CARTAGENA. El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una moción en la Asamblea Regional donde insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que proceda a cerrar el campamento de inmigrantes ilegales ubicado en la explanada del antiguo Hospital Naval de Cartagena con el objetivo de destinar estas instalaciones a fines sociales y sanitarios en beneficio de los vecinos como estaba inicialmente previsto.
La portavoz adjunta, María José Ruiz, ha destacado que "Cartagena ya es la capital regional de la inmigración ilegal con la existencia del CATE pero, con este campamento, se ha convertido en la capital de la península ibérica".
Ante la falta de información a los ciudadanos y al Gobierno regional de la apertura del CETI, el consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, solicitó el pasado día 31 de octubre al anterior delegado del Gobierno la convocatoria urgente de la Junta Provincial de Seguridad, "solicitud que ha sido ignorada hasta la fecha".
Además, ha recordado la diputada, el artículo 73 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que "las competencias del delegado del Gobierno incluyen, entre otras: coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno, y la Administración General del Estado y sus organismos públicos en la Comunidad Autónoma".
Sin embargo, "el anterior delegado del Gobierno en la Región de Murcia no ha realizado nada al respecto, incumpliendo la mencionada Ley", ha lamentado.
El Gobierno de España vuelve a adoptar decisiones "de espaldas a la ciudadanía, a las asociaciones de vecinos, y sin contar con el Ayuntamiento de Cartagena ni con la Comunidad Autónoma de Murcia, actuando de forma desleal, con nocturnidad, sembrando la inseguridad en la Región y siendo uno de los principales culpables de la invasión migratoria como consecuencia de sus sucesivas políticas de efecto llamada", esgrimen desde Vox en un comunicado.
La iniciativa también explica que los efectos negativos en materia de seguridad que va a acarrear esta inmigración ilegal, "masiva y descontrolada" son más que previsibles. Además, el campamento "parece no estar supervisado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino solo por Accem, con lo que los riesgos de inseguridad podrían multiplicarse".
"La situación actual se atribuye a las políticas migratorias del Gobierno de España que no atajan el problema en el origen, esto es, neutralizar a las mafias que trafican con personas. Sus nefastas políticas perjudican gravemente a los ciudadanos, que sufren la inseguridad en primera persona y deberán sufrir las consecuencias económicas derivadas de la necesidad de revertir los errores de la izquierda", ha subrayado la parlamentaria.
Por otro lado, Vox pide al Gobierno de España que implante las medidas adoptadas por países como Italia, Hungría y Polonia, entre otros, con el objetivo de liderar en la implementación de políticas migratorias efectivas.
Además, la diputada considera necesario que "la Asamblea Regional debe instar al Consejo de Gobierno, para que a su vez requiera a la delegada del Gobierno en la Región de Murcia para que acceda de conformidad con el requerimiento efectuado el pasado 31 de octubre de 2023 por parte del vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, y en su consecuencia, acuerde la convocatoria urgente de la Junta Provincial de Seguridad".
