CARTAGENA. La Asamblea Regional propuso este martes una terna de nombres para ocupar la pendiente plaza del magistrado autonómico en la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que era uno de los tres nombramientos judiciales paralizados por el bloqueo del Poder Judicial, junto con la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el cargo de presidente de la Audiencia Provincial.
Ahora, tras desbloquearse la renovación del Consejo General del Poder Judicial por el acuerdo entre PSOE y PP del pasado mes de junio, es el momento de las renovaciones regionales y en el caso de la Región de Murcia corresponde al Parlamento plantear tres aspirantes para desempeñar el cargo que dejó vacante en la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ el juez Enrique Quiñonero tras jubilarse en 2022 y cuya elección corresponderá ahora al CGPJ.
Los tres nombres acordados son Fernando Castillo Rigabert, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia; Candela Martínez Sánchez, fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y Nicolás Valero Lozano, abogado del Estado y miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región.
Los tres han sido propuestos en un pleno con 32 votos a favor (procedentes de PP y PSOE), dos votos en blanco (del Grupo Mixto) y que no contó con la presencia de Vox, cuyo grupo parlamentario abandonó el Patio de los Ayuntamientos como señal de rechazo "al acuerdo entre el PP y el PSOE" para la elección de la terna de juristas destinada a cubrir una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.
El PP había planteado dos nombres (Fernando Castillo Rigabert y Nicolás Valero Lozano) y el PSOE uno (Candelaria Martínez Sánchez), tal y como confirman fuentes conocedoras del acuerdo, que explican que se ha sellado esa proporción porque "es la que corresponde cumpliendo un reparto proporcional a la representación de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea".
"Vox no va a ser partícipe de que piensen que los jueces son cromos y que entre los de siempre se lo repartan", señala un "indignado" José Ángel Antelo, el portavoz parlamentario y líder de la formación, crítico con que "el PP da un nuevo balón de oxígeno al Partido Socialista, que está terminando con la separación de poderes y con nuestra democracia".
En su opinión, este tipo de acuerdos "afecta gravemente" a la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales: "Es inaceptable que PSOE y PP sigan acordando en despachos quiénes deben ocupar los puestos judiciales. En Vox defendemos que sean los propios jueces quienes eligen a los jueces, alejando así cualquier injerencia política que dañe la confianza de los ciudadanos en las instituciones". Y concluía: "No entendemos cómo el Partido Popular, en un contexto donde el PSOE está destruyendo nuestra democracia, sigue pactando con ellos".