MURCIA (EUROPA PRESS). Ya es oficial. La Región de Murcia cuenta ya con una ley para sancionar las agresiones a sanitarios desde el punto de vista administrativo. Las multas oscilarán desde los 300 euros para los casos más leves hasta los 30.000 euros para las ocasiones más graves. El texto original recogía multas de hasta 600.000 euros, pero finalmente se ha quedado en un máximo de 30.000 euros, siguiendo el criterio de los Servicios Jrídicos de la Asamblea. La norma se publicará en el plazo de dos semanas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), cuyo texto indicará su entrada en vigor.

La norma, además, ha salido adelante por el acuerdo de todos los grupos políticos. La Asamblea Regional, en concreto, ha dado luz verde por unanimidad al Dictamen de la Comisión de Sanidad y Política Social a la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones, quedando por tanto convertida en ley de la Comunidad Autónoma.

Tres categorías: leves, graves y muy graves

Las sanciones que prevé la ley se dividen en tres categorías, en función del riesgo para la salud, el grado de intencionalidad, la gravedad de la conducta y de la alteración sanitaria y social producida, además de la reincidencia: leves, graves y muy graves.

Las infracciones leves se castigarán con multas de entre 300 y 1.000 euros en los grados mínimo, de 1.001 hasta 2.000 euros en el grado medio, así como de 2.001 hasta 3.000 el grado máximo.

En el caso de las infracciones graves, se recogen de 3.001 hasta 7.000 euros en el grado mínimo, de 7.001 hasta 11.000 para supuestos medios, así como de 11.001 hasta 15.000 para el nivel máximo.

Y con las infracciones muy graves, se prevén sanciones de desde 15.001 hasta 20.000 € en grado mínimo, 20.000 hasta 25.000 euros en grado medio, además de 25.001 hasta 30.000 euros para el escalón máximo.

Además de las sanciones pecuniarias, también se quiere imponer como sanción accesoria por la comisión de las infracciones administrativas previstas en esta Ley, el cambio obligado de facultativo o profesional sanitario y, en su caso, de servicio o centro sanitario.

Una ley con varias aportaciones

Fuentes de Europa Press explican que durante todo el mes de mayo diferentes colectivos y sindicatos han participado en las Audiencias Legislativos sobre esta proposición de ley. UGT, CCOO, el Colegio de Médicos y el de Enfermería, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia y SATSE presentaron sus propuestas y puntos de vista en la Comisión.

Sus aportaciones, destacadas por todos los diputados durante sus intervenciones, han conseguido una ley "más sólida, garantista y útil", ha señalado su impulsor, el parlamentario del Partido Popular (PP) Antonio Martínez Pastor, quien afirmó que las agresiones a profesionales sanitarios "representan una fractura moral que una sociedad no puede normalizar". Además de respuestas políticas, también abogó por "recuperar el respeto social".

La oposición pide más medidas

Por su parte, los partidos de la oposición han pedido al Gobierno regional actuar sobre las listas de espera y la falta de personal. "La mayoría de las agresiones son fruto de un sistema tensionado", enfatizó la diputada socialista María Soledad Sánchez Jódar. Por lo que reclamó al Gobierno regional que "aborde el clima de tensión que existe en el Servicio Murciano de Salud".

En este sentido también se expresaba la diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, que solicitó "actuar desde la prevención" para lo que considera que el Ejecutivo autonómico debe "reforzar e implantar en todos los centros sanitarios cuantas medidas de seguridad sean necesarias".

La parlamentaria también mencionó la saturación de centros sanitarios y a la sobrecarga asistencial como motivos que "contribuyen a generar un clima de tensión" por lo que ha pedido reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-AV, celebró que este miércoles la Asamblea regional haya dado "su mejor cara" al votar por unanimidad esta ley. Aun así, recriminó una de las enmiendas presentadas por su grupo y que finalmente no ha sido incluida en el texto definitivo por considerarse un tema tangencial relativa al agravamiento de las sanciones por cuestión de género, "una cuestión que no debemos abandonar".

Su compañera de bancada, la diputada de Podemos, María Marín, subrayó que la ley incluya la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad cuando se trata de infracciones leves, para que no se eviten en el caso de personas insolventes.

Para Marín las agresiones a sanitarios son "la punta del iceberg de un malestar muchísimo más grande en el sistema de salud" por lo que demandó "un trabajo de prevención 'a priori'" relativo a la falta de personal, hacinamiento de pacientes o el cierre de consultorios en determinadas épocas del año. "Es el caldo de cultivo de esta violencia", ha señalado.

La Región, referente nacional

Por último, la diputada popular María del Carmen Ruiz Jódar puso el acento en que esta ley sitúa a la Región "como referente nacional" en la lucha contra las agresiones al personal sanitario. Así, resaltó que las enmiendas de su partido han permitido incluir que será la Administración la que actuará de oficio ante una agresión o que las sanciones se extiendan a familiares y acompañantes.

No en vano, la ley recoge que las sanciones también se apliquen a quienes cometan las agresiones a través de redes sociales o cualquier otro medio de difusión, así como los daños realizados de forma intencionada contra las instalaciones, pertenencias y patrimonio del personal y la posibilidad de que la persona agresora sea reasignada a otro profesional, unidad, servicio o centro sanitario.

Ruiz Jódar, por último, criticó que el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad no presenten una ley nacional contra las agresiones pese a haber sido solicitada por el PP y por colectivos sanitarios y colegios profesionales. "Sería lo lógico, sin embargo la respuesta ha sido nula y las agresiones siguen creciendo", ha concluido.