MURCIA (EP). La Policía Nacional ha detenido en Murcia a 11 personas e investigado a otras 2, por su presunta participación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud (SMS), imputándoles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia se inició el pasado mes de enero del año 2025, tras haberse detectado una actividad administrativa fraudulenta en los sistemas contables del SMS.

Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

El presunto entramado criminal comenzaba su operativa introduciendo datos falsos en el sistema contable, con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. Se detectaron al menos 30 productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.

Los implicados tendrían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contarían con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del SMS, así como en puestos del sistema de facturación, que junto con la ausencia de licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.

Investigadores de la U.D.E.F. de la Policía Nacional detectaron asimismo que la mayor parte del fraude se estaría desarrollando en las operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados, donde se habrían pagado sobrecostes entre un 100% y un 1.287%, facturándose por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado, llegando incluso a utilizar en las operaciones médicas, productos sanitarios caducados generando un riesgo para la salud pública.

La investigación, llevada a cabo con la colaboración del Servicio de Inspección de Centros Sanitarios de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, ha permitido valorar un perjuicio económico en las operaciones fraudulentas detectadas que ascendería a casi siete millones de euros, en concreto 6.886.738 euros.

Asimismo se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

Por su parte, la Consejería de Salud ha remarcado que seguirá colaborando con la investigación, que se ciñe a un supuesto fraude económico en la adquisición de material sanitario que no afecta a pacientes.

De hecho, los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca concluyen que no consta la implantación de prótesis caducadas, lo que reafirma que estamos ante unas supuestas prácticas irregulares que tenían como objetivo el supuesto fraude económico.

"Llegaremos hasta el final utilizando todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total defraudada", concluyen desde el Gobierno regional.