Esta semana asistía a una reunión en la que la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, realizaba una radiografía muy precisa de la situación de nuestras pymes. Y, en ese contexto, planteé una cuestión que, a mi juicio, merece una reflexión más pausada.
Le pregunté directamente:
Si la Comisión Europea ha demandado al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer una normativa que introduce la exención del IVA para autónomos y micropymes con facturación inferior a 85.000 euros, ¿qué podemos esperar realmente? ¿Y qué mecanismos tenemos para que esa medida se aplique?
Porque, más allá del debate jurídico, el impacto es muy concreto.
En España, las pymes representan prácticamente la totalidad del tejido empresarial. En regiones como Murcia alcanzan el 99,86% y generan el 75% del empleo. Y dentro de ellas, las microempresas —las de menor tamaño— constituyen la base real de nuestra economía: miles de negocios que sostienen empleo, actividad y cohesión territorial.
Sin embargo, son también las más expuestas a los costes regulatorios.
El 60% de las empresas españolas identifica la burocracia como uno de sus principales frenos, frente al 25% en Europa. Y en los últimos años se han perdido 25.000 microempresas en España. No es un dato menor: refleja una tensión estructural entre el diseño normativo y la realidad empresarial.
Lo llamativo es que esta situación convive con un marco europeo que, al menos en su planteamiento, va en la dirección contraria.
El sistema de enforcement europeo existe, pero su impacto económico es limitado en el corto plazo"
La Unión Europea ha desarrollado el principio Think Small First —“Piensa primero a pequeña escala”— como eje de su política hacia las pymes. Su objetivo es claro: que cualquier regulación tenga en cuenta, desde el inicio, la capacidad real de las microempresas para cumplirla, reduciendo cargas administrativas y facilitando su actividad.
En esa misma lógica se sitúa la directiva que introduce la franquicia del IVA para pequeños negocios.
Sin embargo, cuando esta normativa no se aplica, se genera una disfunción evidente.
El procedimiento europeo se activa. La Comisión demanda. El proceso sigue su curso. Pero, mientras tanto, las empresas continúan operando bajo un marco más complejo, con mayores costes y menor margen de actuación que sus equivalentes en otros países.
El debate no debería centrarse únicamente en nuevas medidas, sino en algo más básico: la aplicación efectiva de las ya existentes"
Y aquí es donde surge mi reflexión.
Porque el sistema de enforcement europeo existe, pero su impacto económico es limitado en el corto plazo. La eventual sanción la asume el Estado, pero el coste de no aplicar la norma lo soportan directamente las empresas en su operativa diaria.
Es decir, el incentivo a cumplir no siempre está alineado con el impacto real sobre el tejido productivo.
A esta situación se suma un entorno económico más exigente. El encarecimiento de la energía, de las materias primas y la incertidumbre internacional están presionando los márgenes empresariales. En este contexto, cualquier simplificación administrativa o fiscal deja de ser accesoria para convertirse en relevante.
Por eso, quizá el debate no debería centrarse únicamente en nuevas medidas, sino en algo más básico: la aplicación efectiva de las ya existentes.
Porque, en última instancia, el funcionamiento de una economía no depende solo de la calidad de sus normas, sino de su implementación.
Y, especialmente en el caso de las micropymes, de si esas normas están realmente diseñadas —y aplicadas— pensando en ellas.
Ángela de Miguel, me encantó. Mi deseo: que con ese ánimo y esa energía consiga convencer a este país de apostar por sus empresas.
Isabel Martínez Conesa
Catedrática de Universidad | Directora de la Cátedra Mujer Empresaria y Directiva
