MURCIA. Una semana después del varapalo de la oposición, el presidente murciano, Fernando López Miras, mueve ficha y reacciona para salvar el decreto-ley de Vivienda Asesquible, derogado el pasado viernes por los votos mayoritarios de PSOE, Vox y Podemos-IU. El mandatario anunció este jueves, durante la sesión de control, que el Gobierno regional va a tramitar el texto como proyecto de ley "inmediatamente". Este movimiento significa que la norma volverá a la Asamblea Regional y los grupos de la oposición podrán hacer sus aportaciones. 

Además, el presidente intentará acelerar el trámite para que sea una realidad cuanto antes. "La vivienda es una prioridad y, para acelerar su tramitación, acortaremos los tiempos y los plazos en todo lo que permita la ley", enfatizó el dirigente, que defendió que "era un buen decreto", "consensuado" con colectivos, entidades y organizaciones de la Región de Murcia". López Miras además acusó a la oposición de "bloquear" el decreto, pero, apostilló, “la actitud de la oposición no va a parar a este Gobierno”.

El Ejecutivo autonómico había aprobado a finales de septiembre esta normativa sobre medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística que hacer frente al actual problema de la vivienda. La norma quería promover la construcción de hasta 25.000 inmuebles asequibles en los próximos cinco años con precios de hasta 170.000 euros. Sin embargo, el PP, que gobierna en minoría, se quedó solo en su apoyo al decreto-ley y el texto fue derogado en la Asamblea. La oposición alegó que no hubo diálogo previo ni siquiera el PP les había llamado por telefóno para negociar las medidas.

“Es una norma que, al no ver la luz por su bloqueo, no va a poder convertir solares en hogares, no va a poder revitalizar nuestros cascos antiguos, y no va a poder concluir urbanizaciones inacabadas que podrían ofrecer oportunidades reales de vivienda asequible para miles de familias, especialmente jóvenes”, advirtió López Miras.

La derogación causó malestar entre las patronales de la construcción y la promoción inmobiliaria, dos sectores que se han involucrado en la elaboración de la normativa. Desde Frecom aseguraban que "el problema no había estado en el contenido, sino en la gestión política" y lamentaban la falta de diálogo: "No se ha producido el necesario diálogo previo entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios. No se ha buscado consenso. Esta forma de actuar genera frustración, paraliza soluciones y transmite inseguridad jurídica". Desde APIRM, por su parte, argüían que el decreto "tenía el propósito de mejorar la oferta de vivienda asequible, tan necesaria en la Región", y contenía medidas "acertadas para ello". Y apuntaban que "existen fórmulas para enriquecer y mejorar la norma sin perjudicar a los ciudadanos, que son los verdaderos beneficiados de este decreto, pero la falta de diálogo y la desconfianza entre los grupos políticos han tumbado esta posibilidad".

López Miras, que este jueves habló de esta cuestión a preguntas del portavoz parlamentario del PP, defendió que "una vez alcanzado ese consenso social, lo normal sería que llegara el momento del diálogo político en el trámite parlamentario" pero "la oposición había dado un portazo sin justificación". Ahora, añadió, "volveremos a traer el proyecto y ustedes tendrán que retrartarse", en referencia a los tres partidos de la oposición. A su juicio, "las medidas que tiene que aprobar el Gobierno autonómico para que la Región avance no pueden estar supeditadas a los intereses partidistas y políticos de la oposición en la Asamblea Regional. Pese a la actitud de la oposición, no van a parar a este Gobierno".