No soy de los que viajan de forma empedernida. Ni conozco Tailandia, ni Nueva York, ni siquiera tengo selfis con la Sirenita de Copenhague ni en la Plaza de San Marcos de Venecia. Por tanto, no estoy especialmente expuesto a las reglas de funcionamiento de las aerolíneas de bajo coste.

Soy más de viajar a casas de familiares y amigos, no muy distanciados, a poner la gorra. Son menos espectaculares, pero más baratos. Y ayuda a mantener entrañables vínculos (o a perderlos definitivamente, que si debe ser así, que sea cuanto antes).

Pero sí me ha llamado la atención la polémica en torno a estos obstinados viajeros, las líneas aéreas y el Gobierno de España.

El pasado mes de noviembre de 2024, el Ministerio de Consumo impuso a un grupo de estas empresas una sanción administrativa “muy grave” por cobrar el equipaje de mano, la impresión de billetes en los aeropuertos y la reserva de asientos. La traducción de dicha sanción es una multa que asciende a 179 millones de euros.

Es decir, un viajero cuyo único pecado es la recalcitrante obsesión por buscar vuelos baratos se ve en la tesitura de tener que pagar, según nuestro Gobierno, por servicios que no debería, y éste, en lugar de buscar la restitución del dinero, lo recauda directamente del presunto abusador haciéndole cuchufletas al presunto timado. La máquina de recaudar dinero del Gobierno de España, sin duda, no descansa. Han convertido una presunta falta en algo así como una tasa al empecinamiento viajero.

Este conflicto me suena más a ocurrencias políticas que a defensa de consumidores. Pero no seré yo quien sentencie nada"

Pero no queda ahí la cosa. En este escenario ha entrado la Comisión de la Unión Europea ante las quejas de las aerolíneas. El pasado 8 de octubre ha abierto un proceso de infracción por el que se insta a nuestro Gobierno a cumplir con el derecho de la Unión. En caso de que el país no tome las medidas pertinentes, puede acabar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si el Gobierno incumpliera tras sentencia del TJUE, nos podríamos ver con una sanción económica.

Se daría el paradójico caso de un nuevo traspaso de fondos no hacia una restitución al impulsivo viajero sino hacia otra Administración, cada vez más lejana.

Sobre la naturaleza abusiva o no de estos cargos de las aerolíneas a los pasajeros no soy yo quien puede evaluarlos. Todo gira, parece ser, en torno a una sentencia del TJUE que declaró que el equipaje de mano debe ser, en principio, gratuito siempre que cumpla los requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones. Y sobre esos “requisitos razonables” nos movemos.

En opinión propia, sin querer llegar más allá que a una conclusión personal, no veo falta en el cobro por ese segundo equipaje de mano, excluido una mochila o bolsa de la que nadie pretende cobrar nada. Y sí considero abusivo la impresión de billetes y elección de asientos, salvo que sean de características que los diferencien en cuanto a comodidad. Y también opino que esa escala de precios permite optimizar y adaptar la tarifa que busca cada viajero en función de sus necesidades y que forzar a no cobrarla por separado, nos llevaría a un encarecimiento de los billetes de forma generalizada para todos. Este conflicto me suena más a ocurrencias políticas que a defensa de consumidores. Pero no seré yo quien sentencie nada.

Lo que sí me permito hacer es relacionar este traslado sucesivo de fondos con el siguiente eslabón. A cargo de Fondos Europeos, el Gobierno abre el programa de subvenciones de kit digital para ayudar a PYMEs y autónomos a implantar soluciones digitales. Y con su catálogo de agentes digitalizadores.

Podemos narrar el caso de un autónomo, con acceso a una subvención de 3.000 euros, que mientras sube a Instagram las fotos de su viaje por los templos sagrados de Camboya y Vietnam donde la concurrencia de turistas es muy superior al adecuado para el recogimiento acorde a su estatus, recibe el catálogo de productos que su agente digitalizador le proporciona. Y que termina siendo un portátil para su hijo valorado en 1.000 euros (cuando el valor de mercado es de 400) y un software para el Verifactu de 2.000 euros (cuya complejidad se cotiza por la mitad de la mitad). Y la sorpresa en la siguiente declaración de IRPF de tener que tributar por ello. Un vivo vende aplicaciones por un valor muy superior al mercado y el Gobierno vuelve a recuperar vía IRPF, como venganza, parte de lo pagado como multa por sus excesos.

Parece una tétrica fábula de paganinis inconscientes. Busca entre los likes de las publicaciones en redes sociales de tus viajes si se incluyen las de la AEAT, las de la Comisión Europea, el Gobierno de España o tu agente digital. Nos los ves, pero están ahí.