MURCIA. Rechazo frontal y al unísono. Ninguno de los partidos se suma a la propuesta de Vox de eliminar las ayudas a las formaciones políticas en la Asamblea Regional. PP, PSOE y Podemo se oponen, con argumento similares: desde el "populismo barato" que le afea el PP hasta "la demagogia al estulo Trump y Milei" que le recrmina el PSOE, pasando también por el "engañabobos" que le reprocha Podemos.

El líder de Vox, José Ángel Antelo, exigía  "pasar la motosierra", parafraseando al presidente argentino, Javier Milei, y para ello había registrado una moción en la Cámara para ordenar al Parlamento "de modo inmediato" la eliminación de "las partidas presupuestarias destinadas a cualquier ayuda o subvención". Según sus cuentas, "el PP cobra cada mes 68.135 euros; el PSOE, 45.455; Vox, 34.115 y Podemos, 14.270". Esto es, afirmó Antelo, "un robo legalizado". Cada partido político, sindicato o patronal, pedía, "debe vivir de la cuota de sus afiliados y, si no pueden, tendrán que cerrar", pues "los únicos jefes que tenemos son los ciudadanos de la Región de Murcia y el interés general".

"¿Renunciará a los 10 millones en ayudas?"

Joaquín Segado, el portavoz del PP, se preguntaba irónicamente si Vox "va a renunciar a los 10 millones de euros de ayudas públicas que recibió en 2023 para sus gastos de funcionamiento" en toda España. También argumentaba que "más del 80% de la financiación de su partido tiene su origen en dinero público" y añadía que "la formación que preside Abascal recibió 14,4 millones de euros de ingresos públicos de origen electoral". Por eso, apuntillaba, "si actuara con un mínimo de coherencia, el señor Antelo debería extender la motosierra a todas las asignaciones de dinero público de las que se beneficia Vox a nivel regional y nacional". Segado también esgrimiía que "el dinero público que reciben las formaciones políticas está auditado y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas".

Vox reaccionaba a estas palabras del PP: "Vox empieza por las competencias que tenemos, que son regionales. Ya hicimos iniciativas similares en otras regiones y en otros momentos, y cuando podamos, las eliminaremos por completo. Es nuestro ideario fundacional".

"Un disparate"

Desde el PSOE opinaban que Vox "quiere meter la motosierra a los derechos de la ciudadanía". Carmina Fernández, vicesecretaria general y portavoz del PSRM, considera que las declaraciones de Vox "son un verdadero disparate", pues, agregaba, "en una democracia, los ciudadanos y ciudadanas participan a través de las organizaciones sociales, sindicales, empresariales y políticas" y su "verdadera intención es amordazar a quien no piensa como ellos". Además, criticaba que "como siempre, Vox se inventa problemas que no existen para intentar sacar rédito electoral, en lugar de hablar de los problemas reales de la ciudadanía de la Región de Murcia y, además, lo hace con datos falsos y bulos".

"Nadie chupa más del erario público que Abascal y Vox"

El diputado de Podemos Víctor Egío señalaba quue "nadie ha chupado más del erario público que Santiago Abascal y Vox": "Es llamativo que la propuesta venga del partido de un señor que no ha cotizado ni un día fuera de la política y de un partido al que en la Región solo se le conoce un logro: crear el chiringuito del Comisionado de la Transparencia para colocar a una asesora de Antelo con más de 80.000 euros de sueldo al año y a los enchufados del partido", manifestaba. Y alegaba que la iniciativa es un "engañabobos" porque la moción pide que "se ordene la eliminación de las partidas presupuestarias destinadas a cualquier ayuda o subvención a partidos políticos", pero "las asignaciones regionales son a los grupos parlamentarios, no a los partidos. Y, de esas asignaciones, añadía, "la moción lo único que dice es que hay que destinar los sobrantes de la asignación legal que no sean esenciales para el funcionamiento del grupo (...) a paliar la maltrecha economía regional", por lo que se cuestionaba, también con ironía, "qué es lo esencial y cuáles son los sobrantes".

Esta petición de Vox llega una semana después de exigir la reforma de la Ley de Participación Institucional para eliminar con las ayudas de la patronal y los sindicatos. El presidente de la Croem, Miguel López Abad, reaccionó con dureza, oponiéndose y lanzándole un dardo: si pretenden que los empresarios “vayan de gratis” a 87 organismos, entidades y comisiones de la Comunidad, "habría que plantear también a los políticos que no reciban una remuneración, por ejemplo, por su asistencia a los plenos y comisiones de la Asamblea Regional".

De hecho, Podemos también reaccionaba y su diputado Víctor Egío se reunía este lunes en la sede de Comisiones Obreras con el secretario general del sindicato, Santiago Navarro, al que ha trasladado, "en nombre de Podemos, todo" su "apoyo frente al ataque a las organizaciones y la lucha sindical que representa la modificación de la Ley de Participación Institucional".