En junio de 1990, con 42 años de edad, finalizó mi etapa como diputado autonómico andaluz de Convocatoria por Andalucía, un proyecto que había liderado el líder comunista Julio Anguita. En las siguientes elecciones ocupé el tercer puesto en la lista de Córdoba, pero solo resultaron elegidos dos diputados en esa circunscripción. No obstante, cuando Anguita fue promovido a la dirección del PCE y de IU a escala nacional, dimitió como diputado andaluz. En consecuencia, me correspondía ocupar el escaño vacante, pero no lo hice porque no me sentía identificado con el nuevo rumbo que había adoptado la coalición: en vez de la política de las dos orillas, que nos permitía pactar en función de los contenidos y no de las siglas, se había preferido subordinarse al PSOE. Además, un componente importante de la coalición había criticado la caída del muro de Berlín, lo que implicaba situarse junto a la decaída dictadura soviética, en vez de mantenernos en el bloque democrático por el que yo siempre había apostado.

Por las fechas en las que, renunciando al escaño, me despedí amistosamente de mis anteriores aliados, Javier Pérez Royo, que ejercía de rector de la única universidad que por entonces había en Sevilla, ya me había ofrecido el puesto de vicerrector de Extensión Universitaria y yo lo había aceptado. A veces me pedía que lo acompañase a las reuniones que los rectores de varias universidades venían realizando informalmente con el objetivo de intercambiar pareceres y unificar criterios. Pasados dos años, coincidiendo con la Exposición Universal, Javier anunció que renunciaba a ser elegido, tras lo cual sopesé presentar mi candidatura. Como catedrático de Genética logré el apoyo de varios colegas muy preparados, como el matemático Juan José López Garzón, que luego fue delegado del Gobierno en Andalucía, y el ingeniero industrial José Domínguez Abascal, alias Pepón, que fue director general de la Junta de Andalucía y ocupó un papel importante en Abengoa. Al final, fui elegido en primera vuelta por la mayoría absoluta de los claustrales.

Pasados otros dos años, en diciembre de 1994, un grupo de rectores nos reunimos en Salamanca. A propuesta del rector local, el médico Julio Fermoso, me designaron presidente de una futura organización sin ánimo de lucro que querían construir. Con un pequeño equipo de rectores, enseguida decidimos llamarla Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y dotarla de personalidad jurídica, con lo que resultó que las anteriores reuniones informales desembocaron en una fructífera institución.  A los pocos días contraté como secretario al socialista Félix García Lausín, que trabajó con gran eficacia y prudencia. Juntos impusimos una cuota anual a cada universidad, lo que generó la suficiente tesorería para no depender de las subvenciones estatales. Con todo, mis dos decisiones más relevantes desde el punto de vista político fueron abrir la CRUE a las universidades de todos los territorios, incluidas las catalanas, las gallegas y las vascas, y admitir tanto a las universidades públicas como a las privadas. Elegí, pues, un enfoque plural y españolista.

Firmado por María Teresa Lozano Mellado, secretaria general de la CRUE, este mes he recibido un mensaje electrónico en el que me desea unas felices fiestas y un nuevo año “cargado de solidaridad, de sueños hechos realidad, y con mucha ciencia que innove tecnológicamente y transforme humanamente”. Durante las tres décadas que habían transcurrido desde que la fundamos oficialmente, la CRUE se había consolidado y reforzado. No había, pues, ningún motivo para pensar que nos habíamos equivocado al adoptar aquella iniciativa tan universitaria como españolista.

Unos partidos que predican la igualdad apuestan por mantener las más hirientes desigualdades entre los ciudadanos de los distintos territorios"

Tal era el contexto cuando examiné los resultados de la última encuesta del CEMOP sobre las elecciones autonómicas murcianas. Los sociólogos daban la victoria al PP y concedían los mismos escaños, dos, a la extrema izquierda, pero, cosa notable, anunciaban un empate entre Vox y el PSOE. Lo usual es atribuir ese resultado a la situación del partido sanchista, en el que han aflorado varios escándalos de corrupción económica y una sistemática obstrucción a las denuncias de acoso sexual formuladas en su canal interno contra mandatarios afines a Sánchez. Sin minusvalorar esos datos, sospecho que también está pesando mucho la política de concesiones a los separatistas de la dirección sanchista. Por si fuese poco haber indultado a los condenados por sedición y malversación, modificado el Código Penal para beneficiarlos y aprobado una amnistía que pocos días antes ellos mismos calificaban de anticonstitucional, siguen imponiendo la inmersión lingüística en catalán y en vasco, estudiando la posibilidad de que las selecciones deportivas catalanas y vascas participen en competiciones internacionales, defendiendo que se usen sus lenguas cooficiales en la Unión Europea, anunciando que sus gobiernos se incorporen a la Organización Mundial del Turismo y a la UNESCO, propiciando la transferencia del control de la inmigración (lo que supone el control de las fronteras), cedido al gobierno vasco la gestión del organismo que supervisa y aprueba el manejo de las maquinarias industriales ( lo que implica que las industrias murcianas quedarán sujetas a los informes sobre sus procesos y máquinas que hagan expertos seleccionados por un gobierno separatista) y, para colmo, preparando la cesión al gobierno catalán de la recaudación y la gestión de todos los tributos, lo que acarreará la creación de un cupo fiscal catalán con grave perjuicio para los comunidades deficitarias, como la murciana.

En resumen, las dos grandes ramas de nuestra izquierda, la socialista y la comunista, que gobiernan en coalición, han optado por una concepción plurinacional de España, lo que se traduce en incrementar los privilegios de los que gozan Vasconia y Cataluña y renunciar a que las distintas autonomías converjan en materia económica. Paradójicamente, unos partidos que predican la igualdad apuestan por mantener las más hirientes desigualdades entre los ciudadanos de los distintos territorios. No es nada nuevo: yo formaba parte del Gobierno regional murciano cuando el presidente socialista Zapatero, que nos había prometido personalmente al rector Ballesta y a mí, como rector de la UPCT, justo lo contrario, derogó de un plumazo el Plan Hidrológico Nacional, lo que nos privó del trasvase del Ebro al Segura cuyos primeros canales ya habían empezado a construirse.

Esa situación es completamente anómala. En ningún otro país de la Unión Europea ocurre que sus partidos de izquierda se hayan inclinado por la dispersante plurinacionalidad.  Se impone, pues, construir cuanto antes una opción política de izquierda que sea democrática, lo que incluye no colaborar con dictaduras como la venezolana, y españolista, lo que significa defender la igualdad de los ciudadanos de todas las zonas de España y acepte que el único idioma oficial en todo su territorio es el español, mal llamado castellano. Urge elaborar la opción PIDE, Por una Izquierda Democrática Española, o, se prefiere PIDEN: Por una Izquierda Democrática Nacional. Si no se hace, la defensa de la igualdad territorial quedará exclusivamente en manos del PP y Vox. Como diría el ilustre cartagenero Federico Trillo: ¡Manda huevos!