La verdad, o mejor, la realidad y la evidencia es que el problema de los aranceles está profundamente arraigado en la historia económica estadounidense. No olvidemos que incluso antes de ser una república, cuando tan solo eran 13 colonias del imperio Británico, el conocido como Motín del Té (1773) fue, según los historiadores, el desencadenante de la guerra de la independencia debido a la ira que desató en los bostonianos por las ventajas monopolísticas, aranceles, que el rey Jorge otorgó a la Cía. Británica de las Indias Orientales a expensas de los colonos, ventajas destinadas a rescatar a la Cía y sacarla de sus deudas y pérdidas. 

Sin embargo, inmediatamente después de obtener la independencia, fueron muchos los políticos estadounidenses que apoyaron los aranceles que hasta hacía bien poco habían rechazado del gobierno británico.

Desde James Madison, que luego sería 4º presidente de EEUU, quien consideraba que los aranceles eran necesarios para aumentar los ingresos de la naciente república hasta Alexander Hamilton y Henry Clay que apoyaron la aplicación de aranceles para estimular las industrias incipientes del este del país. Sin embargo hay poca evidencia de que el sistema de aranceles y subsidios industriales fueran responsables del crecimiento económico estadounidense del siglo XIX.

Asimismo y contrariamente a la narrativa conservadora muchas de las figuras destacadas de la Fundación Estadounidense o Padres Fundadores se opusieron a los argumentos proteccionistas de Hamilton y Clay; de 1789 a 1934 fueron muchas las industrias que buscaban aranceles y desviaron recursos para presionar al Congreso y obtener tasas preferenciales y acuerdos secretos. La corrupción asociada con la política arancelaria proteccionista de finales del siglo XIX condujo a la adopción de la 16ª Enmienda y al impuesto federal sobre la renta como sistema de ingresos alternativos.  Posteriormente, en 1934, la política comercial estadounidense se reestructuró para eludir la desastrosa Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930 (que incrementó las consecuencias negativas de la Gran Depresión) y puso de manifiesto la tendencia de los aranceles proteccionistas de servir a grupos de interés corruptos.

Los conservadores estadounidenses han extendido su relato desde entonces hasta el presente pidiendo el uso del proteccionismo basado en aranceles para revertir el déficit comercial de EEUU entre importaciones y exportaciones. Este razonamiento, en mi opinión, confunde una herramienta contable con una política prescriptiva y descuida, además, que las restricciones a las importaciones provocan daños colaterales simétricos a los exportadores. En 1824 el proteccionismo arancelario ayudó a las industrias beneficiarias pero también repartió la carga de precios más altos entre los consumidores en general y al sistema político a través de una corrupción pública generalizada.

Este relato también pasa por alto los numerosos casos en los que el proteccionismo arancelario provocó innumerables crisis diplomáticas y constitucionales, desencadenó represalias internacionales y obstaculizó el desarrollo económico estadounidense, además de evidenciar que el vínculo empírico entre aranceles y desarrollo económico en el siglo XIX es débil pero aumentado por el razonamiento post hoc ergo propter hoc, las malas estadísticas y narrativas tendenciosas.

El caso es que este pequeño resumen histórico ilustra una pugna de más de dos siglos entre proteccionismo y libre comercio, de H. Clay contra J. Madison y también contra Jefferson, de Norte contra Sur, de agricultura-textiles y ganadería contra industria, décadas de unos contra otros, de Gobierno Federal contra Estados…

…y si todo esto lo sabemos aquí los humildes plumillas de provincias de un país llamado España, al sur de la Unión Europea, por supuesto que lo sabe el presidente Trump y sus asesores, que lo han estudiado en sus exclusivas y caras universidades, saben que reactivar los aranceles es un intento de revertir el patrón de libre comercio y devolver a EEUU al modelo Smoot-Hawley de primacía del Congreso en política comercial, de afirmar la existencia de un vínculo sin fundamento entre el crecimiento económico y los aranceles, de omitir cualquier indicio de la brutal corrupción generada por las listas arancelarias en la era del Congreso, de omitir la cantidad de veces que los aumentos de aranceles resultaron contraproducentes por una diplomacia equivocada que condujo a la Guerra Civil y a la ruina económica de la Gran Depresión, del enfrentamiento y oposición sustancial con otros países, etc.

Ya en su anterior etapa el presidente Donald Trump, con buen criterio, intentó recortar algunos tipos de “prestaciones sociales” corporativas que había incrementado enormemente la administración Obama, como los subsidios a las energías renovables, pero adoptando otros como los subsidios al etanol; en 2018 aumentó, también con buen criterio, ver Valencia Plaza, los aranceles a una serie de importaciones chinas, lo que provocó una respuesta de China tomando represalias contra las exportaciones agrícolas estadounidenses. El daño a la agricultura estadounidense impulsó a Trump a aprobar una serie de rescates agrícolas por un total de 23.000 millones de dólares más otros 31.000 millones adicionales para las empresas agrícolas durante la pandemia Covid-19 del año 2020.

Sabe, el presidente Trump, que estos movimientos generan respuestas que luego impulsan un gasto interno. Solo él conoce lo que se ha encontrado después de 4 años de administración Biden, que solamente en el apartado de “bienestar corporativo” es decir, subsidios y subvenciones proteccionistas a empresas, suponen la nada desdeñable cifra de 181.000 millones de dólares al año (subsidios directos en efectivo y apoyo indirecto a la industria) además de la corrupción política y el daño económico que causa.

Conviene no olvidar que Trump, durante su primer mandato, aumentó enormemente el gasto federal durante la pandemia y aprobó tres colosales proyectos de ley de ayudas que incluían más de 900 mil millones de dólares en subsidios a las empresas. Este derroche de gastos de Trump preparó y abonó el terreno para un gasto aún más derrochador de subsidios y proteccionismo por parte de Biden que se resumen en estas tres leyes:

-Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de 2021 que aumentó en 550 mil millones de dólares los subsidios a las infraestructuras a lo largo de 5 años de los que 254 mil millones se destinaron a “bienestar corporativo” subsidiando energía eléctrica, ferrocarriles, banda ancha, aeropuertos, puertos y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

-La Ley de CHIPS y Ciencia de 2022 otorgó 54 mil millones en beneficios corporativos más otros 53 mil millones a la industria de semiconductores y otros mil millones para la tecnología inalámbrica, además de miles de millones en exenciones fiscales a la industria de semiconductores.

-La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022 con un costo mínimo de 390 mil millones y un máximo de 1,2 billones de dólares en diez años en subsidios a grandes corporaciones de fabricantes de vehículos, empresas de servicios públicos, fabricantes y productores de hidrógeno, etc. Esta estimación de costos (390-1,2) es por la gran variabilidad al no conocer la evolución futura del mercado ni las respuestas del sector privado a estos subsidios. Con el agravante que muchas exenciones fiscales corporativas son transferibles lo que significa que las empresas que las reciben pueden venderlas a otras empresas (en 2024 veinte mil millones de dólares de exenciones se intercambiaron entre empresas).

Además de estos tres núcleos principales de protección a empresas que el presidente Trump y su equipo se han encontrado, y sobre el que tendrán que actuar y aplicar recortes sustanciales así como financiar los compromisos generados por estas leyes, existen otros tipos de “bienestar corporativo” sobre los que tendrá que actuar, a saber,

-Gastos fiscales, que en 2024 ascendieron a 154.000 millones de dólares.

-Contratación, (negocios con contratistas) con sus sobrecostos, ganancias infladas y corrupción.

-Rescates a empresas, ya que el gobierno federal rescata a compañías financieras, automovilísticas y aerolíneas, minando el crecimiento al frenar el movimiento de capitales de empresas mal gestionadas a otras empresas bien gestionadas… ¿les suena esto en España?

-Regulaciones, creadas para solucionar fallos del mercado pero que a menudo inflan las ganancias de las empresas favorecidas.

-Barreras comerciales o aranceles, que benefician a algunas empresas a expensas de otras empresas y consumidores. Un ejemplo es el actual arancel a la importación de azúcar, beneficiando a un pequeño grupo de productores a expensas de los fabricantes y consumidores de alimentos, que pagan más de 4.000 millones de dólares en precios más altos por año. En su anterior mandato, los aranceles del presidente Trump contra China ayudaron a algunas empresas estadounidenses perjudicando a muchas otras y costaron a los hogares americanos un promedio de 831 dólares por año (solo por este arancel).

Para colmo del ingente trabajo que el presidente Trump y su equipo tienen dentro de su economía para arreglar todo esto, también saben que el éxito está basado en operaciones o decisiones eficientes. Saben que el exceso de proteccionismo y aquí están incluidos los aranceles y la política arancelaria, erosiona la confianza en el gobierno federal y en el sector empresarial. Saben que este aumento desmesurado del déficit hará necesario que los recortes de gastos sean una prioridad, saben que el gobierno debe arbitrar la economía desde una perspectiva neutral y sobre todo saben que el proteccionismo va en contra del ideal estadounidense de igualdad ante la ley. Sobre todo saben que la política arancelaria, incluso en el corto plazo, generará más costes a las familias y empresas, como está demostrado, y él tiene un compromiso con sus más de 77 millones de votantes -y por extensión con el resto de votantes- de protegerlos contra la inflación y los precios altos.

Desde fuera nos podría parecer que en el corto plazo es una solución que ayudaría a financiar el altísimo gasto interno en subvenciones y subsidios, pero sería un tremendo error entrar en esta contienda.

Recuerdo que en las reuniones importantes de consultoría empresarial con equipos de empresas, solía empezar las mismas soltando dos o tres bombazos, lo llamaba “saxar la reunión”; esto nos servía para identificar quien se agarraba a su silla y quien miraba al frente con el objetivo de identificar los problemas. También se ha llamado “escarotar el galliner” y no es más que el intento, para obtener una ventaja competitiva, de provocar el desorden, la desatención sobre los problemas importantes para que se centre el equipo en problemas tangenciales.

Y esto es simplemente lo que está haciendo el presidente Trump con la cuestión arancelaria, saxar, escarotar el galliner, no va a darle mucho recorrido a la cuestión arancelaria, provocaría unas reacciones inoportunas e inflacionistas que afectarían directamente al corazón de sus votantes y dañaría sus principios de hombre de negocios. Además nos mostraría una gran incoherencia y le harían perder una credibilidad que para continuar su mandato con éxito es incuestionable.

No olvidemos que mientras nos distrae con aranceles y otras controversias, él tiene en la cabeza la cuestión Asia-Pacífico que es la que realmente le preocupa. Aquí, en Europa, mientras tanto, corriendo de un lado a otro, aranceles, gasto en defensa… como gallinas sin cabeza.

Finalmente podríamos preguntarnos, de continuar con la nueva cuestión arancelaria, si persistirá Trump provocando un daño innecesario y auto inferido a la economía estadounidense que le puede llevar a una recesión voluntaria.

Mi recuerdo para las 228 víctimas de las inundaciones y mi apoyo y cariño a sus familiares. Y nuestro esfuerzo y solidaridad para los damnificados y perjudicados.

Ricardo Romero es especialista en estrategia de impacto y sostenibilidad