociedad aún desconocida.

La educación tiene que ser una cuestión de Estado. La política educativa debería contar con el consenso de la comunidad educativa y de los partidos políticos. Porque su impacto en la sociedad va más allá de aportar conocimientos en las aulas. Seamos conscientes que las decisiones de hoy marcarán nuestro futuro. Tenemos esta asignatura pendiente… que no nos vuelva a quedar para septiembre.