MURCIA. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución común en la que insta a la Comisión Europea para que subvencione las pérdidas del sector agroalimentario, provocadas por las sanciones arancelarias de Estados Unidos a los productos agrarios europeos por el conflicto de competencia entre Airbus y Boeing. Ambas compañías aéreas denunciaron ante el tribunal de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) las ayudas estatales respectivas, lo que devino en una resolución favorable para que Estados Unidos repercuta 6.800 millones de euros en aranceles a productos europeos, mientras se resuelve la denuncia de la compañía europea contra Boeing, también en el mismo sentido.
La Administración Trump, lejos de sancionar la industria aeronáutica, ha gravado con aranceles en un 25% de la sanción el mercado agroalimentario europeo, lo que supone la recuperación en impuestos aduaneros de 1.100 millones de euros sobre productos agrícolas y sus derivados: vinos y bebidas alcohólicas, aceite de oliva y productos lácteos. Los países afectados directamente son el Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania e Irlanda.
Los principales grupos políticos del Parlamento Europeo han presentado esta resolución para que sea elevada a la Comisión Europea y al Consejo. Bajo propuesta socialista, populares, liberales y la derecha europea piden a la nueva Comisión, cuyo gobierno será nombrado el próximo 1 de diciembre, que se modifiquen las normas necesarias para hacer frente a este problema que afectará al mercado interno de la Unión.
La diputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero manifestó su indignación durante su comparecencia en el Parlamento, al presentar la propuesta. “Critico la actitud y la política de los Estados Unidos por abocarnos a situaciones injustas. Nadie puede entender que los problemas en el sector aeronáutico, afecten a productos que nada tienen que ver, como por ejemplo las clementinas valenciana, que han vendido cero en el mercado norteamericano en lo que va de campaña”, esgrimió la eurodiputada denunciando las graves consecuencias que ya apuntan en el mercado de cítricos de la Comunitat Valenciana. “Y es importante incidir en el fondo del asunto, para que el sector no se vea tan injustamente afectado en el marco de la reforma de la OMC, aprobando la reforma del sistema de sanciones. Si queremos que el sector se base en las reglas del comercio, las reglas deben ser justas”, añadió Rodríguez-Piñero aludiendo a la petición de la Comisión a este organismo internacional que regula el comercio, para que reforme el sistema de su tribunal de apelaciones.
En su Resolución, el Parlamento alerta de la intención de Estados Unidos de dividir a la Unión Europea, al aplicar sanciones a un sector que afecta de manera desigual a distintos Estados miembros. Estas sanciones también influirán en el equilibrio del mercado interior, por lo que pide a la Comisión que haga un seguimiento del mercado agroalimentario, recordándole que ya está bastante perturbado por la política exterior europea con las sanciones derivadas del actual embargo ruso a estos productos. En concreto, dice, “los agricultores y los operadores de la cadena agroalimentaria son, tras el embargo ruso, de nuevo víctimas de un conflicto comercial no agrícola ajeno a su ámbito”. Y alerta de que “la decisión estadounidense de aplicar estos aranceles podría mantenerse indefinidamente hasta que los Estados miembros cumplan la resolución de la OMC en la diferencia relativa a Airbus”.
Es por ello que pide medidas como los “regímenes de almacenamiento privado y la retirada del mercado” de estos productos, para que el sector no acuse una bajada de precios en el mercado interior. El documento aprobado se refiere además a productos como la mantequilla y el queso, la aceitunas de mesa -ya castigada con aranceles desde 2017-, el cerdo, el cañé, as galletas dulces, las frutas transformadas, los cítricos, los mejillones, los licores como el whisky y la cachemira.
Tras esta Resolución, la Comisión y el Consejo deberán movilizar ayudas que palien “rápidamente” los sectores mas afectados “para evitar perturbaciones" en el mercado en general, con “incrementos de precios para los consumidores, pérdidas economices y de puestos de trabajo para las empresas”. En su documento, el Parlamento lamenta que no esté contemplada la “financiación adecuada para estos fines en el presupuesto de 2020”.
Entre otras medidas, también se deberán reformar las normas de promoción exterior de los productos y las de auditoría, con objeto de ayudar a que los operadores amplíen su posición en mercados de terceros países y cuenten con nuevas salidas comerciales para estos productos, aprovechando la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) y del Reglamento sobre promoción. Por ello, recuerda el Parlamento, es importante “evitar nuevos recortes en el presupuesto de la PAC y proseguir la reforma de la reserva de la PAC para situaciones de crisis, ya que el sector agrícola se ve cada vez más afectado por la volatilidad y por crisis internacionales de motivación política”. En este sentido, insta por último a que presione a la OMC ante la necesidad de una reforma global, “en particular de su Órgano de Apelación”.