Miquel Pasqual del Riquelme, el pasado viernes en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ (EP)MURCIA. El final de cinco años de bloqueo en el Poder Judicial supone consecuencias directas para la Región de Murcia. El ámbito judicial murciano cuenta con tres plazas cuyos mandatos estaban vencidos y que a partir de ahora se podrán renovar tras el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para desatascar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Se trata de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuyo puesto ostenta Miquel Pasqual del Riquelme; el cargo de presidente de la Audiencia Provincial, en manos de Miguel Ángel Larrosa; así como el magistrado designado por la Asamblea Regional en la sala de lo Civil y lo Penal, un puesto que está libre desde 2022 por jubilación de su predecesor, Enrique Quiñonero, y que hasta ahora se ejercía por magistrados sustitutos.
Precisamente Pasqual del Riquelme valoraba este miércoles que "se pone fin a una situación que nunca debió producirse y que ha ocasionado un grave trastorno en el funcionamiento institucional del Poder Judicial". Eso sí, lamentaba que el "consenso" se hubiera producido fuera de la sede parlamentaria, en referencia a que la negociación se desarrolló en Europa y bajo la tutela de la comisaria europea Vera Jourova.
"Debemos aprender que uno de los pilares de la democracia está en el respeto al funcionamiento institucional, que no puede quedar al albur de intereses y de agendas partidistas", reflexionó. El magistrado explica que ahora, con la renovación de las tres plazas vencidas en la Región, se da "normalidad a lo que siempre debió hacerse con normalidad institucional".
El nuevo reparto de vocales del Consejo General del Poder Judicial no alberga ningún murciano entre sus 20 integrantes. En cambio, sí implica la salida del murciano Juan Martínez Moya, quien fue vocal entre 2013 y desde 2015 ejercía como vocal de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.
