Pascual Salvador, diputado de Vox. Foto: A. R. M,MURCIA. Sólo un diputado de los 45 que tiene la Asamblea Regional no está a favor de condenar el asalto al Pleno de Lorca. Es Pascual Salvador, el único parlamentario reconocido por Vox. Su posición, clave, impedirá que el Parlamento autonómico lea una declaración de condena de los altercados que ocurrieron el pasado lunes en Lorca, cuando un grupo de treinta personas irrumpieron por la fuerza en las dependencias del Ayuntamiento lorquino.
Los portavoces de los grupos parlamentarios habían consensuado este miércoles un texto para reprobar los hechos. El escrito contaba con el apoyo del PSOE (el grupo más numeroso), el PP, los ex de Ciudadanos, los ex de Vox (repudiados por su partido) y el Grupo Mixto (integrado por Ciudadanos y Podemos). Los cinco se pusieron de acuerdo, en una de las pocas muestras de unanimidad de la Cámara en esta tormentosa legislatura. Sin embargo, para que la declaración institucional salga adelante se necesita el apoyo de todos los parlamentarios.
Salvador, al no sentirse legitimado por el grupo Vox, no tiene voz en la Junta de Portavoces, pero sí vota en pleno. Y ya ha dejado claro que él votará en contra de una declaración institucional que "estigmatiza a los ganaderos". El diputado, que estuvo presente en Lorca el día de los hechos, defiende así la postura de su partido, que ya anunció que no apoyarán ninguna condena aunque sí expresan su rechazo a la violencia.
El texto de la Asamblea, que fue registrado por el PSOE, recogía párrafos como el siguiente: "Se ha intentado agredir, coaccionar la libre deliberación y el libre voto de máximo órgano de representación del Consistorio lorquino, lo que supone un grave atentado al a democracia que, lamentablemente, pasará a la historia negra del municipio y de la Región de Murcia".
Vox se opone a respaldarlo. A su juicio, el asalto al Pleno se debió a la desesperación: "Al grito desesperado de una España silenciada que sólo quiere trabajar, cuidar a los suyos y darnos de comer". Para Vox, los principales culpables de la crítica situación del sector primario son "las políticas de la izquierda, favorecidas por el PP", cuyo máximo exponente "son los objetivos de la Agenda 2030".
"Nos ponemos en la piel de esos ganaderos que tienen prestamos que pagar", argumenta Salvador, "que ven cómo los costes son cada vez más elevados, que se ven sometidos a la burocracia ecologista del Gobierno regional y a normas urbanísticas que lastran su futuro para que se les trate como a delincuentes y todo siguiendo las consignas de la Agenda 2030". A su parecer, "estas políticas llevan a la asfixia y la ruina a nuestros ganaderos, que ven cómo les arrebatan su derecho a trabajar y provoca la destrucción del sustento y modo de vida de miles de familias en España", concluyó.
