CARTAGENA (EUROPA PRESS). Los ataques sanitarios, además del Código Penal, también se podrán castigar por la vía administrativa en la Región de Murcia. La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia.

Tres categorías: leves, graves y muy graves

Las sanciones que prevé la ley se dividen en tres categorías, en función del riesgo para la salud, el grado de intencionalidad, la gravedad de la conducta y de la alteración sanitaria y social producida, además de la reincidencia: leves, graves y muy graves.

Las infracciones leves se castigarán con multas de entre 300 y 1.000 euros en los grados mínimo, de 1.001 hasta 2.000 euros en el grado medio, así como de 2.001 hasta 3.000 el grado máximo.

En el caso de las infracciones graves, se recogen de 3.001 hasta 7.000 euros en el grado mínimo, de 7.001 hasta 11.000 para supuestos medios, así como de 11.001 hasta 15.000 para el nivel máximo.

Y con las infracciones muy graves, se prevén sanciones de desde 15.025,31 hasta 30.000 € en grado mínimo, 30.001 hasta 45.000 euros en grado medio, además de 45.001 hasta 600.000 euros para el escalón máximo.

Además de las sanciones pecuniarias, también se quiere imponer como sanción accesoria por la comisión de las infracciones administrativas previstas en esta Ley, el cambio obligado de facultativo o profesional sanitario y, en su caso, de servicio o centro sanitario.

Debate en el pleno

La diputada del PP, María del Carmen Ruiz Jódar, cuyo partido es el impulsor de la ley, explicó que el objetivo es "sancionar con firmeza las agresiones físicas y verbales". Este régimen, dijo, permitirá "ofrecer una respuesta rápida y directa y una protección al personal como autoridad pública, incrementando su protección jurídica". Asimismo, sanciona comportamientos que no están calificados como delito en el Código Penal, como las faltas de respeto, los gritos, las amenazas o las coacciones.

El PP va a proponer añadir que la Administración pueda iniciar este procedimiento de oficio, evitando que el profesional tenga que señalar a su agresor.

Tanto el PSOE como María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto han reclamado un aumento de personal y una mejora de sus condiciones laborales. "La mayoría de las agresiones son fruto de un sistema tensionado", señaló la socialista Mª Soledad Sánchez.

Los grupos parlamentarios han afeado que esta propuesta no ha contado con la participación de los sanitarios. "De haberse hecho podríamos estar ante una tramitación más rápida en lectura única", apuntaba la diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, cuyo partido propondrá modificaciones.

Denuncian el colapso sanitario

La sesión plenaria también dio luz verde a una moción de la diputada de Vox María José Ruiz que insta al Gobierno de la Nación a adoptar medidas urgentes para evitar el "colapso sanitario", que ha vinculado también a la inmigración irregular.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de Vox y PP y en contra del resto, tras la inadmisión por parte de la Mesa del punto segundo del texto original, referente a la prioridad nacional en el acceso, según informa Europa Press.

Ruiz ha atribuido directamente el deterioro sanitario a la "irresponsabilidad" del bipartidismo y al reciente Real Decreto del Gobierno central que, según ha denunciado, fomenta el "turismo sanitario".

Desde el PP, el portavoz del grupo, Joaquín Segado ha centrado su discurso en la "falta de financiación y planificación" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que el Ejecutivo apruebe decretos sin dotar de recursos a las comunidades, que son quienes "pagan la cuenta" de la presión asistencial.

Por su parte, la diputada del PSOE María Soledad Sánchez ha calificado la moción de "yerma y podrida" y ha acusado a Vox de intentar "enfrentar a los últimos con los penúltimos".

Por su parte, María Marín ha tildado de "mentirosos" a los miembros de Vox y ha desvinculado las listas de espera de la inmigración comparando el País Vasco (14% de extranjeros y 65 días de espera) con Extremadura (4% de extranjeros y 134 días de espera), señalando que el problema reside en la falta de inversión y el "despilfarro" de las comunidades gestionadas por el PP.

Rechazo a una ley de cuidados paliativos

Además, el pleno ha rechazado una moción de la diputada regional del PP María del Carmen Ruiz que solicitaba al Gobierno de España la elaboración de una ley estatal de cuidados paliativos para garantizar la equidad territorial.

El PSOE y los dos diputados de Podemos-IU-AV han votado en contra de la propuesta y han reclamado a la Comunidad que ejerza sus competencias para legislar a nivel regional. Vox tampoco la ha apoyado al considerar que los cuidados paliativos, tal como se plantean en el debate actual, son una "eutanasia no activa".

Sin bonificación del IRPF para independizarse

Tampoco ha salido adelante la moción de los socialistas que proponía bonificar el tramo autonómico del IRPF a menores de 36 años que se emancipen al encontrarse con enmiendas a la totalidad de todos los grupos. Durante su intervención, el grupo Popular ha apuntado que "todo lo que piden ya se está haciendo".

Por último, se ha rechazado la moción del Grupo Mixto, que solo ha contado con el apoyo de los socialistas, en la que se solicitaba al Gobierno regional que ofrezca ayudas directas a la familias de la Región de Murcia frente a la subida de los precios de los carburantes causada por la guerra de Irán. En su lugar se ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP, que con la abstención de Vox, ha quedado aprobada.