MURCIA (EFE). La próxima Ley de Vivienda Asequible incluirá medidas para endurecer la ocupación ilegal en la Región de Murcia. Así lo anunció el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, tras iniciar con Vox la primera de las reuniones que llevará a cabo con todos los grupos políticos para consensuar la norma, que necesita del apoyo del Parlamento para que vea la luz.
Una de las novedades anunciadas fue el coto a los llamados 'okupas', pues el anteproyecto de ley recoge que "la persona adquiriente o arrendataria de una vivienda asequible no puede haber sido condenada mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante resolución administrativa firme en los últimos 10 años".
Además, tras este primer encuentro celebrado en la Asamblea Regional, Vox anunció que había logrado arrancar el compromiso del PP de retirar el ‘coliving’ (alquiler con servicios) y el ‘cohousing’ (vivienda colaborativa) del texto, dos de sus exigencias para conseguir su respaldo.
Cabe recordar que esta norma responde a uno de los proyectos estrella del Gobierno, que en primer lugar lo aprobó en otoño del año pasado como decreto, pero fue tumbado por la oposición. Poco después, la Comunidad anunció su intención de recuperar el texto como proyecto de ley.
El Ejecutivo quiere acelerar todo lo posible la actual tramitación. De hecho, el texto del anteproyecto de ley de vivienda asequible "está prácticamente ultimado y se aprobará en unos días", tal y como decía a principios de años el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.
Buscan un acuerdo político
García Montoro defendía al término de su encuentro con Vox que es esencial “alcanzar un acuerdo político” para aprobar esta ley, cuya finalidad es poner en marcha un paquete de medidas que faciliten el aumento de la oferta, la reducción de plazos administrativos y la movilización de suelo residencial, y que tiene como objetivo la construcción de 25.000 viviendas en los próximos años, destinadas sobre todo a jóvenes.
Para ello, ha empezado un proceso de diálogo para compartir el contenido del texto, explicar las principales medidas y recoger aportaciones, tras no ser ratificado por ninguno de los grupos de la oposición –Vox, PSOE y grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV)- el decreto ley llevado originalmente por el Gobierno regional a la Cámara.
Además de la norma 'antiocupación', otra de las novedades es la creación del Proyecto Unificado Residencial, una nueva figura que unifica en un solo procedimiento toda la tramitación necesaria para desarrollar un nuevo ámbito residencial, integrando planeamiento, gestión del suelo y evaluación ambiental simplificada.
El objetivo es reducir los actuales seis años de espera, pues la Comunidad busca con esta medida realizar de forma simultánea los procedimientos, lo que acortará los plazos para llevar a cabo los desarrollos urbanísticos.
Agilización administrativa
Así las cosas, tal y como explica la Agencia Efe, el anteproyecto de ley configura un marco normativo integral que introduce un nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, con un régimen jurídico propio dentro de la vivienda protegida, más flexible y adaptado a la realidad actual. La norma permite promover vivienda protegida tanto en régimen de alquiler como de venta, moderniza el modelo tradicional y reduce la carga burocrática para facilitar la viabilidad de nuevas promociones, según han indicado desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
En materia de agilización administrativa, la norma declara urgentes y de tramitación preferente todos los procedimientos vinculados a la vivienda asequible, incluidos los urbanísticos y las licencias, lo que permitirá reducir de forma significativa los plazos.
La norma flexibiliza además los instrumentos de ordenación urbanística para incorporar suelo residencial de forma más rápida, potenciando figuras como el estudio de detalle.
También permite el cambio de uso de oficinas o locales en planta baja para destinarlos a vivienda protegida y facilita la finalización de edificaciones y urbanizaciones inconclusas, siempre que al menos el 50 % se destine a vivienda protegida.
Otro de los ejes del anteproyecto de ley son las primas de edificabilidad, que podrán incrementarse hasta un 40 % cuando el inmueble se destine íntegramente a vivienda protegida, y hasta un 50 % en el caso de parcelas de titularidad pública. De esta forma, será posible compatibilizar la protección del patrimonio con la viabilidad de nuevos anteproyectos residenciales y la regeneración de los cascos urbanos.
Ni coliving ni cohousing
Por otro lado, la vivienda compartida, bajo la que se engloban los conceptos ‘coliving’ (alquiler con servicios) y ‘cohousing’ (vivienda colaborativa), no formarán parte de la nueva proposición de ley, tal y como afirmaba el portavoz parlamentario de Vox, José Ángel Antelo, tras reunirse con García Montoro.

- José Ángel Antelo y Rubén Martínez Alpañez. -
- Foto: VOX
La eliminación de ambos conceptos de covivienda, procedentes del mundo anglosajón, era una exigencia de Vox, que aboga por una “España de propietarios”, frente a un modelo que “condena a los jóvenes a vivir eternamente de alquiler o en soluciones precarias, sin estabilidad ni futuro”.
“El problema de la vivienda no se soluciona con más trabas ni con términos ingleses que maquillan la pobreza”, argumentaba Antelo, quien opina que “la vivienda que no se construye es la peor vivienda que podemos tener”. Por ese motivo aboga por la necesidad de bajar impuestos, aumentar las primas de edificabilidad y abaratar costes, con el objetivo de incrementar la oferta y facilitar el acceso a una vivienda en propiedad, especialmente a los jóvenes.
Antelo, en palabras recogidas por Efe, reivindicó que la vivienda es “una prioridad nacional, no solo para la Región de Murcia, sino para toda España”, y afeó que este diálogo con el Ejecutivo no se haya producido “hace meses, cuando se trajo el decreto a la Asamblea Regional”.
Además, en la reunión, Vox ha vuelto a poner sobre la mesa las mismas medidas que defendió cuando se debatió el decreto, apostando por la liberalización del suelo y por facilitar la construcción de vivienda. Entre ellas, ha mencionado que los suelos con uso hotelero puedan destinarse también a la construcción de viviendas, tanto de protección oficial —con prioridad nacional— como de vivienda libre, con el objetivo de que promotores y constructores “entiendan que la Región es un buen lugar para construir vivienda”.
Por último, el líder de Vox ha advertido de que su formación no va a colaborar “con la estafa permanente que suponen el Partido Socialista y el Partido Popular en materia de vivienda”, aunque “todo lo que Vox lleva diciendo desde hace mucho tiempo, parece que ahora el PP empieza a aceptarlo”.