Este artículo parte de una pregunta sencilla: ¿dónde acaba realmente el dinero público que gestiona el Gobierno regional? No pretende juzgar, sino arrojar luz.

 

Las fuentes oficiales -como el Portal de Transparencia de la CARM- ofrecen abundantes cifras, pero dejan en la sombra lo esencial: el destino real del dinero. Sabemos cuánto se gasta, pero no con suficiente claridad dónde se queda. Y sin esa visión completa, es imposible entender cómo se distribuye realmente la riqueza pública en el territorio ni si ese gasto se traduce en un desarrollo equilibrado para toda la Región.

 

Metodología del análisis

 

Este análisis toma como referencia la Ley 3/2025, de 23 de julio, de Presupuestos de la Región de Murcia. Para hacerlo comprensible, la Región se divide en tres grandes áreas: Murcia capital, Cartagena y el resto de comarcas. A su vez, el gasto se estructura en cinco bloques principales: Servicio Murciano de Salud, Educación, Organismos y Entes Públicos, Administración General y Gastos Técnicos.

 

Ahora bien, no todo lo que aparece en las cuentas públicas tiene el mismo efecto en la economía regional. De ahí la primera gran distinción: el Presupuesto Bruto. Esta es la cifra global, la que suele aparecer en los discursos oficiales. Incluye el conjunto de partidas de gasto, incluso aquellas que no revierten directamente en la Región, como pagos a proveedores externos. También recoge los intereses de la deuda pero no la amortización de su capital pendiente. Es, en esencia, el punto de partida: el volumen total sobre el que se construye la narrativa presupuestaria.

 

Frente a esa visión, este ejercicio introduce un concepto clave: el Presupuesto Neto. Es el dinero que realmente permanece en la Región tras descontar el denominado Gasto Estéril, es decir, aquellos recursos que salen fuera sin generar actividad económica local.

Este presupuesto es el que sí tiene capacidad efectiva de transformar el territorio, como son los sueldos de docentes y personal sanitario, mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos. En otras palabras, es la inversión que se queda, la que “circula” y genera vida económica en la Región.

 

Pero aún hay un paso más. Para entender cómo se reparte realmente ese dinero, se recurre al concepto de Presupuestos Netos Territorializados. Aquí se rompe la lógica agregada de los datos oficiales —organizados por consejerías— y se aplican criterios que permiten asignar cada euro a un territorio concreto.

 

El primero es el Criterio de Destino, utilizado en Sanidad y Educación. En este caso, el gasto se asigna según la ubicación real de colegios, institutos, universidades, hospitales y centros de salud, teniendo en cuenta variables como el número de alumnos o de tarjetas sanitarias. Es el enfoque más directo y, a la vez, el más equitativo.

 

El segundo es el Criterio de Devengo, aplicado a Organismos, Entes Públicos y a la Administración General. Su lógica es simple: el gasto se localiza allí donde realmente se genera el impacto económico. Así, aunque el Puerto esté en Cartagena, buena parte de su gestión y servicios estratégicos se desarrolla desde oficinas situadas en la ciudad de Murcia.

 

Con estos datos se puede dar un salto adelante y medir algo clave: el Impacto Económico Ampliado. Este indicador permite estimar cuánto se multiplica el efecto del gasto público en cada territorio y, en última instancia, con esta información analizar el grado de centralización del sistema autonómico.

 

Porque el gasto público no termina cuando se paga una nómina o una factura. Ese dinero se mueve, se multiplica y se expande en cadena a través del comercio, el transporte o la hostelería, generando nueva actividad económica y empleo.

 

Para estimar ese efecto se aplica la regla de la Capacidad de Absorción, que tiene en cuenta factores como la densidad empresarial o el nivel de servicios de cada zona. De este modo, se obtienen distintos coeficientes multiplicadores de las partidas de gasto, que para nuestros territorios han sido: 1,65 en Murcia, 1,42 en Cartagena y 1,28 en el resto de la Región.

 

En definitiva, no se trata solo de cuánto se gasta, sino de dónde se queda ese dinero… y hasta dónde llega su impacto.

 

 

Del presupuesto oficial al impacto real en el territorio   

 

El pasado año, de los 6.709 M€ de presupuesto bruto, más de 1.000 M€ se evaporaron fuera de la economía regional. La mayor parte de esta fuga se concentró en Sanidad, con unos 370 M€ en farmacia hospitalaria y en Gastos Técnicos, donde destacan los más de 250 M€ destinados al pago de los intereses de la deuda.

 

El reparto del presupuesto neto del Servicio Murciano de Salud —una vez descontados los gastos que no se quedan en la Región— revela un desequilibrio evidente: Murcia concentra una parte muy superior de los recursos.

 

¿Por qué?  La respuesta está en tres focos. Primero, los servicios centrales —dirección, sistemas, asesoría— que gestionan toda la sanidad desde la capital. Segundo, la alta especialización médica —trasplantes, grandes quemados o cirugía avanzada—, concentrados en hospitales de referencia como La Arrixaca. Y tercero, una mayor dimensión estructural, con más áreas de salud que la mayoría de territorios.

 

Los 1.813 M€ netos destinados a Educación se distribuyen de forma muy desigual según el nivel educativo —Primaria, Secundaria, FP, Concertada, Universidades y programas de apoyo—. En el ámbito universitario, la concentración es especialmente acusada: la Universidad de Murcia absorbe la mayor parte de los recursos, muy por encima de la UPCT en Cartagena.

 

En los niveles obligatorios (colegios e institutos), el gasto se reparte de forma más equilibrada al estar ligado al número de alumnos y a las nóminas del profesorado. Sin embargo, este criterio no corrige la concentración del sistema, que sigue manteniendo a Murcia como principal foco del coste educativo.

 

El presupuesto de Organismos, Entes y Empresas Públicas —más de 1.000 M€— revela uno de los patrones repetitivos del sistema: la concentración en Murcia. Aunque su ámbito es regional, la mayoría de sedes, empleos cualificados y contratos se localizan en la capital, que absorbe cerca de tres cuartas partes de su impacto económico.

 

La maquinaria de la Administración General moviliza unos 600 M€ bajo una lógica implacable: el dinero se queda donde se manda. Murcia no solo concentra los grandes complejos —San Esteban, Ronda de Levante o el edificio Infante—, sino que acapara la estructura directiva de la Región. El resultado es demoledor: el 85% del impacto económico de esta partida se queda blindado en la capital.

 

No es solo una cuestión de despachos; es, ante todo, de personas. Miles de empleados públicos de alta cualificación trabajan, viven y consumen en Murcia, consolidando un flujo financiero que apenas gotea hacia el resto del territorio.

 

Mientras tanto, otras zonas como Cartagena o Lorca asisten como invitados secundarios a este banquete presupuestario, viendo como parte de la renta vinculada a su actividad termina desplazándose hacia la capital.

 

Los Gastos Técnicos, en torno a 600 M€, representan el “músculo financiero” del sistema: intereses de la deuda, transferencias al Estado, fondos de contingencia, aportaciones a consorcios/organismos externos o ajustes contables.

 

Son necesarios para que todo funcione, pero tienen un rasgo clave: su impacto sobre la economía real es muy limitado, ya que no rebasa del 25% de su cuantía bruta.  Es dinero que sostiene la estructura, pero que apenas genera actividad en el territorio.

 

Cuando se mide el efecto total —el llamado Impacto Económico Ampliado— la imagen es aún más contundente, dibujando una Región a tres velocidades. En Murcia, cada habitante cuenta con un respaldo público de 11.526 €/año, en Cartagena la cifra cae a 6.055 €/año y en el resto de la Región, se desploma hasta 1.937 €/año.

 

Qué explica esta brecha?  La respuesta es estructural. Al concentrar sedes, organismos y empleo cualificado en Murcia, el gasto público tiende a quedarse allí. Y cuanto mayor es su red empresarial y de servicios, mayor es también su capacidad para retener y multiplicar ese dinero.

 

Este sistema organizativo genera un proceso retroalimentado: El gasto se concentra -> la actividad económica crece en el mismo punto -> y la riqueza vuelve, una y otra vez, al mismo centro.  Un mecanismo que limita las oportunidades de Cartagena y del resto de territorios y condiciona su capacidad de crecer.

 

Centralización y brecha territorial

 

Los datos de 2025 dejan poco margen a la duda: la capital concentra el doble de recursos por habitante que Cartagena y hasta seis veces más que el resto del territorio. No es una anomalía, sino la consecuencia de un sistema profundamente desequilibrado. Lejos de la cohesión territorial que inspiró el Estado autonómico, el modelo ha evolucionado hacia una concentración de poder en la capital, frente a una periferia cada vez más dependiente.

 

El contraste con otras comunidades es revelador. Allí donde la descentralización ha servido para repartir poder y actividad, Murcia presenta una singularidad: es la única comunidad uniprovincial sin una Ley de Régimen Local ni mecanismos eficaces de equilibrio territorial. El resultado se aproxima a un modelo de “ciudad-Estado” en torno a la capital.

Basta mirar fuera para comprobar que otro modelo es posible. En Gijón, instituciones como la radiotelevisión pública asturiana equilibran el peso de Oviedo. En Elche, la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea —con más de 1.200 empleados— y una universidad propia que genera actividad y capacidad de decisión sin depender de Valencia o Alicante.

No son excepciones. En comunidades como Aragón, la descentralización funciona porque se han repartido competencias y servicios por el territorio, acercando la administración a los ciudadanos. Esto permite un equilibrio real, visible tanto en la gestión pública como en la vida cotidiana.

En cambio, la actual organización del territorio en la Región de Murcia tiene consecuencias claras: relega a Cartagena a un papel esencialmente industrial, sin apenas peso institucional, mientras los otros 43 municipios se limitan a lo básico —sanidad y educación— y quedan al margen de los centros de decisión y de la inversión estructural de la CARM.

Corregir este desequilibrio no es solo una cuestión de presupuesto, sino de equilibrio y de futuro. La pregunta es clara: qué Región queremos construir y si estamos dispuestos a cambiar un modelo que hoy deja a gran parte de su territorio atrás.

 

* Principales fuentes consultadas

 

Ley 3/2025 de Presupuestos Generales de la CARM

Portal de Transparencia de la CARM

Cuenta General / Liquidación del Presupuesto (Intervención General de la CARM)

Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la CARM

Memoria de Gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS)

Estado de gastos de la Consejería de Educación + estadísticas educativas (CREM)

Cuentas anuales de entes y empresas públicas

Informes de deuda de la CARM (Ministerio de Hacienda / FLA / mercados)

CREM (Centro Regional de Estadística de Murcia)

INE (Contabilidad Regional y estadísticas económicas)

Censo de dependencias administrativas y sedes de la CARM