MURCIA. Una persona próxima, quizás a veces demasiado, es funcionari@ de prisiones y en alguna que otra ocasión he tenido que escuchar una reflexión sobre un hecho que le aconteció en sus primeros servicios, hace aproximadamente dos décadas, en la prisión, por aquel entonces provincial, de Sangonera. Según cuenta, en el departamento de internos con menor confianza -quizás por la protagonización de algún hecho violento con funcionari@s o compañeros de internamiento-se encontraba un penado, vecino de la Paz, el cual para realizar una llamada de teléfono tuvo que aplicársele el protocolo de seguridad existente (salida solo, previo cacheo y acompañado en todo momento); a los pocos minutos se le notificó por el juzgado procedente su puesta en libertad, los máximos rigores para el correcta realización de una simple llamada ahora se habían convertido en la más elevada expresión de la voluntad. Este párrafo no pretende, ahora que conmemoramos el 90 aniversario del voto femenino, convertirse en una apología al correccionalismo que expresó doña Concepción Arenal en muchas de sus obras sino en la constatación de que la prisión como las vacaciones en Key Biscaine (Miami) también van por barrios.
En concreto, y del que hablamos, es un barrio edificado a mediados de los años 60, en plena dictadura franquista, construido sin equipamientos urbanos y ocupado por familias procedentes de Ronda Garay o San Juan, de extracción obrera y muy lejos, a pesar de la cercanía, del modelo de Ciudad Jardín (inspirado por el socialista Owen) de la próxima Vistabella, con edificaciones más amplias y de mejor calidad -los destinatarios de los equipamientos eran distintos, exmilitares y viudas de guerra, de un solo bando, por supuesto-. A los nuevos residentes en el barrio de La Paz, ya por la época, les llamó la atención que les expropiaran para ubicarlos en pisos con dimensiones bastante inferiores a los 50 m2.
A pesar de, o quizás por, la impostura de la operación surgió una de las asociaciones vecinales más reivindicativas del municipio durante la década de los 70. Las malas condiciones de las edificaciones solo acentuarían el problema: humedades, aberturas en edificios, roedores. La estructura social del barrio actualmente obstaculiza cualquier tipo de actuación privada alejada de intereses espurios y poco consistentes, la renta media anual de sus 4681 habitantes no supera los 4533 euros anuales (cifra inferior incluso a la renta básica de inserción). Díganme ustedes si quien es incapaz de pagar una contribución puede realizar algún tipo de acometida en su vivienda. Por otro lado, el 60% de las vecinas y vecinos de La Paz, según el INE, no poseen el graduado escolar y 2 de cada 10 son mayores a 65 años. La conflictividad vecinal y el consumo y tráfico de drogas son a la vez causa y consecuencia de los datos ya señalados.
Recientemente se ha puesto sobre el tapete, y bajo iniciativa municipal, la creación de una mesa multidisciplinar que abarca todas las concejalías, con las vistas puestas en la regeneración del barrio en un plazo de 10 años que mejore variables tales como: seguridad, limpieza y empleo. Algunos de los aspectos sociales presentados en el anterior párrafo y que serían objeto de dicha mesa son meros síntomas de problemas más profundos: situaciones carenciales básicas, desigualdades irritantes y conflictos no resueltos. Una política social ambiciosa se convertiría en el mejor tratamiento dando a vecinas y vecinos de La Paz la posibilidad de participar en el bienestar de otras áreas urbanas.
Salvando las distancias y adecuándolas al momento temporal y a la realidad presupuestaria sería interesante establecer comparativas con el programa Movilization for Youth llevado a cabo en New York durante la Administración Kennedy y que consistió básicamente en la creación de oportunidades laborales para jóvenes con escasa cualificación mediante su inserción en centros de trabajo, bien escuelas taller o prácticas remuneradas mediante el recurso de bonificar a empresas contratistas en la cantidad necesaria; fomentar el asociacionismo vecinal, prestación de instalaciones y equipos para asesoramiento a familias para acceder a un amplio elenco de recursos: deportivos, ocio, médicos, intervención en adicciones, alimentarios y acceso a rentas, sean de inserción, desempleo, becas o ingreso mínimo vital y la que para mí es casi esencial, pues es el principal termómetro de la situación y su mejora, la creación de un cuerpo de educadores preparado para tratar a la juventud y la infancia (la policía local de barrio podría ser el embrión del mismo, pues la misma puede actuar en sus funciones sin uniforme y sus informes podrían ser vitales para una intervención más directa de los equipos de trabajo social). Estas acciones deberían ir acompasadas de la intervención urbanística en el barrio, reparación de edificaciones, humedades, fracturas y la intervención -junto a otras administraciones- en remodelaciones interiores de determinadas viviendas con carencias esenciales (Fondos Europeos) así como explorar la creación en el mediano plazo de un parque público de viviendas en la zona alejado de componentes especulativos.
En suma, desarrollar un espíritu de solidaridad, de comunidad en favor de este barrio que aporte trabajo, educación y oportunidades a jóvenes y no tan jóvenes, oportunidades que revertirán en tod@s, que no nos quepa ninguna duda.
Excurso: Como al empezar el artículo hice mención al tema no querría pasar por alto el conflicto laboral en que está incurso el colectivo de trabajadores y trabajadoras penitenciarios desde hace ya algunos años, piden sin ir más lejos formación, reconocimiento de la carrera profesional y adaptación de sus retribuciones al contexto actual. En su suerte va también la adecuación del marco resocializador y por tanto la armonía social y las segundas oportunidades a estándares aún si cabe mejores, no piden entonces demasiado.
Miguel Ángel Pagán.
Twitter: @pagnav_miguel
Economista.
Miembro del Grupo de Economía y Trabajo de Izquierda Unida en el municipio de Murcia.