Cada año, miles de personas vuelven a intentarlo. Se levantan a las cinco, trabajan toda la mañana en un aula, recogen a sus hijos del colegio, preparan la cena... y abren el temario por el tema 15. Lo hacen con la esperanza de que esta vez será diferente, de que el esfuerzo, los años de experiencia y los sacrificios acumulados servirán para algo. Pero no. Vuelven a enfrentarse a un proceso pensado para expulsarlos, no para evaluarlos. Y así, curso tras curso, sin tregua ni memoria, el sistema les lanza al mismo pozo: tribunales opacos, pruebas desconectadas de la práctica docente, vacantes sin cubrir y listas de interinos aún más largas. Como si viviéramos atrapados en un bucle perverso. Como si el reloj se reiniciara cada junio en el mismo punto: el día de la marmota. 

La Región de Murcia ha ofertado este 2025 más de 1.600 plazas en Secundaria. En especialidades como Matemáticas —donde ya cuesta encontrar profesorado dispuesto a asumir la interinidad— se han convocado más de 120. ¿El resultado? Apenas 40 o 50 personas han superado la primera prueba. Más de 60 plazas desiertas. Y no es un error de cálculo: es el funcionamiento ordinario de un sistema que lleva años diseñado para no estabilizar a nadie.

 

Entre 2006 y 2010 se aplicaron procesos de estabilización que funcionaron"

 

Esto ya lo hemos visto

 

Y no, no ocurre solo en Secundaria. En Primaria también se repite la misma crueldad con idéntica mecánica: pruebas eliminatorias que ignoran la experiencia, méritos relegados a un rincón, docentes con años de aula que son descartados sin explicación. Cambian las etapas educativas, pero no el desprecio institucional. La temporalidad sigue desbocada y cada curso arranca con las plantillas incompletas. El problema no es técnico, ni coyuntural. Es estructural. Y premeditado.

Porque este modelo eliminatorio no selecciona: descarta. No busca cubrir plazas, sino mantener el bucle. Ya ocurrió en 2010, en 2018, en 2021. Plazas vacías tras oposiciones fallidas. Y siempre, las mismas declaraciones oficiales: que se han seguido los procedimientos. Como si cumplir la forma bastara. Como si el sistema educativo no necesitara otra cosa que gestos administrativos para funcionar.

Lo más sangrante es que sabemos que hay alternativa. Entre 2006 y 2010 se aplicaron procesos de estabilización que funcionaron. Se priorizaron los méritos, se eliminaron filtros innecesarios y se consolidaron plantillas. No bajó la calidad. No hubo escándalo. Se hizo porque se quiso. Hoy, no se quiere.

 

La estabilización no fue un regalo

 

La Ley 20/2021 no fue una concesión del Gobierno. Fue una reacción forzada por años de movilización de colectivos de interinos, asociaciones, sindicatos y fuerzas políticas como Podemos o Esquerra Republicana. Fueron ellos quienes pelearon por aplicar el artículo 61.6 del TREBEP, que permite el acceso por concurso de méritos en situaciones excepcionales. Y esta lo era.

Se dijo que sería inconstitucional. Que rompería el sistema. Que era un privilegio. Pero resultó que sí se podía. Y lo que no se quiso fue aplicarlo con justicia. En comunidades como Murcia, se hizo lo contrario: se reservaron para la oposición de 2025 plazas que debieron haberse estabilizado en 2022. En Matemáticas, apenas 8 plazas por concurso de méritos. Ahora, más de 120. El resultado era previsible: plazas sin cubrir, y más precariedad.

 

Y mientras tanto, en Europa

 

Y mientras esto se normaliza dentro de nuestras fronteras, en Bruselas lo observan con preocupación. España lleva años incumpliendo la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe el abuso de la contratación temporal. Ha sido advertida, sancionada y obligada a reaccionar. Pero aquí se sigue disfrazando de proceso selectivo lo que no es más que un mecanismo de rotación y desgaste. Se convocan oposiciones con apariencia de legalidad que, en la práctica, no estabilizan a nadie. Porque se diseñan, directamente, para eso: para no estabilizar.

 

¿Torpeza o desprecio?

 

Es la pregunta que flota en cada grupo de WhatsApp, en cada sala de profesores, en cada casa donde alguien estudia tras acostar a sus hijos. ¿Es esto una incompetencia estructural? ¿O un desprecio calculado? Porque si hay algo peor que precarizar a un docente es hacerlo a sabiendas. Porque sale más barato. Porque no consolida derechos. Porque así se maneja mejor un sistema que no reconoce a quienes lo sostienen.

Y a veces, ya ni siquiera parece una cuestión de ahorro: parece inquina. Una inquina sostenida hacia el colectivo docente interino, tratándolo como un cuerpo prescindible, rotatorio, desechable. Un ensañamiento burocrático que los condena a la inestabilidad, aunque sostengan durante años los cimientos del sistema público.

Y mientras tanto, los aspirantes aguantan. Compaginan trabajo, familia y temario. Se presentan a un examen sabiendo que probablemente no les servirá de nada. Saben que volverán a ocupar esas mismas plazas, pero sin estabilidad. Saben que el mérito no pesa, que la experiencia no cuenta, que el examen no mide lo que hacen en el aula. Y aún así, lo intentan. Porque creen en la educación pública. Aunque el sistema no crea en ellos.

 

¿Qué se está exigiendo?

 

Nada que no esté ya escrito en la ley. Procesos justos. Sin filtros diseñados para excluir. Con reconocimiento real de la experiencia. Aplicación efectiva del artículo 61 del TREBEP. Fin del uso estructural de interinos como fórmula de gestión. Y transparencia: que se sepa cuántas plazas deberían haberse estabilizado y cuántas se han guardado para volver a ponerlas a subasta.

Porque el TREBEP no necesita ser modificado: necesita ser cumplido de verdad. El artículo 61.6 ya establece con toda claridad que el acceso por concurso de méritos puede aplicarse de forma excepcional cuando hay razones objetivas, como el abuso de la temporalidad. Lo que hace falta no es más legislación, sino voluntad política para aplicar la que ya existe, sin trampas, sin cuotas recortadas, sin reservar plazas para futuras cribas. Y sobre todo, con una finalidad clara: consolidar al personal que lleva años trabajando en fraude de ley, no seguir rotando interinos mientras se presume de convocatorias vacías.

Se ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Pero hace falta una condición que no está en ningún temario: voluntad política.

 

Basta ya

 

Este sistema no falla. Funciona exactamente como fue diseñado: para impedir la estabilidad, para abaratar la educación pública, para quebrar a quienes más la sostienen. Y quienes lo sufren lo saben. Lo han sentido. En el estómago, en la piel, en las lágrimas que se aguantan delante del alumnado. No es solo un problema técnico. Es un maltrato institucional sostenido. Y ya no hay excusas.

Si nada cambia, el reloj volverá a sonar el próximo junio. Y será otra vez el mismo día. Pero esta vez, quizás, muchos ya no se levanten.

 

Ángel Luis Hernández

Secretario de Organización de Podemos en la Región de Murcia