CARTAGENA. Navantia se ha visto obligada a volver a contratar a un trabajador que había iniciado una demanda contra la empresa pública y además la obliga a indemnizarlo, por lo que el juzgado de lo social 2 de Cartagena, daños y perjuicios.
Así lo hace público el diario El Confidencial, que añade que en la sentencia cuentan que existió "hostigamiento" sobre el ingeniero, algo que también experimentaron otros seis trabajadores que denunciaron estar subcontratados por otras empresas, cuando lo que sucedía, añade el diario digital, lo hacían para el astillero ubicado en Cartagena.
Afirma que fueron 14 los ingenieros que denunciaron dicha situación, aunque, aseguran la información hecha pública por dicho diario digital, siete decidió retirarlas, mientras que el resto continuó adelante. Por tal motivo, padecieron los efectos y dos fueron despedidos por su empresa, Primary Net, subcontratada por Navantia. Los cinco restantes -pertenecientes a las mercantiles Abance, Quest y Soologic- fueron trasladados por sus respectivos jefes a otras ciudades a petición del jefe de Recursos Humanos de Navantia.
Los demandantes, afirma El Confidencial, denunciaron una supuesta 'cesión ilegal' de trabajadores que dependen de empresas externas pero que llevan años destinados en Navantia. El objetivo del jefe de Recursos Humanos de la compañía a través de las mencionadas presiones, según considera probado la sentencia, era dar una reprimenda "ejemplarizante" a los 14 'atrevidos' con el fin de cortar por lo sano y "evitar futuras demandas de otros subcontratados".
Relata, por otro lado El Confidencial que el problema se originó el pasado 4 de noviembre, cuando tres ingenieros de Soologic -subcontrata de Navantia- denunciaron ante el Servicio de Mediación de Cartagena que estaban contratados por la citada empresa pero que en realidad llevaban años trabajando para Navantia, por lo que eran víctimas de una cesión ilegal de empleados por parte de su mercantil a la sociedad pública. Ese mismo día, otros 11 ingenieros de cuatro subcontratas más (Primary Net, Abance Ingeniería y Servicios, Quest Global Engineering y Applus Norcontrol) ejecutaron decidieron también denunciar en el organismo de arbitraje.
El 7 de noviembre, los responsables del departamento de Sistemas de Control comunicaron a los 14 denunciantes la decisión de la dirección tras conocer su iniciativa: o retiraban la demanda ante el servicio de mediación o "habría consecuencias", según recoge la resolución del juzgado de lo social 2 de Cartagena a la que ha tenido acceso El Confidencial. Los jefes de los ingenieros 'rebeldes' les dieron a estos un ultimátum para desistir de sus pretensiones: el plazo para echar marcha atrás acababa el siguiente viernes, 9 de noviembre.
Siete decidieron retirar las demandas por cesión ilegal y el resto siguió adelante. Finalmente, de seis de ellos, añade el diario digital, que también habían decidido seguir adelante con sus demandas cuatro, que estaban contratados por Abance y por Quest, habían sido trasladados a Cádiz y a Ferrol. Los dos que trabajaban para Primary, por su parte, habían sido despedidos, ya que esta mercantil no contaba con delegaciones en ningún otro astillero de España.
El ingeniero de Soologic siguió adelante con su denuncia y el 26 de diciembre el trabajador de la subcontrata "recibió una comunicación" de su empresa que le ordenaba su traslado a Sevilla "por indicación de Navantia". El cambio tendría una vigencia inicial de tres meses, la mercantil argumentaba "razones productivas y organizativas" y no descartaba ampliar la estancia en la capital andaluza más allá de ese periodo. Alberto B. G., sin embargo, no había sido el único que sufrió este tipo de represalias.
Mientras llegaba la fecha en la que se hacía efectivo el traslado, Alberto B. G. fue enviado a una zona destinada a acoger empleados externos de control de acceso hasta el 31 de diciembre. A partir del 4 de febrero, se dio de baja médica por ansiedad, una situación que la propia sentencia achaca al comportamiento hostil de la empresa. "Se han irrogado daños de orden material y moral al trabajador por el único y mero hecho de iniciar un proceso judicial que está amparado constitucionalmente", sostiene la resolución, que afirma que el ingeniero sufre desde noviembre.
En concreto, valora la resolución, ha sido expulsado de su puesto "antes de que finalice el contrato" y "proscrito" a otro lugar "junto a los que estaban en la misma situación, y a su vez separado de los que no habían reclamado o habían desistido". Además, continúa, "se ve obligado a pedir una licencia sin sueldo, a estar expuesto a un desplazamiento temporal a 600 kilómetros sin saber qué va a pasar después y a darse de baja médica por ansiedad a causa de la situación creada". "Y todo ello por ejercer una acción judicial que no se sabe qué recorrido puede tener y dirigirla contra una empresa que para colmo es pública", subraya el juzgado, que ordena tanto a Navantia como a la mercantil subcontratada, a la que considera corresponsable por asumir la represalia sin oposición "ni discrepancia alguna", hacerse cargo de la indemnización solicitada por Alberto B. G., que se eleva a algo más de 6.000 euros.
Desde el astillero, por su parte, explican a El Confidencial que recurrirán la sentencia. Argumentan que "el acceso a la plantilla" de la sociedad pública "ha de hacerse a través de los procedimientos acordados en el plan de empleo". "Todas las personas de las empresas colaboradoras que trabajan en Navantia dejan de prestar servicio en sus instalaciones a la finalización de sus contratos", sostienen desde la compañía, para argumentar que el servicio para el que estaba contratado el ingeniero que ha ganado la sentencia concluía a finales de año, extremo que para el juez no justifica la actuación de la mercantil pública.
