La nueva cuota de solidaridad implantada en España en 2025 establece que la parte del salario que excede los 58.908 euros brutos anuales debe aportar un recargo adicional destinado a financiar las pensiones. La peculiaridad es que esa contribución extra no genera derechos contributivos: se paga más, pero no se traduce en una pensión mayor en el futuro. En términos estrictos, es un impuesto encubierto, no una cotización.

Conviene recordar que las bases máximas de cotización ya habían aumentado un 30 % desde 2018, un incremento que no ha venido acompañado de una mejora proporcional en las futuras prestaciones. La brecha entre lo aportado por los salarios altos y lo que recibirán se ha ampliado del 23 % al 32 %, consolidando así un esquema crecientemente regresivo para quienes más contribuyen.

Una comparación internacional: España en perspectiva

La etiqueta de “alto ingreso” en España comienza en torno a los 58.900 euros brutos anuales. Sin embargo, al observar otros países europeos, la foto cambia radicalmente:

- En Alemania, el límite de cotización obligatoria para pensiones y desempleo se sitúa en 96.600 euros anuales. Por encima de esa cifra, el trabajador deja de cotizar, pero hasta ese umbral lo hace con plena equivalencia contributiva (PwC, 2025).

- En Francia, el impuesto sobre la renta alcanza un máximo del 45 %, pero los recargos especiales a las rentas altas solo se aplican a partir de 250.000 euros anuales en el caso de declarantes individuales (KPMG, 2025).

En otras palabras, lo que en España se considera “rico” y sujeto a sobrecarga, en Alemania sigue siendo un ingreso cotizante normal y en Francia apenas se sitúa en la franja de clase media-alta.

¿A cuántos trabajadores afecta realmente?

Según la Agencia Tributaria, solo el 5,6 % de los declarantes —unos 1,35 millones de contribuyentes— perciben más de 60.000 euros anuales (Bankinter, 2024). Ese colectivo se convierte en la diana del recargo. El dato resulta aún más llamativo si se contrasta con la media salarial española, situada en torno a 26.900 euros brutos anuales (INE, 2024), apenas 1,25 veces el salario mínimo interprofesional.

En otras palabras: España penaliza con una figura fiscal específica a un grupo pequeño de profesionales —médicos, ingenieros, directivos, académicos de excelencia— cuya aportación ya es crucial para el sostenimiento del sistema.

Impacto recaudatorio: mucho ruido, poco efecto

Los primeros seis meses de aplicación de la cuota han recaudado 177 millones de euros (ElEconomista, 2025). Es una cifra relevante en términos absolutos, pero irrelevante frente al déficit estructural del sistema de pensiones, presionado por la jubilación del baby boom y el deterioro de la ratio de cotizantes por pensionista. El problema de sostenibilidad permanece intacto.

La provocación necesaria: ¿equidad o castigo simbólico?

La pregunta incómoda es si este tipo de medidas responden a una lógica de equidad o a un gesto político-simbólico. Se penaliza a un 5 % de la población trabajadora con ingresos elevados, pero que en términos internacionales ni siquiera entra en la categoría de “ricos”. La consecuencia es doble:

• 1- Erosiona la relación contributiva: cotizas más sin derecho a más pensión.
• 2- Envía una señal negativa al talento: España se convierte en un entorno menos atractivo para retener profesionales cualificados.

Conclusión

En vez de afrontar el debate serio sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones —envejecimiento, eficiencia del gasto, corresponsabilidad intergeneracional— se recurre a parches recaudatorios de bajo impacto y alto coste simbólico. Decir que alguien con 58.900 euros brutos al año es “rico” quizá funcione como relato político, pero en términos comparados suena a caricatura. En Francia esa etiqueta empieza en 250.000 euros; en Alemania, cotizar plenamente llega casi a los 100.000.

España corre el riesgo de convertir la política de pensiones en una suerte de populismo fiscal: castigar al profesional cualificado no para resolver el problema, sino para exhibir un gesto. El resultado no es solidaridad, sino un impuesto disfrazado de virtud.

Además, esta cuota de solidaridad desincentiva el pluriempleo y la asunción de responsabilidades adicionales, justo en un país donde las empresas registran un repunte del 40 % en las vacantes sin cubrir desde antes de la pandemia. La paradoja es evidente: mientras el mercado laboral clama por profesionales cualificados dispuestos a trabajar más y en más de un puesto, la política fiscal introduce señales contrarias, que frenan el esfuerzo y limitan la competitividad.

Y lo que nos espera. El mecanismo es progresivo y perverso: según los propios datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicados por elEconomista, los salarios más altos ya aportan casi 200 millones de euros extra por la cuota de solidaridad en apenas unos meses. La tendencia es clara: una espiral recaudatoria creciente que agrava la brecha entre aportación y prestación, y que anticipa un escenario aún más desincentivador para el trabajo cualificado.

Isabel Martínez Conesa 

Catedrática de la Universidad de Murcia y directora de la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva