CARTAGENA. El pasado 6 de abril el juzgado de instrucción número 4 de Cartagena dio al Gobierno de López Miras 20 días para crear una valla perimetral y frenar los vertidos de la balsa Jenny al Mar Menor. A pesar de que ha transcurrido más de un mes desde esa orden judicial, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha denunciado que "estos trabajos ni siquiera se han iniciado".
Marín ha visitado esta mañana las pedanías de El Llano del Beal y el Estrecho de San Ginés, los dos núcleos más afectados por las escorrentías de la balsa, y ha solicitado a a la justicia que actúe ante lo que considera "un caso flagrante de desobediencia a la autoridad judicial y un presunto delito continuado contra el medio ambiente".
La diputada morada ha criticado que la Consejería de Medio Ambiente haya tardado "nada más y nada menos que un mes" en declarar de emergencia estas obras, "una decisión que solo llegó el pasado 6 de mayo". Sin embargo, los trabajos continúan sin haberse iniciado, mientras que desde la Consejería se escudan en que no tienen todas las autorizaciones necesarias para comenzar con los trabajos. Una situación que desde Podemos consideran "surrealista", ya que "es la propia Consejería de Medio Ambiente el organismo que debe conceder los permisos".
La portavoz de Podemos ha recordado que la restauración de la balsa Jenny y de estos terrenos "lleva ya nada más y nada menos que 17 años dando vueltas", desde que en el año 2005 se trasladaron los residuos de la antigua balsa contigua al pueblo a su ubicación actual. Desde entonces, tal y como señala Marín, las escorrentías cargadas de metales pesados "recorren las calles de estos núcleos urbanos cada vez que llueve con cierta intensidad", algo que Podemos ya denunció el pasado 7 de abril, cuando las tormentas convirtieron El Llano del Beal "en un auténtico río tóxico".
La diputada ha destacado que, en su camino, "estos vertidos recorren el Llano del Beal, el Estrecho, afectan a un espacio natural como es el saladar de Lo Poyo, se infiltran en el acuífero del campo de Cartagena y en el de La Unión-Portmán y llegan al Mar Menor cargados de muerte".
La "negligencia" cometida con la Balsa Jenny dura ya 17 años en los que para la portavoz de Podemos, lo que ha marcado la actuación de la Consejería ha sido "la impunidad y la dejación de funciones a la hora de hacer cumplir la ley".
Para Marín, constituye "un escándalo" que ni el anterior consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, ni el actual Antonio Luengo, ni los responsables de Portmán Golf, dueños de los terrenos, "hayan respondido aún de esta tragedia”, por lo que ha reiterado la necesidad de hacer efectiva "desde ya mismo" la orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena del pasado 6 de abril.
La diputada ha llamado a actuar "con urgencia", ya que lo que está en juego es la salud de los vecinos y vecinas de las poblaciones afectadas". Una situación que también tiene consecuencias directas sobre el futuro del Mar Menor, ya que los vertidos de productos tóxicos "acaban en sus aguas, contribuyendo a dar la puntilla a un ecosistema que se encuentra completamente devastado".
Por último, Marín ha llamado al Ministerio de Transición Ecológica a poner en marcha cuanto antes el Plan de Regeneración ambiental de la Sierra Minera, movilizando los 40 millones de euros de fondos europeos Next Generation anunciados para este proyecto.
La diputada ha recordado que la promesa del Ministerio fue que estas actuaciones se llevarían a cabo en el periodo 2021-2023, pero que sin embargo "a mediados de 2022, aún no ha empezado a ejecutarse". Una situación que recuerda a la ya vivida con el Plan de Restauración Ambiental de Suelos Contaminados por la Minería, el Prasam, "anunciado a bombo y platillo por López Miras y Martínez Vidal en 2018, y del que nunca más se supo".
Marín ha exigido además al Ministerio que la restauración de la Sierra Minera comience en el Llano del Beal y en El Estrecho de San Ginés, en el corazón de la Sierra Minera y ha denunciado la existencia de fuertes presiones para comenzar en la balsa minera del Lirio "por su cercanía a La Manga Club". "El interés de una empresa no puede estar por encima de los derechos de los vecinos y vecinas, que llevan años expuestos a una contaminación bestial", ha concluido la portavoz de Podemos.
