Foto: MINIMADRID (EP). El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publica este jueves los aranceles de hasta casi el 38% que el bloque impondrá desde mañana viernes al automóvil de batería eléctrica importado desde China, si bien lo hará de manera temporal mientras negocia con Pekín una "solución" a largo plazo para los subsidios que reciben los fabricantes chinos y que los europeos ven como una ventaja "desleal" contra sus marcas.
"Lo que está claro es que lo que la Unión Europea desea es una solución, no la introducción de aranceles. Los aranceles no son un objetivo ‘per se’ sino un instrumento para corregir un desequilibrio", ha zanjado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, en una rueda de prensa en Bruselas.
Las reglas comunes en materia de competencia prevén que en este tipo de expedientes el Ejecutivo comunitaria pueda introducir gravámenes provisionales al cabo de los primeros nueve meses de una investigación antes de tomar una decisión definitiva al cabo de los 13 meses de máximo que puede extenderse el expediente, que en este caso será noviembre.
Por ello, ha añadido, la Comisión Europea, que habla en nombre de los 27 en materia comercial, quiere continuar el "diálogo" con las autoridades chinas en aras de una solución "eficaz" para todos, esto es, ha precisado, un acuerdo que "corrija la ventaja injusta de que disfrutan los productores en China".
El portavoz también ha querido dejar claro que los gravámenes que impondrá a partir de este viernes la Unión Europea son el resultado de una investigación cuidadosa, que ha durado nueve meses y que permite demostrar de manera "factual" que el ‘dumping’ chino está perjudicando tanto a la industria europea del automóvil como a los empleos que dependen de la misma.
"La Comisión ha llegado a la conclusión de que hay una desventaja factual ligada a la concesión de subsidios a fabricantes en China", ha insistido, para remarcar después que las conclusiones de los servicios comunitarios "se basan en datos, no son interpretaciones".
La medida temporal tendrá la forma de una "garantía bancaria" definida por cada Estado miembro, de modo que sólo se recaudará si el bloque decide imponer aranceles definitivos cuatro meses después de la entrada en vigor de los provisionales. Estos derechos se sumarán, además, al 10% que la Unión Europea ya percibe de manera general de las importaciones de vehículos eléctricos de batería.
El caso se remonta a octubre del pasado año, cuando el Ejecutivo comunitario abrió formalmente una investigación por subvenciones anticompetitivas. Ya en junio de este año, al cabo de los primeros nueve meses, la Comisión Europea anunció su propuesta e informó de las condiciones tanto a las autoridades y sector chino como a los Estados miembro.
El asunto genera división entre los propios 27 ya que hay gobiernos que ven con dudas la medida por miedo a una guerra comercial con el gigante asiático --como Alemania o Suecia-- y otros que la defienden, como es el caso de España y Francia.
Si de aquí a noviembre Bruselas considera que los aranceles deben volverse definitivos deberá entonces presentar una propuesta formal a los Veintisiete, que podrán aprobar o tumbar la decisión por mayoría cualificada. Si las capitales no logran sumar la mayoría necesaria ni a favor ni en contra, el Ejecutivo comunitario podrá entonces imponer los aranceles.
Desde que la Comisión adelantó la inminente imposición de aranceles provisionales, las partes han mantenido contactos técnicos para buscar una solución "eficaz" que ponga fin al ‘dumping’ que denuncian los europeos, pero el diálogo no ha dado frutos. Pekín, de hecho, anunció horas después del anuncio una investigación sobre el sector del porcino europeo en represalia y la Comisión advirtió de que debe seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Entretanto, las consultas con las empresas afectadas directamente han llevado a los servicios comunitarios a introducir ajustes a las tasas planteadas en un primer momento, lo que ha reducido muy levemente los primeros porcentajes conocidos.
En concreto, la Comisión planeaba imponer aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38,1% a SAIC, pero que tras la revisión se queda en un 19,9% para Geely y en un 37,6% para SAIC; mientras que se mantiene sin cambios el gravamen para la producción de BYD.
También se han reajustado los aranceles a los fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación del 21% al 20,8%, mientras que el resto que no han colaborado estarán sometidos al porcentaje más alto, que pasa de 38,1% a 37,6%.
Los servicios comunitarios activaron la vigilancia de las importaciones para estudiar medidas tras observar entradas "masivas" de casi 200.000 vehículos entre octubre de 2023 y enero de 2024, lo que representa un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en términos de media mensual, y del 14% en comparación con el período equivalente entre octubre de 2022 y enero de 2023.
