MURCIA. El comité de vigilancia de la contratación ya tiene una fecha marcada en el calendario: el 21 de mayo. Este ha sido uno de los grandes anuncios del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, donde el equipo de Gobierno ha acabado poniendo fecha a este órgano de control tras una moción del PSOE que exigía su convocatoria inmediata. El acuerdo ha salido adelante mediante una alternativa presentada por el PP, lo que permitirá que en menos de un mes se empiecen a fiscalizar los contratos municipales que están caducados o bajo sospecha de problemas. 

El concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha confirmado que en esa reunión de mayo se pondrán sobre la mesa contratos muy sensibles, como el de la grúa municipal, la sala del 092 de la Policía Local o el servicio de tributos. Aunque el Gobierno defiende que la oposición siempre ha podido consultar los expedientes, el portavoz socialista, Ginés Ruiz, ha sido tajante al afirmar que en la práctica esa transparencia no existe y que el comité es la única vía para una fiscalización real. Por su parte, Vox ha lamentado que se haya "perdido el tiempo" durante casi tres años de legislatura hasta llegar a esta convocatoria. 

La regularización de migrantes tensa el debate

Este desbloqueo de la gestión interna ha compartido el foco con la regularización de migrantes, un tema que ha provocado un enfrentamiento total entre los bloques. El PP, con el apoyo de Vox, ha aprobado una moción para denunciar la "sobrecarga brutal" que este proceso estatal está volcando sobre los servicios municipales de Murcia. La concejala Pilar Torres ha criticado que el Gobierno central "dé la espalda" a los ayuntamientos, dejándolos solos ante un aumento de trámites que en las pedanías murcianas ya se han triplicado.

La réplica más contundente ha llegado de la mano de Esther Nevado (PSOE), quien ha acusado al equipo de Gobierno de vivir en una realidad paralela. Nevado ha recordado que los migrantes ya forman parte de la economía de Murcia, trabajando en sectores como el del brócoli o el servicio doméstico, pero sin la protección de un contrato legal. "Usted lo mira desde el privilegio", ha reprochado Nevado a Torres, señalando además que el PP busca "que se líen problemas" en barrios como San Pío al no enviar suficientes servicios de limpieza o seguridad.

Al final de la jornada, el Pleno ha dejado un balance doble: por un lado, la exigencia de más recursos y control al Estado por la gestión migratoria y, por otro, el compromiso de que el próximo 21 de mayo se levanten las alfombras de la contratación municipal para revisar el estado de los servicios públicos de la ciudad.