MURCIA. Fernando López Miras tiene una misión: salvar el Trasvase Tajo-Segura. Una vez desvelados los planes del Ministerio para la Transición Ecológica, el presidente de la Comunidad ha intensificado su ofensiva para intentar frenar las futuras reglas de explotación que, según su lúgubre diagnóstico, "supondrán el fin de la agricultura de la Región de Murcia en 2027". El mandatario maneja tres frentes: Europa, el Congreso de los Diputados y, sobre todo, la negociación directa con Pedro Sánchez. La tercera es tal vez el papel más complicado por las diferencias políticas entre ambos, pero también el más decisivo, habida cuenta de que el Ministerio tiene la última palabra. Pese a todo, el lorquino no renuncia al encuentro con el presidente del Gobierno de España como puso de manifiesto en la carta enviada esta semana pidiéndole una reunión urgente.
A eses tres flancos se une que ha ofrecido prácticamente vía libre a los regantes para que usen todos los recursos del Ejecutivo regional: políticos, institucionales, jurídicos y administrativos. "Están a vuestra disposición", exhortó López Miras el pasado martes en el primer acto de protesta tras conocerse la letra pequeña de la actualización de los caudales del Tajo al Segura. Todos los presentes de aquel día se volcaron con el Scrats: desde las patronales empresariales de Alicante y la Región hasta las autoridades políticas, incluidas el president valenciano, Carlos Mazón, a quien Miras sigue llamando "mi amigo", y el consejero andaluz del ramo, Ramón Fernández-Pacheco. Todos se sumarán a las próximas movilizaciones en protesta, que se desplegarán por las tres provincias y también por la capital de España. La Región, Valencia y Andalucía, cuyas poblaciones suman más de 15 millones de habitantes, unidas en un frente común contra el Gobierno central.
La propuesta del Ministerio ha sentado como una bomba entre los regantes. No es para menos. El informe del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) recoge un planteamiento que, en la práctica, supone el recorte de hasta un 50% de los envíos de agua hasta 2027, al estimar que los embalses de la cabecera del Tajo pueden destinar al Levante las siguientes cifras: 320 hectómetros cúbicos este año; 278 hm3 en 2026 y 193 hm3 en 2027. Es decir: las nuevas reglas de explotación, en concreto, reducen de 27 a 24 los hectómetros cúbicos a trasvasar en el caso de que los embalses se encuentren en el nivel 2. En el nivel 3, se pasa de los 20 actuales a 11 hm3 en 2025, a 10 hm3 en 2026 y a 9 hm3 en 2027. Además, para llegar a ese nivel 3 hay que estar en un acumulado de 550 o 600 hm3, frente a los 400 hm3 de ahora. En el caso del nivel 1, se mantienen los 60 hm3 actuales, pero se sube el umbral de las reservas de Entrepeñas y Buendía de los 1.300 hm3 vigentes hasta los 1.600 hm3.
Ante este escenario, en el que la Comunidad no ve "ningún respaldo técnico ni científico", López Miras se comprometió el martes con los regantes el pasado martes a no desfallecer en su intento por hacer cambiar de opinión al Ejecutivo nacional. Incluso ofrece su lado conciliador, en un tema, el agua, en que ha sido precisamente beligerante, para "tender la mano" si eso ayuda a conseguir el objetivo. Pero también quiso lanzar una advertencia: si siguen las cartas sin responder y las llamadas sin contestar, "seré el primero en ejercer como murciano antes que como presidente". Y, como dijo en la última misiva enviada a Moncloa, no "claudicará" hasta encontrar la solución.
No será la única vía. También se reunirá en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, para “poner freno al atropello que es el recorte y el cierre del Trasvase Tajo-Segura", como así anunció el viernes en la Asamblea Regional. "Quieren condenar el futuro de la Región de Murcia”, pero, apostilló, “no lo vamos a permitir".
Además, este martes podrá exponer todos los argumentos -reiterado hasta la saciedad en los últimos días y que el presidente conoce de sobra- ante el Congreso de los Diputados. Es decir: no sólo tendrá el altavoz del Parlamento, con sus 350 diputados españoles, sino también el foco de la prensa nacional. En realidad, su cita en la Cámara Baja era una tarea pendiente desde 2023, cuando la Asamblea Regional acordó llevar a las Cortes Generales una proposición de ley para blindar el Trasvase. Por entonces, marzo de 2023, habían pasado dos meses de la aprobación de los planes de cuenca del Tajo, que ya implicaban un recorte a los envíos de agua. Pero aún faltaba "la puntilla", como es la actualización de las reglas de explotación, presentadas hace dos semanas. Y ahora, dos años después, el Congreso acaba de ordenar que se aborde esta cuestión.
López Miras sabe también que, además es un asunto clave para la economía regional y el futuro de los agricultores, el Trasvase es una cuestión política. El PSOE, por un lado, y Vox, especialmente, también se vuelcan en esta cuestión. Hay también mucho en juego en clave política. Y López Miras lo sabe. De hecho, en su cuentro con los regantes recordó que la primera reunión que mantuvo cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad, allá en la primavera de 2017 fue con el Scrats: los regantes, los primeros. Y ahora, siete años después, sigue dirigiéndose a ellos.
