CARTAGENA. En ausencia del consejero Ballesta, en el año 2012 el Consejo Interuniversitario (CI) debatió el informe sobre autorizar a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) que impartiese Medicina en su campus de Los Jerónimos. Tras un largo debate, el CI aprobó, por el magro margen de 7 votos contra 5, emitir un informe favorable a la petición de la UCAM.
Ahora, nueve años después, en presencia de la consejera Miguélez, el CI ha debatido un informe sobre la petición de la UCAM de impartir Medicina en Cartagena, en cuyo curso la diputada socialista Gloria Alarcón, prestigiosa doctora en Derecho, se apuntó un éxito propagandístico notable.
Con varios títulos de máster en su haber, esta profesora de Economía Aplicada de la UM ha impartido docencia en esa universidad (luciendo unas sandalias cangrejeras, pues le gustaba romper estereotipos), y también en otras varias universidades de diversas naciones (se ignora con qué tipo de sandalias), todo lo cual avala su conocimiento de esta clase de asuntos (los universitarios; no las sandalias).
Con indudable olfato político, pidió que se votase el informe, una novedad ya que, no exigiéndolo el reglamento, los cambios de cupo nunca se habían sometido a votación en el CI. De hecho, el año pasado el CI autorizó a la UCAM a ampliar su cupo de Odontología sin votar y nadie protestó. No obstante, para dar a todos la posibilidad de oponerse, se abrió un turno de intervenciones, de las que se levantó acta, así que, por más que los titulares hayan hablado de agravio al CI y de actitud antidemocrática, no hubo ni una cosa ni la otra, sino un virtual empate dialéctico entre dos posiciones contrapuestas.
Cuando el cartagenero Mendoza instaló su universidad en el antiguo monasterio de Los Jerónimos, junto a La Ñora, muchos cartageneros se sintieron decepcionados
Según las cuentas del Aparecido, de haberse votado, el informe se habría aprobado por una correlación de fuerzas (o de debilidades, que decía Vázquez Montalbán) similar a la de 2012, de modo que todo esto no es más que un señuelo que nos aleja de las cuestiones de fondo, más importantes.
El hecho de que la oposición a que la UCAM imparta Medicina en Cartagena la liderase una profesora de la UM pudo despertar algunas suspicacias entre los cartageneros, pero que esta vez no se trataba de una pugna entre Murcia y Cartagena quedó claro cuando, a los pocos días, la diputada podemita María Marín denunció que la autorización constituía "un escandaloso trato de favor a la UCAM" por parte del gobierno regional. Como esta veterinaria es cartagenera, a menos que alguien piense que es una suerte de 'botifler' a la púnica, para lo que no hay motivos, se sigue que sería erróneo interpretar la polémica en clave de murcianos vs cartageneros.
En vez de dirigir la atención a ese segundo señuelo, lo crucial es discernir si perjudicará a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que la UCAM imparta Medicina en Cartagena.
Como casi todos los candidatos a médicos suelen aspirar a curar enfermos más que a inventar máquinas para diagnosticarlos o tratarlos, es improbable que hubiese muchos alumnos dudando entre matricularse en Medicina, un título que nunca impartirá, o en Ingeniería Biomédica o alguna otra ingeniería de su panoplia de títulos. Así pues, no se ve, de entrada, que de todo esto se derive ningún perjuicio para la UPCT; más bien lo que han surgido son algunos debates que sí podrían perjudicarla.
Por temor a la competencia de las privadas, se ha sugerido que le habría convenido que las 60 plazas se otorgasen a la otra universidad pública, la Universidad de Murcia (UM), cuya oferta está "congelada" desde 2008. Aparte de que, en ese caso, no se impartiría Medicina en Cartagena, el incremento de plazas y presupuestos, pactado aquel año entre la UM y la consejería, no evitó que siguiera habiendo una demanda insatisfecha en ese título, que era y es prácticamente ilimitada.
Aunque el sospechoso habitual sea el consejero de turno, la estabilidad de la oferta de plazas en Medicina proviene de la propia UM, que, con buen criterio, ha preferido mejorar su campus de la Salud junto al hospital de la Arrixaca y asegurar la calidad de la formación en vez de empeñarse, inútilmente, en atender toda la demanda de matrículas. A los que piden que las 60 plazas vayan a la UM urgiría explicarles aquello de que no conviene ayudar a las viejecitas a cruzar las calles que no querían cruzar.
De hecho, el peso de las universidades privadas en los estudios de grado, que son los que podrían preocupar a la UPCT, alcanza solo el 12% en el conjunto de España. Es fácil explicarlo: sus altos precios de matrícula, y su presunta menor calidad, constituyen sendas eficaces barreras de entrada. En consecuencia, deberían ser las universidades privadas las que temiesen la competencia de las públicas, que no al revés.
Se ha dicho que no conviene "saturar" ciertos títulos, pero regular las ofertas de plazas atendiendo a la empleabilidad de los egresados exigiría recortar drásticamente las ofertas en muchos títulos, lo que despertaría un fuerte rechazo social y dificultaría mantener vivas esas áreas de escasa demanda. ¿Quién querría unas universidades muy restrictivas para que todos sus graduados encontrasen empleo rápidamente? En España, casi nadie. Después de todo, el papel de las universidades no es solo formar profesionales cualificados, sino también crear y transmitir alta cultura, investigar e innovar, incluso en aquellas áreas con menor demanda laboral.
Por el propio bien de las públicas, es preferible seguir regulando la oferta según las capacidad formativa de las universidades
Por el propio bien de las públicas, es preferible seguir regulando la oferta según las capacidad formativa de las universidades, y eso sin tener en cuenta que, para colmo, a las privadas les resultaría más fácil guiarse solo por el mercado laboral, pues su oferta de títulos es más elástica. En cualquier caso, la sobrecualificación varía con las áreas de conocimiento y, por ahora, es mínima en los ingenieros, motivo de más para no implicar a la UPCT en esa polémica. Lo mejor es seguir en la línea actual: ni una oferta de plazas exageradamente restrictiva en aras de la empleabilidad, lo que bloquearía el acceso a muchos candidatos, ni exageradamente abierta en aras de libre acceso, lo que lesionaría la calidad de la enseñanza.
Se ha puesto en duda si es justo autorizar a la UCAM un título cuyo precio de matrícula no todos pueden pagar. Aparte de que concede cierto número de becas, no parece factible impedirlo en el sistema de economía social de mercado típico de la Unión Europea. Puede ser irritante que algunos puedan estudiar Medicina por disponer de la renta necesaria, lo que para otros no estará a su alcance, pero la escasez de renta nunca es el único factor de exclusión, pues para entrar en las universidades públicas solo se exige una calificación suficiente.
En cualquier caso, debatir sobre el gasto público por alumno universitario no le conviene a la UPCT, bien protegida por los sucesivos gobiernos regionales en ese aspecto. ¿Hay que mejorar la financiación de las públicas? Así lo ha reclamado recientemente el equipo rectoral de la UPCT, que ha cerrado su ejercicio con un ligero déficit inferior a dos millones de euros, pero no procede concederlo por ese concepto, sino para atender el crecimiento vegetativo de los gastos de plantilla y perfeccionar todo lo posible las posibilidades de investigar e innovar.
¿Cabría aplicar a la UCAM la complementariedad de títulos a la que están sujetas por ley las universidades públicas regionales? Eso ya lo aclaró la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional cuando obligó al gobierno socialista aragonés a conceder a la universidad San Jorge un título que le había denegado por impartirlo la universidad de Zaragoza. Puesto que las universidades de la Iglesia y las privadas no consumen recursos públicos, iría en contra de la libertad de enseñanza, protegida en la Constitución, evitar que implanten los mismos títulos que las estatales, sentenció la Audiencia.
Se trata de otro debate que no le conviene a la UPCT, beneficiaria principal de la complementariedad en nuestra región, no vaya a ser que, siendo legalmente inaplicable a la UCAM, algún audaz consejero la elimine so pretexto de igualar las reglas del juego de las tres universidades. Reglas que, por cierto, favorecen a las públicas, pues, como es natural en un sistema que combina el Estado con el Mercado, sufragan la mayor parte de su actividad docente con cargo a los impuestos vía trasferencias desde el presupuesto regional.
Cuando el cartagenero Mendoza instaló su universidad en el antiguo monasterio de Los Jerónimos, junto a La Ñora, muchos cartageneros se sintieron decepcionados, e incluso un destacado miembro de Cartagena Futuro le reprochó por carta que no la hubiese ubicado en su ciudad natal. Lejos de oponerse a la actual concesión a la UCAM de 60 plazas para estudiar Medicina en Cartagena, esos amplios sectores cartageneros la consideran tardía. Nadie olvide que, si bien recibieron con entusiasmo la implantación de la UPCT, suelen considerarla compatible con la presencia de la otra universidad en Cartagena.
Cualquiera que se sienta tentado de enfrentar a la UPCT con la UCAM, podría generar una desafección ciudadana contra él. Visto lo anterior, si oponerse a la UCAM acarrea abrir debates que puedan perjudicar a la UPCT, más prudente sería atenerse al sabio consejo hipocrático de "primum, non nocere", o sea, "lo primero, no dañar", o, más castizamente, "lo primero, no hacer la puñeta", que también las togas de los doctores lucen esos encajes en las bocamangas.
