Privacidad frente a seguridad: ¿más cerca de un 'Gran Hermano'?

Justo antes del puente de la Constitución ha entrado en vigor un decreto que establece nuevas obligaciones para los hoteles y empresas de alquiler de automóviles en relación con la recogida de datos personales, planteando serias dudas sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esa disposición, basada en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, argumenta que la ubicación y el uso de vehículos son elementos logísticos clave de estas actividades criminales. Sin embargo, este razonamiento proporciona la base para implementar un sistema de vigilancia masiva que afecta a todos los ciudadanos de manera indiscriminada, independientemente de si son sospechosos (o no) de haber cometido un delito. La nueva regulación exige la recopilación de información personal detallada, incluidos documentos personales, datos bancarios, información sobre otros viajeros o las relaciones familiares entre ellos. Esta recolección sistemática va un paso más allá de lo que tradicionalmente se venía haciendo, poniendo en cuestión los principios reconocidos por la normativa de protección de datos, por lo que se refiere a la necesidad de minimización y limitación a la finalidad para la que son necesarios los datos que se recopilan.

La apuesta por los sistemas informáticos y la telemática ayuda a crear bases de datos interconectadas que permiten un seguimiento detallado de los movimientos y actividades de los ciudadanos. Esta infraestructura digital, si bien es eficaz, plantea riesgos importantes de vigilancia masiva y posible uso indebido de la información, creando un efecto panorámico que, en el fondo, representa una forma sutil pero efectiva de control social.

Este nivel de normalización de la vigilancia tiene consecuencias de gran alcance para la libertad individual. Incluso en actividades perfectamente legales, la conciencia de una vigilancia constante puede conducir a la autocensura y a cambios de comportamiento.

El Real Decreto 933/2021 supone un paso más en la progresiva ampliación del control estatal sobre la vida privada de los ciudadanos. Si bien la seguridad pública es un objetivo legítimo, el equilibrio actual parece inclinarse peligrosamente hacia una vigilancia generalizada a expensas de la privacidad.

En mi opinión, sería necesario que hubiese un debate público sobre los límites del control gubernamental y la protección de las libertades civiles. El consumidor debe preguntarse si la pérdida progresiva de privacidad en beneficio de una supuesta mayor seguridad realmente supera el riesgo que representa para nuestros derechos fundamentales y si esas nuevas exigencias mantienen la proporcionalidad entre la seguridad y las libertades de una sociedad democrática.