MADRID. Colea la sentencia de los ERES y, al tiempo que no vamos enterando de ‘detallitos’ del sistema mafioso montado por el PSOE en torno a la Junta de Andalucía, asistimos a una nueva entrega de un fenómeno ya consolidado en España en los últimos años, el de los medios ‘detergentes’ de comunicación.
Son esos diarios -impresos o digitales, nacionales o locales-, cadenas de radio, canales de televisión y publicaciones de toda laya, también (o sobre todo) en las redes, que sin apearse de su condición de “periodistas”, arrastran el ya poco buen nombre de la profesión por los lodazales de la subjetividad, el sectarismo, la tendenciosidad y el servilismo, cuando no directamente la mentira y la calumnia.
Menciona Maite Rico, en su columna de El Mundo, el cada vez más habitual ejercicio del ‘perodismo’, en el afán de excusar las actividades corruptas, nepotistas, abusivas o directamente delictivas -con sentencia judicial- de los amigos poderosos, los que los mantienen a golpe de subvención y trato de favor. Ya saben: “sí, ocurrió pero…”
Y en el adversativo cabe cualquier cosa con el fin de blanquear los comportamientos desviados: no se llevaron un euro, crearon empresas, mantuvieron la paz social…
No es de ahora, ni pasa solo con el caso EREs (que no es sino el primero de los ciento cincuenta y tantos que se avecinan). Se hizo y hace lo mismo con los Pujol, con los independentistas, con los terroristas de ETA, con Otegui, con la financiación de Podemos, con la tesis doctoral de Sánchez: lavar la cara, las manos y los bajos de los 'amigos' en benefició de ¿qué? ¿De la democracia? No parece. ¿De los derechos y libertades? Pero solo de unos pocos y tendenciosamente, porque no a todos se les da el mismo trato. ¿De la convivencia? Pues tampoco, porque los españoles, que no son tontos, constatan la engañifa con cada vez mayor y más rápido discernimiento.
Que sí, que ya sé que la periodísticas son también empresas, con su cuenta de resultados, con sus gastos en equipo y personal. Y que los periodistas deben (deberíamos, la verdad) cobrar por su trabajo y para eso, una de dos, o los medios siguen vendidos a sus financiadores y favorecedores, o los ciudadanos tendremos (tendréis, queridos) que pagar más por la información para exigirle veracidad, imparcialidad, objetividad e independencia. Pero mientras una empresa quiera llamarse, o un profesional intitularse, periodista, bueno sería que nuestra labor en la sociedad mantuviera el compromiso con esos valores y el servicio que de nosotros esperan los ciudadanos.
Me remito, de nuevo al artículo de Maite Rico y suscribo textualmente su párrafo final: “es muy difícil reivindicar la sacrosanta misión de fiscalizar al poder cuando se antepone la defensa de unas siglas políticas a la decencia de la vida pública”. Y, miren, busquen, comparen y, si encuentran algo peor, no lo compren.
Antonio Imízcoz es periodista
