Los incendios forestales en España han dejado de ser un fenómeno estacional y se han convertido en un elemento estructural del medio rural y de nuestra economía. Los datos más recientes muestran que en lo que va de 2025 se han registrado 301 siniestros que han afectado a más de 382.000 hectáreas. La tendencia general apunta a una superficie afectada mayor y a un crecimiento sostenido de los denominados Grandes Incendios Forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas. Concretamente, en la última década su frecuencia se ha incrementado un 31%, lo que plantea un desafío para los sistemas de extinción, eficaces en los conatos, pero con mayores limitaciones frente a fuegos de gran magnitud.

Las causas de este fenómeno son diversas. Por un lado, la evolución climática ha intensificado las condiciones de riesgo, con temperaturas más altas y menores niveles de humedad. Por otro, los factores sociales y económicos han modificado el paisaje rural. En el último decenio, la población en el campo se ha reducido un 4,4%, lo que implica pérdida de prácticas tradicionales de gestión del monte. A ello se suma el retroceso de la ganadería extensiva, que actuaba como un freno natural al crecimiento de la biomasa, con caídas del 40% en el ovino y del 30% en el caprino en los últimos treinta años. Paralelamente, el abandono progresivo de los usos agrícolas pone en riesgo más de dos millones de hectáreas hacia 2030. Este vaciamiento del medio rural convive con la expansión de la interfaz urbano-forestal, donde urbanizaciones y segundas residencias entran en contacto directo con zonas de monte.

El resultado es una mayor exposición patrimonial y humana, además de un aumento de los costes de extinción debido a la complejidad logística que implica proteger viviendas, infraestructuras y carreteras. En este contexto, las legislaciones existentes, muchas de ellas establecidas sin el debido consenso con los expertos y habitantes de la zona, han mostrado rigideces que dificultan la gestión preventiva y, por tanto, favorecen el aumento de los incendios, mientras que la estrategia pública continúa orientada de manera mayoritaria a la extinción frente a la necesidad de prevención.

Los datos presupuestarios son ilustrativos. Entre 2015 y 2023, España dedicó alrededor del 0,4% de su presupuesto nacional a la protección contra incendios forestales, una cifra que, por ejemplo, queda por debajo del esfuerzo que en esos mismos términos porcentuales hacen países como Grecia o Estonia, que reforzaron su inversión tras episodios críticos. En 2025, según las manifestaciones públicas del Gobierno de España, el presupuesto estatal ha sido de 134 millones de euros, de los cuales 108 millones se destinaron a extinción y solo 26 millones a prevención. La distribución territorial muestra también diferencias, por ejemplo, comunidades como Galicia han incrementado la parte destinada a formación y prevención, mientras que otras, como Castilla y León o Extremadura, continúan centrando el grueso de sus recursos en sofocar los incendios frente a la inversión en prevención. En cualquier caso, el modelo general sigue siendo reactivo y se mantiene en buena medida el esquema diseñado hace más de cuatro décadas.

Parece claro que el modelo actual plantea por tanto dos tipos de problemas"

 

En la Región de Murcia, los incendios de este verano fueron 64 entre junio y agosto de 2025, con una superficie afectada algo superior a 64 hectáreas. Aproximadamente el 36% de esos siniestros se considera que fueron intencionados, quedando la mayoría como conatos y afectando a menos de una hectárea cada uno. El dispositivo regional, incluido el Plan INFOMUR, movilizó diariamente más de 500 profesionales, y se ha destacado que en muchos episodios la superficie dañada no fue relevante dada la intervención temprana. En 2024, el total de superficie forestal afectada fue similar, unas 65 hectáreas. En paralelo, el Gobierno regional anunció un plan de restauración que pretende alcanzar las 3.000 hectáreas a finales de 2025, con previsión de llegar a 10.000 en 2026 y una inversión cercana a los 19 millones de euros, con el objetivo de reforzar la resiliencia frente a la sequía y la propagación del fuego.

En cualquier caso, a nivel general de España el contraste económico entre las estrategias de extinción versus prevención es notable. Las estimaciones sitúan el coste de la prevención entre 500 y 3.000 euros por hectárea, mientras que la extinción puede alcanzar entre 15.000 y 19.000 euros. A estos importes se añaden los daños en capital natural, en infraestructuras y en sectores productivos vinculados al medio rural. En 2025, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ha cifrado en unos 600 millones de euros las pérdidas para el sector, con especial incidencia en Galicia, Castilla y León y Extremadura. El impacto económico también alcanza al turismo rural. En las zonas afectadas por los incendios de este verano, las cancelaciones de reservas se situaron entre el 30% y el 90%, lo que redujo de forma significativa los ingresos de casas rurales, restaurantes y hoteles en plena temporada alta. En términos agregados, las comunidades más afectadas podrían ver reducido su PIB anual en un rango de entre el 0,11% y el 0,18%. No se trata únicamente de costes inmediatos, la experiencia demuestra que los efectos pueden prolongarse durante años. El caso de la Sierra de la Culebra, que sufrió un gran incendio en 2022, refleja que algunas localidades aún no han recuperado plenamente su actividad. Por ejemplo, en sectores como el vinícola alcanzar de nuevo los niveles de calidad perdidos puede llevar hasta cinco años.

En definitiva, parece claro que el modelo actual plantea por tanto dos tipos de problemas. El primero es la insuficiencia de un esquema de extinción que, aunque efectivo en la respuesta rápida, no logra ser tan eficaz en los incendios de gran magnitud que se han vuelto más frecuentes. El segundo es el coste económico de mantener esta estrategia. Invertir en prevención resulta más eficiente, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también desde una perspectiva fiscal y productiva. La cuestión de fondo es si España logrará avanzar hacia un modelo diferente. La magnitud del problema exige coordinación institucional y una actualización del marco legislativo. Sin una estrategia que combine prevención, gestión del territorio y corresponsabilidad social, los incendios seguirán generando un coste económico creciente y afectando a sectores clave del medio rural. El reto por tanto consiste en superar un modelo de gestión que responde con eficacia a los conatos pero que resulta insuficiente frente a incendios de gran magnitud. En la medida en que no se logre esa transición, la factura económica seguirá aumentando y el medio rural y todas sus derivadas continuarán siendo los principales damnificados.

Salvador Marín

Economista

Catedrático Universidad de Murcia