CARTAGENA. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha anulado parcialmente la regulación de las formas de provisión de las plazas de funcionarios de la Asamblea Regional. El tribunal indica en su fallo que la previsión de cubrir dichas plazas únicamente mediante oposición o concurso-oposición es contraria a derecho y justifica que vulnera las normativas vigentes de función pública.
El recurso fue presentado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) contra la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Asamblea Regional. En su demanda, el sindicato indicaba que estas normas establecían formas de provisión no ajustadas a los principios de igualdad, mérito y capacidad, exigiendo que las plazas se cubrieran mediante concurso. El sindicato denunciaba además que la libre elección, prevista en ciertos supuestos, solo se aplicaba a plazas de personal eventual, lo que consideraban un incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y las leyes autonómicas de función pública.
Recordaban desde Comisiones Obreras que en primer lugar se debe convocar la oferta de plazas vacantes para funcionarios de carrera por concurso de méritos y, posteriormente, aquellas plazas que resten a través de oposición o concurso oposición. "Han decidido que sea por oposición o concurso oposición y no se ofertan esas plazas a los propios funcionarios de carrera que trabajan en la Asamblea Regional", explican desde el propio sindicato, que fue el que lo llevó al TSJ que ahora les ha dado la razón. No obstante, insisten en que es complicado que las próximas convocatorias salgan adelante, más ahora con este litigio en marcha, "porque la Mesa de la Asamblea Regional no quiere cambiar el sistema, y eso está provocando la paralización de las nuevas plazas y la posibilidad de que si persisten en dilatar el proceso ante el Tribunal Supremo las plazas queden cuatro o cinco años paralizadas", añaden fuentes sindicales, quienes alertan de que mientras los puestos están paralizados la falta de personal es cada vez mayor, debido a las jubilaciones que se van produciendo.
El TSJ ha concluido, tal y como explicaban líneas más arriba desde CCOO, que la normativa aprobada por la Asamblea Regional no respeta el procedimiento establecido en la legislación autonómica, que contempla como sistema habitual el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de funcionarios. El tribunal recordó que, aunque las administraciones cuentan con potestad de autoorganización, esta debe ajustarse a los marcos legales vigentes.
El tribunal anuló las disposiciones que establecían exclusivamente la oposición y el concurso-oposición como mecanismos de provisión, señalando que la normativa vigente prioriza el concurso como procedimiento general. Sin embargo, desestimó la solicitud de que se declare el concurso como único método válido, argumentando que corresponde a la administración definir las formas de acceso dentro del marco legal.
