CARTAGENA. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, por auto notificado, deniega la personación como acusación popular a las organizaciones sindicales CCOO y UGT, al no haber prestado la fianza de 15.000 euros establecida como requisito en el auto de 16 de marzo.
En la fundamentación, la juez recuerda que a pesar de que aquella resolución fue recurrida por los interesados, este no tiene efectos suspensivos.
Por otro lado, se tiene por personado como acusación popular al partido político PSOE, una vez aportado acuerdo orgánico en tal sentido e ingresada la fianza de 15.000 euros, requerida.
Cabe recordar que los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla comparecían semanas atra´s como investigados ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena.
Hay que tener en cuenta que la Fiscalía Superior de la Región de Murcia abrió la investigación tras una denuncia presentada por UGT y CCOO por presuntos contratos amañados por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena y la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la investigación.
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena incoaba diligencias el pasado 25 de enero en relación con la denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia sobre irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena, según informan fuentes judiciales en un comunicado. Las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares.
Recordemos que según la fundamentación del auto, los hechos que resultan de las denuncias presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos.
Dos días después, Yolanda Muñoz dimitía. "Lo hago convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la justicia aquellos hechos que se investiguen.
Además de Muñoz y Sevilla, estarían siendo investigados María José Barahona (jefa del Departamento de Planificación y Gestión), Paloma Escudero (jefa de la División de Innovación), José Pedro Vindel (exdirector de la APC), José Segura (jefe del Departamento de Instalaciones) y Francisco Ortiz (responsable de Compras). La pasada semana la jueza también imputaba al director general de la APC, Fermín Rol.
