MURCIA. La regularización de migrantes ha sido el detonante de un fuerte enfrentamiento político en el último pleno del Ayuntamiento de Murcia. Lo que se presentaba como un debate sobre la gestión de los papeles acabó en un choque total entre los partidos, dejando claro que hay dos formas de ver la realidad: mientras unos denuncian un caos en los servicios municipales, otros acusan a la derecha de ignorar el trabajo que miles de extranjeros ya realizan en nuestros campos y hogares. Todo esto ocurre mientras las oficinas municipales están al límite por el aumento de solicitudes.

La concejala del PP, Pilar Torres, fue la encargada de abrir fuego denunciando que el Gobierno central ha tomado esta decisión sin contar con los ayuntamientos. Torres aseguró que los trabajadores públicos están desbordados por una "sobrecarga brutal" que genera desconfianza e incertidumbre. Para el PP, el mensaje que se lanza a la sociedad es muy negativo, ya que se permite que alguien consiga los papeles sin haber trabajado nunca en España, basándose en criterios de vulnerabilidad que no están claros. Según Torres, esto "debilita el sistema" y traslada toda la presión y el coste a los municipios, que son quienes tienen que dar la cara sin recibir fondos extra.

Desde el PSOE, la edil Esther Nevado respondió con dureza, acusando al equipo de Gobierno de vivir "desconectado de la realidad laboral". Nevado recordó que los migrantes no es que no quieran trabajar, es que ya lo están haciendo, pero sin contrato. "Limpian casas o recogen brócoli, pero ustedes lo miran desde el privilegio y así no pueden ver la realidad del resto", recriminó la concejala socialista. Además, Nevado fue más allá al hablar de la situación en barrios como San Pío, acusando al PP de "dejar caer" el barrio quitando servicios de limpieza y policía local a propósito para que aumenten los problemas y el malestar vecinal.

Por su parte, Vox se sumó a las críticas a este proceso de regularización con un discurso centrado en el "efecto llamada". La concejala Alba Franco alertó de que la medida podría traer a Murcia a miles de personas, lo que terminará por colapsar unos servicios sociales que ya están saturados. También vinculó la llegada de inmigrantes con disturbios y falta de civismo en las calles, criticando que se dé igualdad de derechos a quienes han entrado de forma ilegal frente a quienes cumplen la ley.

Pero más allá de las discusiones políticas, la realidad se nota en las ventanillas del Ayuntamiento. Aunque Murcia tiene un sistema moderno que permite sacar un volante de empadronamiento en segundos, la avalancha de trámites es evidente. En apenas diez días de abril, las solicitudes en las pedanías se han triplicado, pasando de 630 a más de 2.100. En oficinas como las de la Glorieta o Plaza de Europa, el trabajo se ha multiplicado por cinco, lo que está retrasando las gestiones normales de cualquier vecino de Murcia.

Al final, la moción salió adelante con los votos de PP y Vox, mientras el PSOE votó en contra. Con este resultado, el Pleno de Murcia pide oficialmente que se retire el actual decreto porque consideran que "premia la irregularidad". Exigen que cualquier proceso sea individual, que se vigilen de verdad los antecedentes penales y, sobre todo, que el Estado mande el dinero necesario a los ayuntamientos para poder atender esta situación sin arruinar los servicios públicos locales.