MURCIA. La Región de Murcia quiere atajar el problema de las agresiones al personal sanitario. Hasta ahora, estos incidentes se abordan desde el punto de vista penal. El PP, el partido del Gobierno regional, quiere impulsar una proposición de ley en la Asamblea Regional para que los ataques a los trabajadores del sistema de la Sanidad se puedan sancionar desde el punto de vista administrativo. La propuesta del PP plantea multas que oscilan desde los 300 euros hasta los 600.000 euros para los casos más graves.
Los populares han pedido que la ley se tramite por la vía de urgencia a término fijo para que se pueda tratar en la Asamblea Regional durante el próximo pleno del miércoles para su toma en consideración con el objetivo de que pueda estar aprobada definitivamente el próximo 27 de mayo. Por el momento, el resto de grupos políticos (PSOE, Vox y Podemos-Izquierda Unida) han apoyado la tramitación de urgencia.
La norma que proponen los populares convertiría la Región de Murcia en la quinta comunidad que ofrezca la Consejería de Salud una herramienta para sancionar desde el punto de vista administrativo las agresiones a sanitarios, junto con Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana.
Tres categorías: leves, graves y muy graves
Las sanciones que prevé la ley se dividen en tres categorías, en función del riesgo para la salud, el grado de intencionalidad, la gravedad de la conducta y de la alteración sanitaria y social producida, además de la reincidencia: leves, graves y muy graves.
Las infracciones leves se castigarán con multas de entre 300 y 1.000 euros en los grados mínimo, de 1.001 hasta 2.000 euros en el grado medio, así como de 2.001 hasta 3.000 el grado máximo.
En el caso de las infracciones graves, se recogen de 3.001 hasta 7.000 euros en el grado mínimo, de 7.001 hasta 11.000 para supuestos medios, así como de 11.001 hasta 15.000 para el nivel máximo.
Y con las infracciones muy graves, se prevén sanciones de desde 15.025,31 hasta 30.000 € en grado mínimo, 30.001 hasta 45.000 euros en grado medio, además de 45.001 hasta 600.000 euros para el escalón máximo.
Sanción accesorias, como el cambio de centro sanitario
Además de las sanciones pecuniarias, también se quiere imponer como sanción accesoria por la comisión de las infracciones administrativas previstas en esta Ley, el cambio obligado de facultativo o profesional sanitario y, en su caso, de servicio o centro sanitario.
La proposición de ley consta de una exposición de motivos, seis artículos y una disposición final. El objetivo final de la ley, explican, es tipificar las infracciones administrativas en materia de agresiones en el ámbito sanitario por parte de las personas usuarias y pacientes del Sistema Sanitario público de la Región de Murcia.
La finalidad es "sancionar el incumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 62 y 63 de Ley 3/2009,de 11 de mayo de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia, de guardar el debido respeto y consideración a los profesionales sanitarios y al conjunto del personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto en su dignidad personal como profesional, así como el de guardar el debido respeto y consideración al resto de pacientes, familiares o acompañantes".
