MURCIA. A las 11 y media de la mañana, casi al mismo tiempo que José Ángel Antelo soportaba los cánticos de Víctor Egío -"No sobran inmigrantes, sobran fascistas"- en una Santa Cruz blindada por agentes de la Guardia Civil, el PP despertaba de su letargo y cita a la prensa para "una convocatoria urgente". Ellos también tenían algo que decir. Ya conocían los movimientos de sus competidores electorales: la convocatoria de Vox en el centro de menores Rosa Paños, alentada por sus dirigentes en redes sociales "para despedir a los menas"-, la sorprendente decisión de Francisco Lucas de intervenir y ordenar a los agentes que impedieran el acto de Vox y la presencia de un grupo de Podemos la pedanía murciana para caldear el ambiente. Todos habían movido ficha, pero los populares no habían dicho nada al respecto... hasta el mediodía del miércoles. Sin medias tintas, Joaquín Segado, el portavoz parlamentario y una de las personas más próximas a López Miras, censuraba el "indecente" y "vergonzoso" acto de Vox en los aledaños del complejo de menores.

La declaración del PP es algo más que un mero gesto político: pone fin a la tregua; supone el adiós a la paz que habían mantenido con Vox en aras de amarrar los Presupuestos. Las cuentas, que requirieron de hasta seis meses de tira y afloja, con cesiones y pactos mediante, son una realidad desde el pasado 24 de julio. El PP ya no necesita a Vox. Al menos, no en este 2025. Otra cosa serán las cuentas de 2026. En la política regional sobrevuelan aquellas palabras cazadas en un audio del consejero andaluz de Ciudadanos Juan Marín, quien decía: "No nos interesa aprobar los Presupuestos en un año electoral". Pero esa es otra pantalla del futuro; ahora la política se sitúa en el arranque del curso de septiembre, con todos los alfiles lanzando sus movimientos. Y el PP, liberado de la misión de los Presupuestos, no se quiere quedar atrás. 

“Es vergonzoso e indecente, desde el punto de vista político, que un partido como Vox haga una convocatoria en la puerta de un centro de menores con el único objetivo de generar tensión social”, recriminaba el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP. “Que se ponga en el punto de mira y que se criminalice a niños y menores acogidos en un centro es una enorme irresponsabilidad”, recalcaba Segado. Aunque sus críticas también se dirigieron al PSOE -"Vox enciende la hoguera y el PSOE le echa gasolina"- el receptor del mensaje era principalmente uno: su antiguo aliado. “Hay determinadas líneas rojas que en política no se deberían traspasar, pero estamos viendo cómo hay partidos políticos que sólo actúan por lo que le dicen las encuestas, no por el interés social".

Por si quedaban dudas, el Gobierno regional también se posicionó. Y lo hacía a través de Marcos Ortuño, portavoz de la Comunidad y hombre cercano al presidente. Para él, es “una irresponsabilidad” que Vox haya acudido a las puertas del centro “con discursos y declaraciones radicales que además no tienen ninguna base ni fundamento legal”. Esos menores, añadía, “no merecen el 'show' de unos ni de otros para pescar votos en ríos revueltos". Son, apostillaba, “el último sitio al que debe acudir un político para buscar votos”, porque "se puede discrepar" de la política de migración del Gobierno español sin “utilizar a menores que no tienen familia ni hogar ni arraigo".

Ortuño también rechazó la última petición de Vox, que no sólo conforme por arrancar el compromiso de clausurar el complejo de Santa Cruz había exigido el cierre de todos los centros de menores no acompañados dependientes de la Comunidad Autónoma (que cuenta con 40 instalaciones que dan cobijo a 700 menores). El consejero tachaba de "irresponsable" e "indecencia política” la propuesta de Vox de echar el cierre a todos los centros, porque, aducía, en esas instalaciones residen niños españoles y extranjeros desamparados. "No es sensata, legal ni razonable" para esos 700 menores, la mitad españoles. "Entre ellos hay bebés", remarcaba. “¿Qué hacemos con esos menores? ¿Los dejamos en la calle, sin hogar, sin ningún tipo de arraigo, para que acaben siendo un problema de seguridad y orden público?”, declaraba, en palabras recogidas por la Agencia Efe.

A pesar de que las cuentas se aprobaron en julio, ahora quedan lejos los tiempos en los que, con los Presupuestos a punto de llegar a su día clave, la Consejería de Política Social daba marcha atrás y anulaba su intención de comprar viviendas para alojar a menores inmigrantes. La orden llegó a aparecer en el BORM, con una partida de 7 millones. Pero Vox, a través de Santiago Abascal, amenazó con bloquear las cuentas si la Región no reculaba. "Rectificar es de sabios. No volverá a suceder", admitía la consejera Conchita Ruiz. Aquel movimiento pudo de manifiesto la dependencia de Vox. No fue la única, también hubo otras como la retirada del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroaquí, que recibían unos 300 escolares en la Región.

A nadie se le escapa el horizonte de las elecciones de 2027. La legislatura ha estado marcada por las idas y venidas en la relación del PP con Vox. López Miras ha tenido que aceptar a Vox como inexorable compañero de viaje, como socio irremediablemente necesario para conseguir la investidura y poder ejecutar sus políticas: primero como dócil socio de Gobierno, después como molesto socio parlamentario con el que había que templar los mensajes. Ahora empieza otra etapa. ¿Cuánto durará?