MURCIA. Hay decisiones que no nacen de ideologías, sino de evidencias. Así ocurrió con la Ley 3/2020 para la Protección y Recuperación del Mar Menor: una norma construida sobre datos acumulados durante años, diagnósticos claros, y una realidad física medida y documentada. No se trata, por tanto, de una ley ideológica, sino de una ley totalmente fáctica para responder a un problema real con límites acordes a su magnitud.

Sin embargo, en el debate público se insiste en presentarla como un exceso, como una respuesta sobredimensionada a un problema complejo. No es así. Si bien el Mar Menor es un sistema complejo, no significa que sea indescifrable, ni justifica el cuestionamiento de su diagnóstico. En ciencia, complejidad no es indeterminación ni arbitrariedad. Significa que se requieren series largas de datos, análisis acumulativo y capacidad para identificar las relaciones causales dominantes.

A estas alturas, sabemos que el Mar Menor no colapsó por un error aislado, sino por una acumulación de presiones antrópicas que el sistema no pudo, ni puede, absorber. Y esto no es una opinión: está en los datos, en los informes, en la literatura científica. La relación entre exceso de nutrientes, eutrofización y anoxia no es discutible científicamente. No hay controversia y ha sido validada incluso por el propio sistema lagunar. La ciencia reconoce su complejidad y establece jerarquías causales.

Las mejoras puntuales no equivalen a una mejora estructural si no la acompaña una reducción sostenida de las presiones que causaron el colapso"

¿Que el Mar Menor mejora puntualmente? Eso no se traduce en recuperación definitiva. Las mejoras puntuales no equivalen a una mejora estructural si no la acompaña una reducción sostenida de las presiones que causaron el colapso. El Mar Menor es un ecosistema frágil que puede mostrar alivio temporal siguiendo en situación de riesgo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a asumir las consecuencias prácticas de lo que sabemos?

Y aquí empieza la incomodidad. El sillón se torna incómodo. Porque asumir responsabilidades implica aceptar límites, y los límites no gustan. Una de las actuaciones para recuperar la comodidad es evitar señalar la fuente principal de presión sobre el ecosistema, como si identificarla equivaliera a criminalizar un sector. El siguiente paso es la victimización, cosa que justifica la ayuda. Sin embargo, identificar la principal fuente de presión no es buscar culpables, es priorizar soluciones eficaces. Repartir responsabilidades de forma simétrica cuando las presiones no lo son, es un error en la gestión de recursos naturales finitos. El pretendido enfrentamiento entre agricultura y medio ambiente no protege al sector primario: lo expone a escenarios más duros y menos gestionables.

Debido a la tendencia humana a pasarnos por el arco del triunfo cualquier límite biofísico de un ecosistema y al escaso interés en esferas políticas en ciencias básicas y experimentales, junto a su imperativo lenguaje económico, uno de los límites más eficaces para reeducar en producción sostenible es el procedimiento sancionador. Y ahora, bajo la excusa de adaptar nuestra ley regional a la normativa estatal, se suavizan sanciones. Puesto que la ley estatal en materia ambiental establece mínimos comunes, no límites máximos, rebajar sanciones es una decisión meramente política. Lo que ha cambiado no es la realidad biofísica, sino la tensión que genera aplicar normas que afectan a intereses económicos.

La ley no molesta porque invente el problema, sino porque lo afronta"

Por eso molesta la Ley 3/2020. No porque invente el problema, sino porque lo afronta. Da respuesta al mismo y a su diagnóstico. Lo más preocupante es que no hay nueva evidencia científica que justifique esta revisión. Lo que hay son ajustes que confunden eficacia administrativa con recortes en protección. Suavizar la ley introduce incertidumbre, erosiona la confianza y retrasa soluciones cada vez más costosas. Para el ecosistema y para los sectores productivos, que necesitan reglas claras y estables. Ya sabemos que para crecer saludablemente los límites son imprescindibles.

El Mar Menor no responde a discursos, ni a equilibrios sectoriales, ni a calendarios políticos. Responde a cargas, a flujos y a límites. Y esos límites no se negocian porque las causas siguen ahí. Respetarlos es educar en un futuro donde las crisis ecológicas y la escasez serán la norma. El problema no es que el Mar Menor no sea rentable en euros o en votos. El problema es haber aceptado que solo merece protección aquello que lo es.