Foto: JESÚS HELLÍN/EPMURCIA (EFE). La reforma de la ley del suelo afronta esta semana su primera votación en el Congreso, con ERC, Junts y Podemos pidiendo su devolución, mientras que el PP no se cierra a llegar a un acuerdo, que demanda el sector inmobiliario para reducir trabas burocráticas y agilizar planeamientos urbanísticos.
El Gobierno asegura que esta reforma, que también reclaman desde hace años comunidades autónomas y ayuntamientos, refuerza las garantías de los procesos urbanísticos, al contrario que Podemos, que sostiene que las rebaja para volver a la "cultura del pelotazo".
El secretario general de Vivienda, David Lucas, defiende que la reforma, además de incrementar la seguridad jurídica, ayudará a impulsar la promoción de vivienda en alquiler asequible y social.
Entretanto, Sumar también critica el texto, aunque aspira a mejorarlo durante la tramitación con enmiendas parciales.
El proyecto de ley de modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana pretende resolver problemas que se llevan generando en los municipios desde hace más de 40 años, como la paralización de los planeamientos urbanísticos por defectos menores que se pueden subsanar fácilmente.
Para ello, el nuevo texto diferencia entre los fallos formales que tienen suficiente relevancia como para determinar la nulidad de todo o parte del instrumento de ordenación y los que se pueden subsanar para evitar anulaciones desproporcionadas.
En esa línea, fija un plazo máximo de cuatro años para impugnaciones por motivos formales no sustanciales.
"Hasta tal punto se producían estas situaciones que había despachos de abogados que se encargaban de denunciar planes generales de ordenación urbana para intentar extorsionar y chantajear a los municipios, por el riesgo que corrían de que pudieran ser tumbados", denunciaba hace unos días el secretario de Estado de Vivienda y Ordenación Urbana y exalcalde de Móstoles, David Lucas, en una comparecencia parlamentaria.
Además, cuando un plan urbanístico es anulado por cualquier error formal se vuelve al plan anterior, lo que supone tener que aplicar "planes antiguos absolutamente desconectados de la realidad", además de conllevar una nulidad en cascada de todo el planeamiento.
El Gobierno cree que esto ha provocado ya una "crisis en el sistema" que no solo pone en riesgo su credibilidad, sino que tiene efectos paralizadores de la actividad.
"Se cuentan por decenas los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se han anulado y que continúan anulándose, generando una amenaza grave para la seguridad jurídica, además de una paralización de la potestad planificadora de las Administraciones Públicas que provoca efectos muy negativos sobre los intereses generales", señala el texto que se debatirá el próximo jueves en el pleno del Congreso.
La reforma de la ley del suelo, que el Ejecutivo aspira a aprobar este año, también pretende agilizar la construcción de vivienda pública, con medidas como la eliminación del silencio negativo para la concesión de licencias y el encaje de fórmulas alternativas a la licencia.
Asimismo recoge medidas para acelerar los procedimientos asociados a la rehabilitación de edificios, permite cancelar el derecho de reversión en algunos supuestos de expropiaciones y regula la forma de calcular la indemnización a las empresas cuando se impida la promoción de nuevos desarrollos o se cambien las condiciones de los proyectos.
También da un plazo de un año al Ministerio de Vivienda para crear una plataforma telemática que sirva para agilizar la emisión de los informes sectoriales necesarios para elaborar los planes generales de urbanismo.
Según datos del PP, la actual "inseguridad jurídica" mantiene a un centenar de municipios y a cuatro millones de habitantes con su planeamiento y sus desarrollos urbanísticos "en vilo".
No obstante, considera que la reforma planteada es "insuficiente", porque no supone una verdadera alianza con la empresa privada.
"Podemos estar conformes con el objetivo final, pero no con la ambición que han puesto en esa ley. Si nos van a copiar, copiennos bien", pedía la diputada del PP Sol Cruz-Guzmán al secretario de Estado el pasado lunes en el Congreso.
La coincidencia en los objetivos y el hecho de que los 'populares' no hayan presentado una enmienda a la totalidad apuntan a que el PSOE podría apoyarse en ellos para sacar adelante esta reforma.
Las enmiendas a la totalidad de Podemos, ERC y Junts, que se debatirán en el pleno de este jueves, responden a motivos diversos, ya que mientras que ERC se queja de "invasión competencial", Podemos habla de una "legalización masiva de planes hasta ahora paralizados".
A su juicio, esta reforma "impediría que la ciudadanía recurra a los tribunales y ejerza la acción popular para paralizar aberraciones urbanísticas y medioambientales", sobre todo en las costas andaluzas y del Mediterráneo.
Su portavoz parlamentario, Javier Sánchez, cree también que serviría para desbloquear el proyecto Madrid Nuevo Norte (antigua Operación Chamartín), donde, según explica, no se pueden traspasar automáticamente los terrenos de Adif a la promotora Crea Madrid Nuevo Norte, porque los expropiados siguen teniendo su derecho de reversión por constancia registral.
