La Iniciativa Legislativa Popular para conceder personalidad jurídica al Mar Menor originó una Tutoría del Mar Menor compuesta por tres organismos: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico. La principal impulsora de dicha ILP fue Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia. Quizás por eso venía presidiendo desde un principio el Comité de Representantes.
No obstante, acompañada por el abogado Gregorio Manzano, secretario de dicho órgano, a mediados de diciembre ambos dimitieron de sus puestos. Para entender por qué han dimitido conviene saber que hay tres tipos de representantes en los comités: los procedentes de colectivos sociales, como los dos dimisionarios, los de la Administración Central y los de la Administración Regional.
Según Teresa, su dimisión no tiene nada que ver con el hecho de que próximamente se agotaba su mandato y entraría otra persona a presidir el Comité. Al parecer, esa simultaneidad ha sido una pura coincidencia. Lo que verdaderamente ha querido denunciar es que, de forma sorprendente, los representantes de las dos administraciones velaban por los intereses de sus respectivos organismos políticos, cuando en ese Comité debería “mandar el Mar Menor”.
Para eso se le dio personalidad jurídica propia y se le concedieron los derechos a existir, a evolucionar de forma natural, a ser conservado y, en su caso, restaurado. No repetiré ahora los argumentos que di antaño sobre la incongruencia de esos objetivos. Para que un ecosistema evolucione naturalmente es preciso que los humanos no interfiramos en modo alguno, lo que solo es posible evacuando el entorno.
Lo más parecido a una evolución natural reciente sería lo ocurrido en las proximidades de Chernóbil, donde apenas hay presencia humana a causa de la radiactividad liberada hace algunos años. Puesto que no hay humanos ocupando el territorio ni acaparando los recursos, los animales, las plantas y los hongos han proliferado. Incluso han aparecido formas melánicas adaptadas a las radiaciones.
Puesto que nadie está dispuesto a evacuar el campo de Cartagena para dejar que el Mar Menor evolucione libremente, solo podemos aspirar a reducir nuestro impacto sobre ese ecosistema. Pero eso no sería dejarlo evolucionar de forma natural, sino permitir que evolucione en condiciones de impacto humano moderado.
Puesto que nadie está dispuesto a evacuar el campo de Cartagena para dejar que el Mar Menor evolucione libremente, solo podemos aspirar a reducir nuestro impacto sobre ese ecosistema. Pero eso no sería dejarlo evolucionar de forma natural, sino permitir que evolucione en condiciones de impacto humano moderado.
En cualquier caso, incluso eso sería incompatible con conservarlo o restaurarlo activamente, pues ambos objetivos requerirían de actuaciones humanas. Una vez insinuada la incongruencia entre permitir evolucionar espontáneamente, conservar y restaurar, no quiero extenderme más en esa cuestión porque no está directamente relacionada con el meollo de la ILP.
Los comentarios expuestos valdrían también para cualquier tipo de ley sobre el Mar Menor, aunque no le concediese personalidad jurídica ni derechos propios. Y son estas dos cuestiones las notas innovadoras de la ILP. Ya antes de que se convirtiese en ley declaré que, en el mejor de los casos, se trataría de una ficción poética y, en el peor, chocaría con los principios de la democracia representativa.
En efecto, incluso Teresa Vicente ha reconocido que el Mar Menor no puede emplear el lenguaje articulado simbólico imprescindible para los leguleyos. En corto, el Mar Menor no puede hablar. Por tanto, necesita que algún humano le preste su voz y su mente para ejercer sus derechos.
Llegados a ese punto, la falacia de la ILP queda de manifiesto: guste o no, somos los humanos los únicos seres capaces de hacer leyes, interpretarlas, aplicarlas y, en su caso, pleitear y absolver o condenar. Ni el Mar Menor ni ningún otro ecosistema tiene otra relación con el mundo jurídico que la que decidan ciertos grupos humanos.
El Derecho es irreversible e inexorablemente un sistema antropogénico, a cuyo amparo la Naturaleza puede ser regulada, pero no intervenir de ningún modo. Podría argüirse que tampoco las sociedades deportivas o las sociedades anónimas pueden hablar y, sin embargo, tienen personalidad jurídica.
Cierto, pero se trata de entidades artificiales, generadas y constituidas por humanos, en las cuales no hay ninguna duda sobre las personas a las que pertenecen o que detentan las capacidades legales directivas. En suma, en las llamadas personas jurídicas siempre hay unos responsables humanos perfectamente identificables.
En cambio, el Mar Menor es una entidad natural, que no ha sido generada por humanos ni pertenece a ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir, entonces, Teresa con eso de que ha dimitido porque no se ha respetado que el agente que manda en el Comité solo es el Mar Menor?
En cambio, el Mar Menor es una entidad natural, que no ha sido generada por humanos ni pertenece a ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir, entonces, Teresa con eso de que ha dimitido porque no se ha respetado que el agente que manda en el Comité solo es el Mar Menor?
Posiblemente, nada, pero quizás quería decir que los agentes que deberían mandar en el Mar Menor son ella y sus amigos ecologistas. Y eso nos llevaría a la fricción implícita entre la ley derivada de la ILP del Mar Menor y los sistemas democráticos representativos.
Esa fricción resulta obvia precisamente en el Comité de la Tutoría: sabemos que los representantes de las dos administraciones, nacional y regional, han sido nombrados por políticos que, en última instancia, fueron elegidos en las correspondientes elecciones, pero ¿a quién representan los miembros del tercer componente?
Según ellos, son la voz del Mar Menor; en realidad, son activistas sociales con sus propias ideas sobre qué habría que hacer con el Mar Menor. Muy respetable, pero ¿qué pasaría si se presentasen a las elecciones autonómicas llevando en su programa sus ideales sobre el Mar Menor?
No lo sabemos, pero lo sospechamos. Y ellos también, motivo por el que eluden constituir un Partido del Mar Menor, una iniciativa que resultaría muy clarificadora. Lo sería porque entonces el dilema no sería el Mar Menor o la nada, como en la ILP, sino el Mar Menor o el socialismo, el Mar Menor o el liberalismo, etc.
No lo sabemos, pero lo sospechamos. Y ellos también, motivo por el que eluden constituir un Partido del Mar Menor, una iniciativa que resultaría muy clarificadora. Lo sería porque entonces el dilema no sería el Mar Menor o la nada, como en la ILP, sino el Mar Menor o el socialismo, el Mar Menor o el liberalismo, etc.
Y esos son los verdaderos dilemas. Cualquier elección que no implique priorizar una alternativa no es, en realidad, ninguna elección. Mientras no sepamos cuántos ciudadanos respaldarían una iniciativa de ese estilo en unas elecciones competitivas, seguiré pensando que las leyes que conceden personalidad jurídica a los ecosistemas no son sino injertos procedentes de culturas precientíficas y predemocráticas.
Injertos que no prosperarán en las culturas europeas, que son desarrolladas, científicas, ilustradas y democráticas. Esas culturas conocen demasiado bien la triple condición del Derecho, antropogénica, antrópica y antropocéntrica, para confiar sus regulaciones a chamanes y guardeses, por muy buena voluntad que tengan. Que de esto último nadie duda.
