MURCIA. Tradicionalmente el mes de agosto ha sido el gran periodo vacacional para una gran parte de la población. Una época para cambiar la actividad cotidiana por ocio, turismo, descanso, deporte, reencuentro con amigos o disfrutar del mar, el campo o la montaña. Un mes en el que, habitualmente, lo noticiable eran las idas y venidas de los personajes de moda, las pretemporadas deportivas, competiciones ciclistas y alguna que otra serpiente de verano.
Sin embargo, este año ha estado protagonizado por las consecuencias de las elecciones de mayo y julio. La constitución de gobiernos locales y autonómicos ha generado un vivo debate según las fuerzas políticas que se coaligaban. La izquierda y sus portavoces mediáticos han empleado la habitual hipocresía y doble rasero, calificando de adecuada la asociación con radicales e independentistas; mientras que demonizaba las coaliciones de centro derecha.
En la elecciones generales del pasado 23 de julio, una amplia mayoría de españoles confió en el centro derecha (PP y Vox) para articular una alternativa de libertad y progreso, frente al actual gobierno de izquierdas (PSOE-UP). El centro derecha, liderado por el PP, fue el claro ganador de las elecciones obteniendo 170 diputados (137 PP y 33 Vox) frente a los 152 de PSOE (121) y Sumar (31).
La formación del nuevo gobierno nacional depende de los pactos entre las distintas fuerzas políticas. Los partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas decidirán si se alcanza una mayoría suficiente para poder conformar un ejecutivo de cambio, en línea con los gobiernos locales y autonómicos de centro derecha constituidos después del 28 de mayo, o por el contrario continuarán las políticas del actual gobierno de izquierda radical.
Esta incertidumbre política ha acaparado la atención durante las últimas semanas, dejando en un segundo plano las consecuencias de la paralización institucional que padecemos desde hace meses. La inacción de las administraciones desde el mes de abril, más centradas en las campañas electorales que en gestionar, está provocando una de las mayores crisis económicas y sociales de los últimos años.
La agricultura y ganadería continúan siendo uno de los sectores más perjudicados por la inestabilidad política. Lejos de encontrar soluciones a sus demandas, ven con desasosiego como no se adoptan medidas eficientes para asegurar el suministro de agua, mientras no para de subir el coste de la electricidad, los combustibles y los suministros.
La sequía está reduciendo la cantidad y calidad de la producción hortofrutícola y por tanto elevando el precio de la cesta de la compra. Además, amenaza al sector turístico al tener a un buen número de poblaciones con restricciones de abastecimiento de agua con el daño reputacional y de reservas que ello conlleva.
El aceite de oliva ha experimentado un incremento del precio desconocido hasta ahora, el virgen extra supera ampliamente los 8,5 euros litro, convirtiéndose prácticamente en un lujo al alcance de pocos. Los carburantes también mantienen una tendencia alcista superando los 1,8 euros litro, lo que encarece el transporte y la cadena de suministro y por tanto el precio de los alimentos y servicios, castigando a muchas familias que no pueden llegar a fin de mes.
La resaca electoral está provocando que la desconfianza crezca en una población cansada y resignada que, hasta ahora, no encuentra respuesta a sus problemas reales. Es necesario recuperar el tiempo perdido para impulsar políticas activas en sintonía con las necesidades sociales y económicas de los españoles. Comunidad Valenciana o Baleares son un buen ejemplo de lo que supone el cambio político revertiendo con rapidez las políticas discriminatorias que la extrema izquierda y nacionalistas habían impuesto. Por qué no repetir este modelo a escala nacional.
Miguel Ángel Cámara Botía