La declaración del estado de alarma del 14 de marzo de 2020, y el cese de la actividad judicial simultánea hasta su reanudación el día 4 de junio, ha dejado al descubierto los estertores de una profesión agonizante. La colección de defectos acumulados desde los últimos años empieza a ser preocupante para la Abogacía que ve perder la dignidad que ha venido a caracterizar a una de las profesiones más antiguas de la historia, con indudable influencia en el desarrollo de la sociedad de cualquier época. Su competencia directa, dentro de uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho, como lo es el Poder Judicial, ha hecho que el abogado siempre esté cerca de las decisiones trascendentes, velando por una verdadera tutela judicial efectiva, pues si bien las leyes son aprobadas por el legislativo y las sentencias son dictadas por los Jueces, son los abogados quienes presentan y defienden las controversias más insólitas y quienes interpretan la norma y la adaptan al caso concreto, buscando la solución que más justa parezca para el interés del cliente. A ello hay que unir la trepidante actividad extrajudicial y la labor extraordinaria en el ámbito laboral, mercantil y societario en donde la abogacía es todavía una herramienta de notable importancia en un sector empresarial cada vez más regulado. Puede parecer mera presunción pero la sociedad pierde con una abogacía decadente y sus efectos empezarán a verse muy pronto.
Es difícil empezar la colección de problemas pero resulta evidente que la profesión no ha sabido adaptarse a los importantes cambios que precisa para obtener la calidad y el reconocimiento deseados. Hoy en día, en la primera aproximación al Derecho, el estudiante que se incorpora a este oficio ve el acceso a Facultades masificadas, dentro de los números de corte más bajos, con ofertas de estudios de Grado on line a veces, ausencia de prácticas reales y con un examen de acceso a la profesión ridículo en exigencia, que en nada se parece a los bar examination anglosajones o a los exámenes de Alemania e Italia, encima de someterles a cursos máster obligatorios y a perder dos años de su vida en conseguir ese título habilitante. Pura ficción si lo que se pretende es exigirles la mayor formación y contar solo con los mejores, como debería ser para gestionar en el futuro tan importantes responsabilidades, pues un mal abogado, como un mal médico, es un peligro en ciernes.
Iniciado el ejercicio, pese a tratarse de un servicio público que debería ser esencial en el Estado para satisfacer el derecho de justicia gratuita a los que menos medios tienen, empieza a ser patético, para quienes se incorporan a los Turnos de Oficio, trabajar con remuneraciones miserables que no llegan nunca a pagarse a tiempo, insuficientes para satisfacer la dedicación, los desplazamientos o los suplidos, y que se ha convertido en toda una parodia, con abogados resignados e incapaces de reivindicar sus derechos, aprovechándose el Estado de que el número de colegiados es tan espectacular que siempre habrá un abogado claudicante que acepte el trato denigrante al que someten su profesión. Justicia para pobres defendida por abogados pobres. Eso es igualdad, sin duda.
Cítese como dato revelador de la imagen que proyecta la Administración de Justicia que los edificios públicos destinados a impartirla no responden a un criterio homologado, edificios que no reúnen las condiciones mínimas para dignificar su función, sin aire acondicionado en pasillos muchas veces, con mobiliario obsoleto, funcionarios hacinados y sistemas informáticos tan deficientes que han impedido continuar la actividad durante la pandemia, aunque actualmente empiecen a existir las llamadas de Ciudades de la Justicia en las grandes capitales. Es como si todo estuviera diseñado para convertir la Justicia en el peor servicio público del Estado.
Debemos unir a este cúmulo de despropósitos, como norma habitual, los atrasos de agenda en la celebración de juicios, en los señalamientos que saltan ejercicios, en las sentencias que tardan en ser dictadas más de lo deseable en vez de crear más Juzgados, siendo lo más probable que cualquier pleito acabe dos o tres años después de la presentación de una demanda, dando una imagen disuasoria de la Justicia como solución al conflicto, con lo que enseñamos a la sociedad que la Justicia no es un camino sino un último recurso, un auténtico desastre al que solo los abogados prestan cara pues son ellos los que han de dar las explicaciones a los clientes, contribuyendo a su propio deterioro personal y a su propia frustración, como personas que piensan en tener una profesión digna y en prestar a la vez un servicio a su sociedad. Así es difícil hacer vocación y corporativismo cuando casi todo es humillante, por no decir que esos atrasos sistemáticos son un puro anacronismo en una sociedad digital y moderna acostumbrada a recibir un paquete de Amazon a golpe de click al día siguiente de pedirlo.
Sin embargo la Agencia Tributaria es ejemplar en ese campo, tanto que, pese a estar confinados, sin trabajo y medio muertos algunos ciudadanos, como es el caso de quien les habla, ingresado en UCI por coronavirus y resucitado, hemos cumplido misteriosamente con todos nuestros pagos de golpe y sin aviso previo, después de la ridícula moratoria que nos han dispensado a autónomos, empresarios y profesionales. Ahí sí que la Administración funciona bien, lo cual es todo un misterio pues lo normal sería que la eficiencia presidiera todos los ámbitos, no solo el recaudatorio. Salvo para recurrir sus decisiones administrativas, por supuesto, que es un agujero negro, un pozo sin fondo a costa del contribuyente, con una vía económico-administrativa que puede tardar tres años en resolver un expediente normalmente con resolución pro fiscum para empezar el proceloso camino judicial.
Podríamos hablar también, dentro de esta decadencia, de esa excesiva soberbia de trato en Sala y del contenido de algunas resoluciones judiciales, provocada por la obligada y cortés sumisión del Letrado al Tribunal, que lo sitúa en tal estado de desigualdad ante los Jueces que, sin darse cuenta en ocasiones, partiendo de la propia frustración de estos últimos, se ve ninguneado ante las partes litigantes con continuas advertencias de brevedad en los informes, discusiones y antejuicios sobre cualquier incidencia o en la propuesta de alguna prueba que se tacha de impertinente con excesivo rigor, dejando ver la opinión de los magistrados al primer instante, convirtiéndose ellos mismos en una parte más de forma inconsciente, aunque se les exija imparcialidad. Y es que parecen hartos de todos nosotros pues la falta de afecto a la profesión, las agendas apretadas de algunos juzgados con diez señalamientos cada mañana, nuestras rutinas, nuestro pobre discurso, la mediocre calidad de nuestro trabajo contaminada de desidia y los juicios en masa, todos iguales, nos hacen desagradables ante los propios magistrados, sin que sepan el sufrimiento que hay detrás de esas togas y de esas corbatas o de esos ojos discretamente pintados. Esta situación, que denigra al abogado y al cliente, provoca que la importancia que todo asunto merece pierda la solemnidad y el respeto precisos, motivado por ser la propia profesión la mayoría de las veces la que no exige el trato debido, y esa falta de protección es la que da lugar a ciertos abusos contra un digno ejercicio.
La falta de consideración es tal que los Plenos de las Salas de las diferentes jurisdicciones, formadas por sus magistrados deciden últimamente para determinados recursos, con habilitación normativa o sin ella, el tamaño y tipo de la letra en los escritos a los Juzgados y Tribunales, los márgenes, el interlineado y la extensión, con número de folios incluidos, quince folios, por ejemplo, para una preparación de casación ante el Tribunal Supremo en Jurisdicción Contencioso-Administrativa, asuntos de extrema complejidad que precisarían de amplia libertad, con el único argumento “cateto” de que es lo que “se hace en Europa”, convirtiendo el acceso al recurso en un campo de minas que obliga al Letrado a dar mil explicaciones justificativas de su labor ante las expresiones de inadmisibilidad de sus escritos en los Autos que los rechazan, tan difíciles de entender para un cliente que lo único que lee es que su abogado no ha sabido hacerlo adecuadamente, por adolecer de toda una suerte de defectos solo a él reprochables. Por el contrario, encontrar una palabra amable para un Letrado cuando ha destacado su pericia o incluso cuando se le da la razón y se han estimado todos sus argumentos es misión imposible y si sucede es un milagro admirable, a ese Juez no se le olvida nunca.
Sin embargo, paradójicamente, todos los asuntos políticos son plenamente discutidos en tiempos razonables y llegan a la más alta instancia sin defectos. Incluso algunos condenados salen de las cárceles desde el primer momento. Al final a lo que asistimos indolentes es a la imagen de nuestra propia incompetencia, de nuestra aparente inutilidad, convirtiendo en una broma nuestro Estado de Derecho en perjuicio de nuestra sociedad, no solo del abogado, pues esta propuesta tan disuasoria, impedir el acceso a la tutela judicial, empieza a ser arma poderosa de la tiranía de nuestro Ejecutivo, de éste concreto, ejemplo de notorio abuso, con normas al gusto del que da la mayoría en el Gobierno, y de cualquier otro que le releve en el futuro.
Para terminar afrontamos un mes de Agosto inusual por tantas cosas, tantos motivos hay para elegir que hablar singularmente solo de alguno de ellos desmerece probablemente cualquier discurso, pues el Covid 19 ha machacado duramente esta sociedad acomodaticia en la que nos hemos creído intocables. Sin embargo lo último ha sido decretar el cese de la actividad judicial enviando a sus domicilios a todo el aparato judicial, provocando que durante tres meses un país no tenga el control judicial propio del Estado de Derecho, que uno de sus pilares sea aparentemente menos esencial que la pescadería, que el vendedor de móviles, que la peluquería, y que todo se haya hecho con el silencio consciente del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía, ante el que debería toda la profesión revelarse por su claudicación y servidumbre, por permitir, anuente, toda esta denigrante situación. No sabemos para qué sirve la más alta instancia profesional asociativa que nadie cuenta con ella para exactamente nada. Declarar hábil gran parte de Agosto solo para abogados y procuradores sin hacer lo propio con todos los Jueces y resto de funcionarios, es un agravio tan discriminatorio que pone en evidencia la infracción in pectore de un derecho que tiene todo trabajador. Esta privación del descanso tan selectiva, es ya lo último, afectando a la organización de los despachos y de las familias y sometiendo a extremo riesgo el control de plazos y la paz y serenidad que merece el momento que todos hemos pasado.
Para nada esta falsa actividad, pues esta medida no va a acelerar un sistema que está podrido por falta de inversión, por falta de control, por la falta de toda preocupación del Estado. A quién le importa la vida de un Abogado, hemos enseñado a esta sociedad durante la pandemia que somos totalmente prescindibles. Pero, mucho nos tememos, que la misma sociedad que asiste a nuestra defunción, lo sufrirá.
Seguro que este mensaje derrotista no será universalmente compartido por los grandes optimistas, qué suerte tienen, para ellos, felices vacaciones.
Antonio Fuentes Segura es abogado
