MURCIA. Los médicos murcianos secundan el espíritu de la futura ley que sancionará por la vía administrativa las agresiones al personal sanitario en la Región de Murcia. Pero piden que se revise el texto para que sea más preciso. Esta fue una de las ideas que este lunes se escucharon durante la Comisión de Sanidad y Política Social. Este órgano de la Asamblea Regional, que se ha reunido esta mañana en una triple sesión, comenzó el proceso de audiencias legislativas sobre la llamada Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones, formulada por el grupo parlamentario Popular.

Cabe recordar que a mediados de abril el Parlamento dada luz verde por unanimidad a la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia. La norma aún no está en vigorr. Las sanciones que prevé la ley se dividen en tres categorías, en función del riesgo para la salud, el grado de intencionalidad, la gravedad de la conducta y de la alteración sanitaria y social producida, además de la reincidencia: leves, graves y muy graves.

Las infracciones leves se castigarán con multas de entre 300 y 1.000 euros en los grados mínimo, de 1.001 hasta 2.000 euros en el grado medio, así como de 2.001 hasta 3.000 el grado máximo. En el caso de las infracciones graves, se recogen de 3.001 hasta 7.000 euros en el grado mínimo, de 7.001 hasta 11.000 para supuestos medios, así como de 11.001 hasta 15.000 para el nivel máximo. Y con las infracciones muy graves, se prevén sanciones de desde 15.025,31 hasta 30.000 € en grado mínimo, 30.001 hasta 45.000 euros en grado medio, además de 45.001 hasta 600.000 euros para el escalón máximo.

Además de las sanciones pecuniarias, también se quiere imponer como sanción accesoria por la comisión de las infracciones administrativas previstas en esta Ley, el cambio obligado de facultativo o profesional sanitario y, en su caso, de servicio o centro sanitario.

Comparecencias

La primera en comparecer fue la secretaria general de UGT Región de Murcia. Francisca Sánchez Salmerón, que es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina de Urgencias y Emergencias, considera que “la ley puede ser un avance, pero es insuficiente sin una estrategia global que refuerce plantillas, mejore la organización y garantice una atención sanitaria digna".

La líder sindical ha valorado la creación de un régimen sancionador contra las agresiones al personal sanitario, pero advierte de la necesidad de medidas estructurales que reduzcan la presión asistencial y refuercen la prevención, para resolver el problema: “Las agresiones están ligadas a sobrecarga asistencial, listas de espera, saturación de urgencias y falta de personal, y solo se denuncia el 40% de los casos. Por eso, reclamamos que los procedimientos sancionadores puedan iniciarse de oficio. Además, las mujeres son casi el 60% de las víctimas. Esto se debe a la feminización del sector y a la persistente desvalorización de los cuidados”.

Sánchez Salmerón también adivrtió de que “el texto contiene conceptos jurídicos indeterminados y algunas sanciones pueden tener un efecto limitado” y lamentó que “las organizaciones sindicales no hayan sido escuchadas en la elaboración de la norma”.

A continuación, fue el turno del presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. Francisco Miralles Jiménez secundó la Proposición de Ley “por su necesidad real”, aunque hizo hincapié en que debe perfeccionarse técnicamente “para garantizar seguridad jurídica, evitar incertidumbres interpretativas y asegurar una aplicación efectiva en la práctica”.

Miralles Jiménez reflexionó que las agresiones a sanitarios son un problema estructural y en crecimiento: “No se trata de episodios aislados, sino de una tendencia sostenida que incluye tanto agresiones físicas como verbales. Este fenómeno afecta directamente a la calidad asistencial, a la organización de los servicios y genera un impacto económico y profesional relevante en el sistema sanitario”.

De ahí, apostilló, la necesidad de la norma “para actuar frente a conductas que no alcanzan relevancia penal, pero exige una regulación precisa: ampliación de sujetos responsables, mejor definición de las conductas y mecanismos que permitan a la Administración actuar de forma eficaz, incluso de oficio”.

Finalmente intervino el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO Región de Murcia. Miguel Ángel López Lozano propuso que se modifique el título y se identifique el destino de la norma a todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público de la Región de Murcia.

También mencionó varias aportaciones significativas al texto: “La creación de un Observatorio Regional de Agresiones a los Profesionales de la Sanidad – dependiente de la Consejería de Salud - como herramienta esencial para analizar y denunciar públicamente las propias agresiones y para fomentar la participación activa de la administración pública, profesionales, sindicatos, colegios profesionales y la propia sociedad civil  mediante asociaciones de usuarios”.

López Lozano también ve importante “ampliar la norma para no limitarse a la integridad física, sino abarcar también la integridad moral y el patrimonio, tanto personal como de la administración pública, e incluir agresiones en el entorno digital y el derecho a la intimidad” y, agregó, que “es vital que los procedimientos para proteger al trabajador se inicien de oficio con el objetivo de prevenir futuras represalias o presiones emocionales del infractor”.

Durante la reunión, en un turno general de intervenciones, han intervenido los diputados María Soledad Sánchez Jódar (PSOE), Eugenia Sánchez Pérez y María José Ruiz Díaz (Vox), María Marín Martínez (de Podemos, del Grupo Mixto) y María del Carmen Ruiz Jódar (PP).