Tal sólo un día después de acusar a su antiguo socio de "populismo barato" por querer acabar con las ayudas públicas a los partidos, los sindicatos y la patronal, el PP se mueve y concede un guiño a Vox con la esperanza de allanar el camino de los Presupuestos. Los populares rescatan uno de los puntos firmados en el acuerdo programático que propició la coalición en el verano de 2023 (que, recordemos, casi acaba con una repetición electoral) y se comprometen a reformar la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia, la norma autonómica que regula precisamente las subvenciones públicas a las organizaciones sindicales y empresariales. A cambio, Vox retiró antes de la celebración del pleno su reciente propuesta para acabar con la obligatoriedad de estas cuantías tras tener constancia de que los Servicios Jurídicos habían advertido de indicios de inconstitucionalidad. 

Todos estos movimientos, que han llegado incluso a causar el malestar de la patronal, con réplica incluida de su presidente incluido ("No somos una moneda de cambio", clamó Miguel López Abad), tienen un objetivo final en el horizonte: los Presupuestos. Así lo reconocía el propio portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, cuando, minutos antes de que comenzara el pleno, expresaba "su voluntad de cumplir" el apartado número 25 del pacto de investidura "en el marco de un deseable acuerdo presupuestario", que esperaba que "pueda producirse en un futuro cercano". Su homólogo, José Ángel Antelo, admitía que había que corregir su reforma, pero, sobre todo, recogía el guante de los populares: "Como bien ha dicho el portavoz del PP, antes de la tramitación de los Presupuestos y en el caso de que lleguemos a un acuerdo, llevaremos esta modificación de la ley a la Asamblea, ya sea solos o bien de la mano del PP".

Aquella promesa suscrita en 2023 para reformar la Ley de Participación Institucional parecía condenada al olvido tras la ruptura de la coalición en julio de 2024. Pero ahora ambas formaciones volverán a retomarla a pesar de que ya había generado roces en el pasado por la interpretación de su contenido. Para los populares no significaba respaldar la eliminación de las cuantías, sino mejorar la eficiencia en el control del gasto público. Para Vox implicaba acabar con la obligación de las ayudas. En concreto, el punto 25 decía así: "Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos". En cualquier caso, y tal como desvelaba López Abad, la confederación de empresarios recibe 400.000 euros, el 25% del presupuesto, tras recortarse la partida en unos 130.000 euros al comienzo de la legislatura por la petición de Vox para la investidura de Fernando López Miras.

Las cuatro advertencias de los Servicios Jurídicos

El PP hace hincapié en que busca primar el método de "concurrencia competitiva" frente al modelo de "subvención directa". "En eso estaremos", remarcaba Segado. Antelo, eso sí, insistía en que tienen muy claro que "se tiene que quitar la obligación de pagar a los sindicatos y empresarios", pero su propuesta de reforma de la Ley 5/2017 de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia se tropezó con los Servicios Jurídicos de la Cámara. Los juristas aprecian varios errores, consideran que puede conculcar contra un artículo de la Constitución y entienden que se traspasan competencias que no son autonómicas, tal y como recoge el informe, consultado por la Agencia Efe. 

Primero, la fecha de entrada en vigor, fijada para el 1 de enero, es de "imposible cumplimiento, por lo que, en el caso de aprobarse la Iniciativa, su contenido sería ab initio (desde el principio) inaplicable”. Segundo, la iniciativa "incurriría en un vicio de inconstitucionalidad, ya que las disposiciones restrictivas de derechos no pueden tener carácter retroactivo". Tercero, “supone una carga y limitación para las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la participación institucional, que podría afectar a la libertad que les reconoce el artículo 7 de la Constitución Española en el ejercicio de su actividad”. Y cuarto: "Es contraria a la normativa básica en materia de subvenciones a la que está sujeta la Comunidad Autónoma, y excede, por tanto, de la competencia de desarrollo que a ésta corresponde en la materia".

Vox, por tanto, revisará el texto. Y, mientras tanto, el PP gana tiempo para las negociaciones en plena escalada de las exigencias de Vox, que desde que el pasado 9 de febrero Santiago Abascal acudiera a Murcia no ha parado de ampliar sus reclamaciones para su apoyo en las cuentas.