El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Foto: TOMÁS ALONSO (EP)CARTAGENA. Juzgado y condenado por el Tribunal de Orden Público, dos fueron las principales motivaciones del Aparecido para oponerse activamente al franquismo: alcanzar las libertades individuales y colectivas e instaurar un sistema judicial independiente e imparcial. Otros se movían para sustituir la dictadura franquista por una de tipo comunista, o bien para disgregar España en un ramillete de nacioncitas, o bien para procurar un reparto de la riqueza más igualitario. No era el caso del Aparecido: él buscaba las libertades y las garantías judiciales. Es más, había hecho suya lo de "dictadura, ni la del proletariado", acertada frase de Santiago Carrillo, y pronunciaba a pleno pulmón la palabra España, en vez de este país, el Estado o cualquier otro eufemismo separatista. En cuanto al reparto de la riqueza, le gustaría conocer la evolución, desde los años 60 a la actualidad, del índice Gini, que mide la desigualdad económica. Podría haber sorpresas.
Durante los primeros años de la democracia el Aparecido se sentía plenamente satisfecho con los logros alcanzados en ambos objetivos. Había libertades y la justicia funcionaba correctamente. La única sombra provenía de ETA, que seguía matando, negándose a reconocer la legitimidad de los tribunales por españoles y justificando sus atentados en que la Constitución no reconocía la autodeterminación del País Vasco. Ahora bien, como ETA nunca fue un movimiento democrático, eso no inquietaba al Aparecido, que colaboró modestamente a desmantelarla (en premio a lo cual fue incluido en las listas de posibles dianas).
"No menos grave es la deslegitimación sistemática que, en la última década, están sufriendo los jueces y fiscales españoles desde instancias extranjeras y nacionales"
Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse cuando, en el año 1985, un Gobierno socialista cambió el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según la ley anterior, de 1980, de los 20 vocales, 12 los elegían los propios jueces, 4 los designaba el Senado y los 4 restantes el Congreso, en ambos casos por mayoría de 3/5; según la nueva ley socialista, los 20 pasaron a ser designados por el Congreso y el Senado, de nuevo por 3/5 de sus miembros. Así, el CPGJ quedaba en manos de los partidos políticos. Podía parecer una profundización en la democracia, pues los partidos representaban a los ciudadanos; en realidad, era un retroceso, pues debilitaba la separación de poderes y la independencia judicial. Un palo. Ahora hay un bloqueo porque el Congreso no logra alcanzar la mayoría de 3/5 para renovarlo. Ante eso, el Aparecido propone dos medidas urgentes: primero, acuerdo entre el PSOE y el PP, que suman 3/5 entre ambos, para renovarlo por el método de aceptar recíprocamente los vetos que el otro partido pueda formular; segundo, modificación de la Ley Orgánica pertinente para que los 20 vocales sean elegidos por los jueces o, como mínimo, volver al reparto de 12 a 8.
No menos grave es la deslegitimación sistemática que, en la última década, están sufriendo los jueces y fiscales españoles desde instancias extranjeras y nacionales. Poniendo en crisis el sistema de euroórdenes, basadas en la confianza mutua, Bélgica se ha negado por sistema a satisfacer las peticiones de entregar a los acusados de terrorismo o de sedición y malversación. Si el informe del Tribunal de Justicia Europeo no fuese favorable a España, las euroórdenes perderían su sentido, pero si fuese favorable y, aun así, Bélgica se negase a cumplirlo, la situación sería igualmente penosa para la Justicia española, desamparada por el Gobierno.
Los ataques a nuestro sistema judicial también provienen de diversos políticos españoles, que vienen divulgando dos ideas nefastas. Una: los jueces que procesan y condenan a sus conmilitones no son imparciales, sino tendenciosos y, en el límite, prevarican, es decir, dictan resoluciones injustas a sabiendas. Otra: delinquir es loable si se persiguen determinados objetivos políticos o sociales, e incluso el bien del partido de turno.
"La Convergencia de Pujol llegó a recaudar más de 3.000 millones de euros por toda clase de exacciones a los empresarios"
Ambas tesis son defendidas denodadamente por los separatistas catalanes, que juntaron el lucro personal con la transgresión sistemática de la legalidad. La Convergencia de Pujol llegó a recaudar más de 3.000 millones de euros por toda clase de exacciones a los empresarios. Sin embargo, ahora aplauden a Pujol cuando aparece en público y su sumario lleva dos años de retraso por causas que se ignoran. Da la impresión de que hay muchos interesados en que el personaje fallezca antes de ser juzgado. Las apuestas son favorables a que, en cualquier caso, nunca entraría en prisión, un desdoro para la Justicia. Por otra parte, los que organizaron la declaración inconstitucional de independencia en 2017 nunca aceptaron haber delinquido porque creían que no les eran aplicables las leyes españolas, amenazando con que volverían a hacerlo. A pesar de eso, fueron indultados y ahora gobiernan en Cataluña con apoyo del PSC, mientras que, a su vez, IRC apoya al gobierno que los indultó. Lo que el candidato Sánchez calificaba de "injerencia en el poder judicial", el presidente Sánchez lo practica con fruición. Incluso el ministro Iceta reclama que el sedicioso Puigdemont vuelva a España por un curioso motivo: si no es juzgado, no puede ser indultado.
Por si fuese poco, importantes sectores políticos están proclamando que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo se equivocaron cuando condenaron por prevaricación a los presidentes andaluces Chaves y Griñán, así como a otros nueve altos cargos socialistas. Y todavía se equivocaron más con los que condenaron por malversación, Griñán entre ellos. No importa si repartieron 680 millones de euros por un sistema diseñado específicamente para escapar a los controles de los interventores. Los jueces se han equivocado, afirman. En opinión del Aparecido, hacen mal en justificar o minusvalorar esa conducta penada: la democracia se basa, entre otras cosas, en que los dirigentes electos no abusen de su poder, sino que se sometan al imperio de la ley, sin violarla para conseguir ningún beneficio, sea personal, político o social. Es una diferencia con los regímenes autoritarios, en los que la voluntad del dictador es ley.
Sería factible indultar a Griñán, pero no por los motivos que aducen. Uno es de su lucha por la democracia. Pues bien, a diferencia de tantos comunistas españoles y algunos socialistas, que se opusieron al franquismo en vida del dictador, Griñán no lo hizo, sino que se incorporó a las tesis progresistas cuando ya no suponía ningún riesgo. Otro es que los jueces se equivocaron, pues no se lucró. Pues bien, cualquier juez puede equivocarse, pero es más difícil que lo hagan dos tribunales consecutivos. En cualquier caso, habría que probarlo, cosa que no han hecho los debeladores de los jueces. Habría, no obstante, un motivo válido para indultarlo: con 76 años y privado de poder, es imposible que vuelva a cometer el delito que, según criterio de los jueces, cometió. Ya no podrá prevaricar y, como nada más hay contra él, no representa ningún peligro para la sociedad. Planteado así, el Aparecido no se opondría al indulto, pero siempre apoyando las actuaciones judiciales previas.
El ataque a los jueces también ha provenido de algunas voces significadas a título individual. El catedrático Pérez Royo, especialista en Derecho Constitucional, ha declarado que ningún presidente de una Comunidad Autónoma, vistas sus competencias, puede prevaricar, calificando la condena Chaves y Griñán de aberrante. La señora Elisa Beni ha publicado un artículo, titulado "¡No más jueces!", en el que sostiene que hay demasiados jueces en el Tribunal Constitucional, prefiriendo ella que se nombren más catedráticos, quizás por considerarlos más fiables. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que "si la Justicia fuese independiente, Ayuso estaría en la cárcel", de lo que se sigue que no es independiente.
Ante ese acoso generalizado, el Aparecido desea apoyar a los jueces, magistrados y fiscales, de cualquiera de los sexos que se consideren. Además, ruega a los dirigentes peperos y socialistas, y en particular a Feijóo y Sánchez, que lleguen de inmediato a un acuerdo para normalizar la composición del CGPJ y el TC, y también a seguir las recomendaciones de la UE en cuanto a la forma de elección de esos órganos. También les pide que, si quieren conceder indultos, dejen claro los motivos humanitarios que los sustentan, defendiendo a la vez la procedencia de las condenas de los indultados. No cabe olvidar que, si la Justicia cayera, con ella caería la democracia. Y, entonces, vuelta a empezar.
JR Medina Precioso
PS: Después de haber remitido este Pasico, el prestigioso abogado laboralista Enrique Lillo, afín a Comisiones Obreras, ha publicado un artículo titulado El caso de los ERE de Andalucía: los vicios de una sentencia. Su tesis fundamental es que todo lo de los ERE se debe a "la presión mediática de la derecha". Ahora ciertos sectores sindicales se suman al acoso a los jueces españoles. Acabarán, junto con los separatistas, por cargarse la democracia.
