El próximo 26 de febrero es un día muy especial. Principalmente porque el que firma este artículo de opinión cumple años y vuelve a consolidar un año más, que le acercará a una plácida jubilación. ¡Ya queda menos!

Pero en realidad, mientras eso ocurre o no, de lo que quiero hablar en esta ocasión es que el Ministerio de Hacienda ha convocado para ese día el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tan especial es la fecha que a estas alturas todavía no ha trascendido ni el orden del día.

Pese a la incertidumbre oficial, podemos hacernos una idea de los asuntos a tratar. La débil situación del Gobierno en sus equilibrios dentro de ese “frente progresista” del que tanto ha alardeado le lleva a la necesidad de avanzar en un asunto que para nada le entusiasma: la quita de deuda a la Generalitat Catalana. Otra vuelta de tuerca en el suplicio que libremente ha aceptado un presidente del Gobierno (y un partido al que representa legítimamente).

Y para ello, cuenta con dos armas recién mostradas, que, sin embargo, no sé hasta qué punto le serán suficientes.

"El objetivo es claro: que un clima bronco justifique la falta de capacidad para encontrar acuerdos"

Por un lado, tenemos el secuestro de las actualizaciones de los pagos a cuenta a las comunidades autónomas tras el fiasco del decreto ómnibus. Una forma un tanto “chunga” de castigar el rechazo del PP de dicho decreto, que se podía haber subsanado sin mayor problema incluyéndolo en el decreto siguiente donde sí se aprobó la subida de pensiones y otras medidas en la que había consenso.

Por otro, el juego para forzar discrepancias entre territorios gobernados por el PP. La propia medida de la condonación de deuda trasladada a otras comunidades beneficiaría a la mayoría de las gobernadas por este partido y en ellas surgen dudas. Y, además, la apertura de otro cisma por abrir la posibilidad de eliminar los criterios de despoblación y la orografía en el cálculo de la población ajustada no deja de ser carnaza para la gresca. El objetivo es claro. Que un clima bronco justifique la falta de capacidad para encontrar acuerdos.

Es zafio y deprimente. Lo que tenía que ser un gran acuerdo nacional entre PSOE y PP (y todos aquellos que quisieran incorporarse) para la reforma del Sistema de Financiación Autonómica con el objetivo de que fuera suficiente y equilibrado entre territorios (muy lejano en este momento) no es más que una lucha partidista y territorial que justifique la incapacidad de llegar a consensos y la justificación de aceptar las propuestas de quienes no quieren un régimen común solidario y cohesionado.

Es urgente acometer de una vez la reforma del Sistema de Financiación Autonómica para que los servicios públicos en España se realicen con garantías y de forma homogénea. En concreto, debemos hacernos las siguientes preguntas:

• -¿Es suficiente lo que perciben las CCAA para garantizar un servicio público de garantía?

En el último año liquidado, que es el 2022, el importe de la financiación homogénea por habitante ajustado alcanza la cifra de 3.148,05 euros. Con el reparto de la totalidad de fondos la cifra alcanza unos 200 euros más. Prevemos en el futuro una mayor necesidad asistencial sanitaria y de dependencia. ¿Están garantizadas? Las respuestas a esta pregunta deben realizarse dentro del contexto de un Estado con un déficit presupuestario estructural y endeudamiento muy elevado.

Por otra parte, la variabilidad de esta cifra está muy influenciada por la coyuntura económica de crecimiento y, por tanto, de la capacidad recaudatoria. Si en 2.009, la financiación homogénea por habitante ajustado era de 2.365,92 euros y bajó en 2013 y 2014 a 1.938,04 y 2.046,51 euros para alcanzar en 2.022 los 3.148 euros, ¿se pueden crear o transformar fondos que amortigüen la variabilidad producida por dicha coyuntura?

• -¿Por qué se produce una diferencia tan importante a nivel global y, sobre todo, a nivel de cada Comunidad Autónoma, entre la cifra de financiación homogénea y la capacidad fiscal?

Si volvemos a la liquidación definitiva del año 2.022, la capacidad fiscal reduce a un 90% la cifra de financiación por habitante ajustado (a 2.830 euros). Pero por comunidades, la oscilación va de una reducción al 38% en Canarias a un incremento del 145% en Baleares. Hay que diferenciar entre el mal cálculo de la financiación homogénea normativa (sobre todo en los impuestos transferidos a las comunidades) de las aplicaciones de la capacidad normativa de cada comunidad.

• -La distribución de financiación homogénea por habitante ajustado debería ser uniforme para todas las comunidades. ¿Por qué tenemos comunidades que perciben un 94% de la media (como son la Comunidad Valenciana, Canarias y la Región de Murcia) y otras con más de un 120% sobre dicha media (La Rioja un 120,41% y Cantabria un 124,60%)?

Al hablar de financiación homogénea y de población ajustada no podemos entender que se repartan cantidades tan distintas para cada comunidad. El cálculo del fondo de suficiencia y, en general, todo lo relativo en el actual SFA al status quo del año 2.009 desvirtúa la igualdad entre comunidades. También habría que hablar de una compensación a las que han estado sufriendo de forma continua esta discriminación estructural.

• ¿Es razonable el actual cálculo de la población ajustada o deberíamos ponderar más algunos aspectos y menos otros, o incluso añadir nuevos criterios?

Esta es quizá la pregunta más política y que más está sujeta a una discrecionalidad. Pero por otra parte, la que permite que el reparto sea más justo, aunque menos objetivo.

Estas preguntan quedan claramente fuera del debate político actual. O si se abarcan, como es el caso de la última, no es para mejorarla sino para utilizarla como arma política. No espero, por tanto, nada bueno (ni nuevo) de la reunión del Consejo. Eso sí, pondré todo mi esfuerzo y capacidad en disfrutar del día, que es importante celebrar la vida y sus cumpleaños.