Hubo un tiempo en que la belleza de la bahía de Portmán, la riqueza minera de la Sierra de Cartagena-La Unión y el azul del Mar Menor convivían con la vida y la esperanza. Hoy, esas tierras y aguas hablan de abandono, cicatrices profundas y promesas incumplidas. Lo que fue orgullo, hoy clama por justicia y restauración.

 

La herencia tóxica de la Sierra Minera

 

Décadas después del fin de la actividad extractiva, los metales pesados —legado tóxico del pasado— siguen filtrándose en la vida cotidiana de los vecinos de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Literalmente. El polvo cargado de metales pesados sigue colándose en las casas, cubriendo patios, columpios y pulmones. Para muchos vecinos, especialmente los niños, la exposición a estas sustancias forma parte de una rutina marcada por restricciones, advertencias sanitarias y temores cotidianos.

 

Los estudios lo confirman: análisis realizados por universidades y hospitales como la UPCT, la Complutense o la Arrixaca han detectado niveles elevados de plomo en sangre y arsénico en orina entre menores del Llano del Beal y otras zonas próximas a antiguas explotaciones mineras. Las cifras superan los umbrales establecidos por la OMS y los CDC, aunque ambas instituciones coinciden en una advertencia clara: no existe un nivel seguro de exposición al plomo. Incluso en cantidades bajas, puede afectar al desarrollo neurológico infantil, provocar retrasos cognitivos y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas a lo largo de la vida.

 

El cierre repentino de la actividad minera en 1991 se produjo sin un plan efectivo de restauración ambiental. Más de una veintena de balsas contaminadas quedaron expuestas a la intemperie, y desde entonces, el viento, la lluvia y la escorrentía han diseminado sus residuos hacia acuíferos, zonas agrícolas y hasta el Mar Menor y el Mediterráneo. En todo este tiempo, la administración regional no ha puesto en marcha un plan integral de recuperación ni de descontaminación de suelos. Aunque el plan PRASAM (2018–2028) sigue en vigor, su ejecución ha quedado prácticamente paralizada y en gran parte relegada al ámbito estatal.

 

Uno de los casos más representativos de intervención fallida fue el intento de rehabilitación de la balsa Jenny. En 2001, se destinaron 6,5 millones de euros a una actuación que resultó ineficaz. La falta de control en la ejecución del proyecto permitió que la balsa siguiera emitiendo contaminantes. En 2022, el Seprona de la Guardia Civil alertó al juzgado de que la obra no solo había fracasado, sino que había empeorado la situación. Ante esta advertencia, se declaró la emergencia ambiental y se ordenó a la Comunidad Autónoma que ejecutara nuevos trabajos de sellado. Sin embargo, las acciones llevadas a cabo fueron meramente paliativas y no resolvieron el riesgo para la salud pública.

 

Tras más de tres décadas sin una respuesta efectiva por parte de la Administración regional ante el problema de contaminación minera en la Sierra Minera, el Gobierno central ha asumido recientemente la iniciativa. El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido la zona en su plan para recuperar el Mar Menor (MAPMM), con una inversión prevista de 110,8 millones de euros para restaurar 700 hectáreas. Sin embargo, solo el 42 % del presupuesto tiene asignación y calendario. La primera fase comenzó en febrero de 2025 con intervenciones en tres conjuntos mineros —El Llano del Beal, El Descargador I-II y Brunita—, que suman 65 hectáreas y 40,4 millones de euros. El resto de actuaciones sigue pendiente de trámites ambientales.

 

Este mismo año, el Gobierno de la Región de Murcia y la empresa pública Tragsa finalizaron el sellado del depósito minero de El Lirio, considerado el más peligroso de la Comunidad. No obstante, la actuación —cofinanciada con fondos estatales— ha sido denunciada por Ecologistas en Acción, que advierte de que se usaron materiales inadecuados y que no se eliminaron los residuos contaminantes antes del sellado. La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, ha aclarado que la obra aún no ha sido recepcionada oficialmente y que se someterá a las inspecciones necesarias para verificar su conformidad con la normativa vigente.

Portmán:  la bahía envenenada

En 1992, la empresa francesa Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) puso fin a décadas de vertidos mineros en la bahía de Portman, dejando tras de sí un legado devastador: 60 millones de toneladas de residuos tóxicos cargados de plomo, zinc, cadmio y arsénico. Donde antes había mar, hoy solo queda un paisaje desolado, contaminado y a la espera eterna de su regeneración.

Aunque la SMMP fue la responsable directa de esta catástrofe ambiental, hoy no tiene ninguna obligación legal de limpieza. La responsabilidad recae en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), debido a la escasa legislación ambiental de la época y a la permisividad institucional que permitió los vertidos. Al tratarse de una actuación en el dominio marítimo-terrestre, el proyecto de regeneración depende exclusivamente del Estado.

En 2015, el MITECO licitó por 59,5 millones de euros un proyecto de regeneración que quedó bloqueado durante años por retrasos, denuncias y desacuerdos entre vecinos, Ayuntamiento y Ministerio. En abril de 2025, el MITECO presentó una nueva propuesta: cubrir los residuos con una capa de arena limpia que los aísle del entorno marino hasta la profundidad donde actúa el oleaje. El proyecto, valorado en al menos 50 millones de euros, podría licitarse en 2026. El Ministerio defiende que esta solución garantiza el “riesgo mínimo posible” y cuenta con el aval de expertos como el doctor José Peñas, de la Universidad de Limoges, quien ha calificado la propuesta como “realista, responsable y basada en la ciencia”, advirtiendo que insistir en soluciones inviables solo agravaría el problema ambiental.

Sin embargo, los vecinos y colectivos locales mantienen su rechazo. Reclaman una restauración real que permita la recuperación turística y económica de la zona. Critican que no se haya cumplido el compromiso histórico recogido en el convenio de 2006, consensuado por las tres administraciones, y sostienen que existen técnicas seguras para extraer los residuos, aunque sean más costosas.  El Ayuntamiento de La Unión y el Gobierno regional también se oponen al plan estatal, pero hasta ahora no han presentado una alternativa viable ni un respaldo técnico que desmonte de forma contundente los riesgos expuestos por el MITECO.

Mar Menor: un duelo sin consuelo

El Mar Menor, una de las mayores lagunas litorales del Mediterráneo con más de 13.500 hectáreas, fue durante décadas un ecosistema único. Sus aguas hipersalinas, limpias y cristalinas lo diferenciaban de otras lagunas costeras europeas, turbias y salobres. Esa transparencia era posible gracias a un equilibrio en la disponibilidad de nutrientes en el agua, lo que permitía a la vegetación marina desarrollarse sin obstáculos, beneficiándose de la abundante luz solar que llegaba al fondo. Aunque ya había sufrido impactos ambientales por la minería en la cercana Sierra Minera y por la presión urbanística, su equilibrio natural se mantenía. Pero todo cambió hace aproximadamente una década. Lo que durante años fue un ecosistema resistente, entró en crisis.

El origen del colapso ambiental del Mar Menor está claramente identificado por la comunidad científica: la agricultura intensiva desarrollada en su entorno desde los años 80, tras la llegada del agua del trasvase Tajo-Segura. El uso masivo de fertilizantes —ricos en nitratos y fosfatos— provocó un vertido continuo de nutrientes a la laguna. Estos llegaron tanto por escorrentía superficial durante las lluvias como por filtraciones subterráneas a través de acuíferos. Durante un tiempo, la laguna fue capaz de resistir. Las praderas submarinas actuaban como un sistema de amortiguación ecológica, absorbiendo los nutrientes y manteniendo niveles estables de oxígeno. Sin embargo, esa capacidad de recuperación tenía un límite. Y se superó.

 

A partir de entonces, el exceso de nutrientes alimentó una proliferación masiva de plancton que enturbió el agua, bloqueó la luz solar y provocó la muerte de la vegetación del fondo. Sin plantas, el oxígeno escaseó, y la fauna marina comenzó a desaparecer. Se activó así un círculo vicioso: menos vegetación, menos oxígeno; más materia orgánica en descomposición, más turbidez y más muerte.  El Mar Menor dejó de ser un mar interior de aguas limpias para convertirse en una laguna turbia, inestable y frágil.

Hoy, el colapso ambiental del Mar Menor no es una amenaza futura: es una realidad. Y lo peor es que su capacidad de regenerarse se ha reducido tanto que, incluso con menos vertidos que antes, el impacto ecológico es mayor. A esta situación se suma la lentitud de la respuesta institucional. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, a finales de 2024 apenas se había ejecutado un 12,6 % del presupuesto previsto en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM). De los 675 millones de euros asignados, solo se han invertido 85 millones. Con el plazo final del programa fijado para 2026, crecen las dudas sobre si se podrá cumplir lo prometido.

La crisis del Mar Menor no solo es un desastre ambiental; es también un duelo colectivo. Muchos de los que crecieron junto a sus orillas, lo disfrutaron o lo sintieron como propio, viven esta pérdida con dolor. Para ellos, el Mar Menor no se está perdiendo: ya se ha perdido. Y lo que queda es la tristeza de verlo enfermo, sin que llegue aún una cura.

Los desafíos

Revertir el deterioro ambiental, proteger la salud pública, preservar el patrimonio y garantizar el bienestar económico y social de las comunidades de la Sierra Minera, la bahía de Portmán y el Mar Menor requiere afrontar con decisión tres desafíos fundamentales. Superarlos es imprescindible para lograr el cambio real que necesita el proceso de regeneración ambiental.

Voluntad política:  Es urgente actuar con ambición, rigor técnico y responsabilidad histórica. No basta con medidas parciales, paliativas o guiadas por intereses electorales. Se necesita un compromiso político firme que priorice el interés general y el largo plazo.

Coordinación institucional:  La dispersión de competencias entre diferentes administraciones ha dificultado la adopción de respuestas eficaces. La falta de un marco común y la ausencia de una coordinación real ha dado lugar a actuaciones fragmentadas, que no abordan el problema de forma integral. La cooperación entre niveles de gobierno es imprescindible.

Liderazgo efectivo:  Es imprescindible contar con un órgano de liderazgo fuerte, transparente y con capacidad técnica y ejecutiva. Este liderazgo debe basarse en criterios científicos, garantizar la participación ciudadana activa y tener la autoridad para movilizar recursos, tomar decisiones y sostener el esfuerzo en el tiempo.

Francisco José Conesa Cánovas

Doctor Ingeniero Industrial