MURCIA (EFE) Partido Popular y Vox han expresado este martes su deseo de retomar el pacto de investidura de septiembre de 2023 en lo relativo a modificar la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia para tratar, de esa forma, de llegar a un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de este año.

En el pleno matinal de hoy, el grupo parlamentario Vox ha decidido retirar su propuesta de reforma de la citada ley para eliminar las subvenciones a patronal y sindicatos tras las advertencias sobre una posible "inconstitucionalidad" realizadas por los servicios jurídicos de la Cámara.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, había pedido a los de Abascal la retirada de su propuesta atendiendo al informe de los servicios jurídicos, y ha mencionado también el deseo del PP de llegar a un acuerdo presupuestario con Vox “en un futuro cercano”, para lo que ha ofrecido retomar el Pacto de Investidura en lo referido a la Ley de Participación Institucional.

En concreto, el punto 25 del acuerdo de investidura PP-Vox dice que "se modificará la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos”.

El portavoz parlamentario de Vox, José Ángel Antelo, ha escuchado los argumentos de Segado y ha reiterado que su partido tiene "claro que se tiene que quitar la obligación de pagar a los sindicatos y empresarios”, si bien se ha mostrado abierto a "modificar algunos detalles" de la proposición de Ley antes de llegar a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025.

Por ello, Vox revisará las cuestiones planteadas por los Servicios Jurídicos y volverá a presentar la proposición de Ley “de la mano del PP o solo”, ha apuntado Antelo. El Pleno ha proseguido con el desarrollo previsto en la sesión matinal de la Cámara.

Según el informe de los servicios jurídicos, fechado a día de ayer, 17 de febrero, la propuesta de Vox había fijado como fecha de entrada en vigor de la modificación de la Ley el 1 de enero de 2025, lo que “es de imposible cumplimiento, por lo que, en el caso de aprobarse la Iniciativa, su contenido sería ab initio (desde el principio) inaplicable”. Añade que si la pretensión es que la norma surta efectos desde enero de 2025, “la Iniciativa incurriría en un vicio de inconstitucionalidad, ya que las disposiciones restrictivas de derechos no pueden tener carácter retroactivo”.

Vox había presentado su proposición de Ley el 4 de diciembre de 2024. Al ordenarse para su votación en Pleno en febrero de 2025, la fecha de entrada en vigor que había en el texto se ha sobrepasado.

También advierte que eliminar estas subvenciones “supone una carga y limitación para las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la participación institucional, que podría afectar a la libertad que les reconoce el artículo 7 de la Constitución Española en el ejercicio de su actividad”.

Finalmente, señala que la previsión que contiene la Iniciativa “es contraria a la normativa básica en materia de subvenciones a la que está sujeta la Comunidad Autónoma, y excede, por tanto, de la competencia de desarrollo que a ésta corresponde en la materia”.