CARTAGENA (EP) Los ayuntamientos seguirán asumiendo la regulación de las licencias de taxi y de vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Región de Murcia, después de que la Asamblea Regional haya rechazado el proyecto de ley que modificaba la Ley 10/2014 del Taxi. La votación ha contado con el apoyo de Vox y el rechazo de PP, PSOE y Grupo Mixto a la modificación, lo que mantiene en vigor el decreto ley aprobado en junio.

El texto debatido daba continuidad al Decreto Ley 2/2025, convalidado por la Asamblea el pasado verano, que otorga a los ayuntamientos la competencia para fijar el número y condiciones de las licencias.

Durante el debate, los grupos de la oposición han coincidido en criticar que el Ejecutivo regional haya dejado en manos de los municipios la regulación del sector, mientras que el PP ha defendido que el modelo actual "garantiza el equilibrio, la estabilidad y la movilidad sostenible".

Desde el Partido Popular, el diputado Antonio Landáburu ha afirmado que el decreto "nació del diálogo con el sector del taxi, las VTC, los ayuntamientos y los consumidores", y que "protege la autonomía municipal y la convivencia equilibrada entre ambos servicios". Ha advertido, además, que "ni el desorden de Vox ni la burocracia del PSOE mejoran esta ley, que garantiza la estabilidad y la seguridad jurídica del sector".

Por el contrario, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha acusado al Gobierno regional de "dejar el futuro del taxi en manos de los ayuntamientos" y de "eludir su responsabilidad regulatoria".

Ha recordado que su grupo propuso que las nuevas licencias se concedieran con criterios medioambientales y de accesibilidad "vehículos adaptados y con etiqueta ECO o CERO", pero "todas las enmiendas fueron rechazadas". "El PP miente cuando dice que promueve la inclusión o lucha contra el cambio climático", ha afirmado.

El portavoz de Vox, Ignacio Arcas, ha calificado el decreto de "chapuza normativa" y ha advertido de que "va a generar 45 regulaciones distintas en la Región". "El Gobierno de López Miras ha hecho dejación de funciones y ha trasladado la responsabilidad regulatoria a los ayuntamientos", ha señalado, reclamando que "sea la Comunidad Autónoma quien fije el número máximo de licencias, como ya ocurre en Madrid".

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos (Podemos-IU-AV) ha denunciado que la norma "no regula prácticamente nada" y "mercantiliza un servicio público esencial como el taxi". "Se está dejando en manos del mercado un espacio que debe estar reservado a la Administración pública", ha subrayado.